Tijuana.- En medio de la contingencia sanitaria, el gobierno estatal realizó ajustes en el gabinete, lo que significó la salida de Adalberto de González Higuera de la Secretaría de Hacienda y de Laura Torres de la Secretaría de Integración y Bienestar Social.
Atendiendo las medidas preventivas, el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, tomó protesta por separado a los nuevos titulares, Víctor González Verduzco y Alma Arellano Rosas, respectivamente, quienes ya formaban parte de la administración estatal.
El nuevo secretario de Hacienda estaba al frente de la coordinación de Proyectos Estratégicos en la Coordinación General de Gabinete, mientras que la nueva titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social se había desempeñado como Secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género.
“Ambos asumen el compromiso de atender los objetivos de profundizar en la misión del Gobierno en Marcha”, señaló el gobierno estatal.
Es la tercera vez en lo que va de la administración estatal que la Secretaría de Integración y Bienestar Social cambia de titular.
En noviembre pasado, el gobernador Jaime Bonilla Valdez designó como responsable de esa dependencia a Cynthia Gissel García Soberanes, pero antes de finalizado el mes fue removida por una denuncia que la vinculaba con la presunta exigencia de “moches” para el programa de desayunos escolares.
Su lugar fue ocupado por Laura Torres Ramírez el dos de diciembre, quien hasta ese momento se desempeñaba como encargada del Instituto de la Mujer de Baja California.
Mientras que González Verduzco ocupó el CAF de director administrativo de la entonces Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, de 2012 a 2015.
Durante el periodo que se desempeñó en el cargo, estuvo al frente del organismo Arnulfo de León Laventant, quien fue denunciado penalmente por desviar millones de pesos de recursos públicos.
Como director administrativo de la entonces Procuraduría, González Verduzco recibió una liquidación de 332 mil 258 pesos, en 2015.
La documentación de desvíos y otras irregularidades al frente de Derechos Humanos hizo que de León Laventant fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos durante cinco años, ya que dejó al organismo quebrantado en sus finanzas.
