Tijuana.- Tras reunirse con transportistas, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez anunció que les ofreció dejar sin efecto el decreto de creación del Instituto Estatal de Movilidad mientras se recisan y hacen adecuaciones a la iniciativa de Ley Reglamentaria para ejercer sus funciones.
Ayer jueves, al salir de la reunión de seguridad que encabeza diariamente, el mandatario se encontró con una manifestación del gremio transportista frente a la Secretaría de Comunicación y Transporte.
Por la tarde, se reunió durante casi dos horas con ellos en el Centro de Gobierno para escuchar sus inquietudes, entre las cuales plantearon que temen a el eventual retiro de sus unidades.
El gobernador propuso abrir mesas de trabajo con el gremio para replantear la normatividad y disipar dudas para modificar puntos clave que generó inquietud.
Bonilla Valdez estuvo acompañado de los secretarios general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano; de Hacienda, Adalberto González Higuera; y el director del recién creado Instituto Estatal de Movilidad, Rafael Echegollen.
Presentes, en la primera fila con los transportistas, la alcaldesa de Playas de Rosarito, Aracely Brown Figueredo; y, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles.
Los líderes del transporte público y varios de sus agremiados que hicieron uso de la voz ante el gobernador Bonilla Valdez, expusieron su desacuerdo en la Ley de Movilidad y Transporte en Baja California, que se presentaría al Congreso Local.
Esra ley definirá las atribuciones del Instituto Estatal de Movilidad, el cual fue creado por medio de un decreto, que regirá el servicio del transporte público.
El secretario General de Transporte Masivo del municipio de Ensenada, Ismael Díaz, dijo que entre las inconformidades del gremio que representa, es el posible embargo o requisa de taxis por parte del gobierno, así como la desleal competencia de los taxis por apelación Uber.
Ante ello, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, negó categóricamente que el gobierno que encabeza, realice un decomiso de vehículos de transporte público y expresó que “es falsa la noticia, no les vamos a quitar sus placas, ni sus unidades, tampoco afectaremos su patrimonio familiar”.
El mandatario estatal, recordó que su gobierno busca regularizar y poner orden al parque vehicular del transporte público, el cual durante años ha sido objeto de abusos de autoridad y corrupción, tráfico de influencias, y venta ilegal de permisos y concesiones.
Explicó que en el caso particular de la plataforma Uber, se buscará una forma para cobrar impuestos estatales a la empresa e incluir las unidades que trabajen bajo esta aplicación en un padrón de vehículos que circulan en Baja California.
Los líderes transportistas de los municipios de Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali, Tijuana y Ensenada, reiteraron al gobernador Jaime Bonilla Valdez, que el decreto de Movilidad y Transporte en Baja California, no puede ser aplicable para todo el Estado, ya que cada municipio presenta una necesidad diferente.
