En unos días, José Luis Ovando Patrón, ex dirigente del PAN, será presentado ante un juez junto a cinco ex funcionarios de la administración de Francisco Kiko Vega en calidad de imputados. Se les acusa de actos delictivos que representaron más de 16 millones de pesos obtenidos ilegalmente desde el gobierno de Baja California.
Hace poco, José Luis Ovando tuvo ante sus ojos el citatorio, en el cual se le notifica que tendrá que presentarse a una audiencia penal. En dicha cita se ventilarán las pruebas que la Fiscalía General del Estado ha reunido y que documenta varios delitos desde el seno del gobierno de Kiko Vega.
Por medio del escrito, el juez del Tribunal del Poder Judicial del Estado, Gerardo Anguiano Ceja le advierte a Ovando que de no acudir a la audiencia a la que se le cita podrá ser detenido y encarcelado bajo una orden de aprehensión.
#AveriguaciónPrevia, el espacio editorial de PUNTO NORTE, consiguió una copia del citatorio judicial que se desprende del caso penal único 02-2019-39288 y que emplaza a quien se desempeñó durante todo el sexenio de Francisco “Kiko” Vega como el dirigente del partido, convertido formalmente en un imputado para el sistema de justicia.
El citatorio penal es para llevar a cabo el “desahogo de la audiencia de formulación de imputación”, eso quiere decir, que la Fiscalía ya reunió las pruebas no solo el daño del delito sino la probable responsabilidad del panista y 5 ex funcionarios más.
Ese día, el ministerio público mostrará las evidencias en contra de los panistas y los ex funcionarios de Kiko Vega, el juez determinará si en realidad existen elementos para iniciar el juicio que busca –hacer valer la justicia– y encarcelar a los primeros colaboradores del ex gobernador.
“En caso de incomparecencia injustificada eso constituirá indicio de evasión a la acción y la Fiscalía podrá solicitar libramiento de orden de aprehensión en su contra”, les advierte el juez.
Además de José Luis Ovando Patrón y Omar Salgado Murillo, los imputados son Jesús Rubén Robles Félix, encargado de despacho de recursos materiales y servicios de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, Eduardo Horta Osorio, jefe del área de psicología y encargado de la prueba de polígrafo de la extinta Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Roberto Gil Espinoza, coordinador administrativo de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, así como Carlos Armando Ríos Treviño ex director de Servicios Administrativos de la desaparecida PGJE.
Humanista corrupción
Existen datos escasos pero comprometedores que hacen percibir el aroma de corrupción en el panismo bajacaliforniano del que tanto se ha hablado.
Por ejemplo, que durante años –según pudo documentar la Fiscalía y la Secretaría General de Gobierno– la administración panista estuvo transfiriendo millones de pesos a una asociación civil que dirigía el ex dirigente del PAN.
Este dinero surgió del descuento del 2% de los salarios de cientos de empleados del gobierno del Estado, porcentaje que era captado desde las arcas estatales por medio del concepto de “donación voluntaria” y que eran transferidos directamente a la asociación civil.
Ovando junto con la actual diputada, Lizbeth Mata, también del PAN, fundaron la supuesta asociación civil –casualmente– a unos meses de haber iniciado el gobierno de Kiko Vega, y de que el panista asumió la presidencia del partido.
La dizque asociación –la cual no tiene ni tuvo página oficial en Internet, ni en redes sociales ni domicilio visible– comenzaría a recibir un flujo millonario de recursos públicos retenidos a los salarios de gobierno sin el consentimiento de los empleados.
La Fiscalía tiene en su poder testimonios obtenidos de manera judicial de empleados que les era retenido un porcentaje de sus salarios sin haberlo autorizado.
Una búsqueda realizada por este columnista en el Registro Público de la Propiedad arrojó que la asociación de los panistas de nombre “Centro de Estudios y Análisis Humanistas A.C” se fundó el 28 de abril del 2014 con tres “socios” Ovando, la diputada Mata y Omar Murillo Salgado, ex dirigente del PAN en Ensenada y ex funcionario del gobierno panista de Baja California.
Bruno Ian Duarte Andress fue nombrado en 2015 el representante legal de la asociación, antes lo fue el propio Ovando y luego Murillo Salgado. Los cuatro mantuvieron las facultades administrativas y legales, de acuerdo a las actas de asamblea que celebraron (29 de mayo y 31 de agosto del 2015) y de las cuales PUNTO NORTE tiene copia.
En orden cronológico para que sea más obvio: Kiko Vega tomó protesta en noviembre de 2013. Ovando en octubre de 2013, al igual que Liz Mata como Secretaria General del PAN. En abril del 2014 se fundó la asociación civil y a mediados ya recibía cuotas importantes de empleados de gobierno de todas las dependencias estatales y de algunos municipios.
El caso de Lizbeth Mata es aún más cínico y sucio. Fue nombrada sub secretaría en la General de Gobierno a finales de 2014 siendo la segunda socia de la AC fantasma. Es decir, parte del Gabinete del Estado y beneficiaria de la organización que se hizo millonaria por medio de retenciones de salarios de gobierno. Aun así, Mata no aparece como imputada en la próxima audiencia.
PUNTO NORTE solicitó un informe del “Centro de Estudios y Análisis Humanistas A.C” ante el SAT, pero, no fue posible obtenerlo ya que –de acuerdo a la Secretaría de Hacienda “no cuenta con autorización para recibir donativos deducibles”.
La asociación de Ovando y sus compañeros de partido tampoco aparece en el Reporte de Donatarias Autorizadas 2018 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual debe contener los ingresos por los donativos en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero; por arrendamiento de bienes, dividendos, regalías, intereses y otros ingresos, así como las erogaciones, por sueldos y salarios, entre otros datos que hasta la fecha son secretos, pero parte de la acusación penal.
El Pingüino
Meses atrás, el ex dirigente del Partido Acción Nacional, se burlaba de una denuncia que fue presentada en su contra por el entonces equipo de transición del nuevo gobierno estatal de MORENA.
El 30 de agosto, un día después de que Amador Rodríguez Lozano, actual secretario de gobierno diera a conocer la denuncia, Ovando convocó a periodistas, a quienes no pudo explicar los ingresos ni datos que transparentaran su asociación. “Es un tema entre particulares”, argumentó varias veces ante los reporteros para evadir un remolino de dudas. Sin embargo, alegó que toda esa información “está a la disposición de la autoridad para cuando lo requiera”. Su silencio dijo mucho.
“Es una denuncia frívola y ligera que solamente servirá para hacerle perder el tiempo a la autoridad” dijo el ex líder del blanquiazul, “sin sustento, sin soporte”, agregaría: “lamentable la estatura política de estos personajes, Amador Rodríguez si va hacer el próximo secretario general de gobierno pues que lamentable”.
“Es un tema entre particulares… la finalidad es realizar estudios políticos y dar capacitaciones a todo mundo… no es un tema del PAN… es una AC como muchas otras”, justificó. Diga lo que diga el panista, en todo el Internet no existe una sola publicación de su “Centro de estudios” no hay una convocatoria, alguna foto, algún posicionamiento, algún análisis; algún miembro, un curso, un meme, nada. Existe solo en papel y en números, muy jugosos por cierto.
Además, ufano de los últimos días de su partido en el poder, se burló del físico de Amador Rodríguez Lozano –autor de la denuncia– y quien a los meses se convirtió en el Secretario General del Estado: “si esto fuera ciudad gótica, Amador se quiere presentar como el comandante Gordon (comisario de la policía en el universo de los comics) y no deja de ser más que El Pingüino”, el abotagado y repugnante enemigo de Batman.
El 17 de abril, Ovando se presentará ante el juez, quien valorará las pruebas que la Fiscalía a cargo de Guillermo Ruiz Hernández ha coleccionado. En el citatorio se le explica que tendrá que presentarse “por su probable intervención en la comisión del hecho que la Ley señala como delito de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos” y que tiene derecho a un abogado y de no tenerlo se le asignará un público.
El juez Gerardo Anguiano determinará si cada uno de los acusados continua bajo proceso y qué medida cautelar le aplicará a cada uno, entre ellas, la posibilidad de encarcelar a los imputados si el ministerio público la solicita y argumenta alegando la posibilidad de fuga de los probables responsables.
Lo que le causaba risa al político, a esta altura ya debería provocarle preocupación y desvelo.
A continuación los documentos del citatorio judicial girados a Ovando Patrón:
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).