Averiguación Previa es el espacio editorial de Punto Norte, una columna escrita por su director, Isaí Lara Bermúdez.
El destino penal del ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid y sus principales colaboradores cobra un nuevo episodio: y ya no se trata de las declaraciones del gobernador Jaime Bonilla ni de su secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Esta vez, es el Auditor Superior del Estado quien firmó la denuncia penal en contra de Vega y sus dos ex secretarios de finanzas y amigos, Antonio Valladolid Rodríguez y Bladimiro Hernández Díaz; no son pues, ni investigaciones periodísticas, ni testimonios políticos ni sueños húmedos de los viejos insurrectos.
Ahora, son pruebas derivadas de auditorías técnicas, el resultado metodológico de meses de investigación financiera, reportes bancarios, verificación de empresas y transferencias, cotejo de firmas, corroboración de sospechas. La ruta del dinero.
El monto de los desvíos en la última administración del Partido Acción Nacional, al día de hoy, suman mil 586 millones de pesos, una cantidad no revelada con anterioridad.
Con esa cifra, la Auditoría arranca la partida de naipes para que se persiga al ex gobernador y a sus ex funcionarios no solo por los delitos de peculado y abuso de autoridad sino–tal como quedará estampado en la denuncia penal– por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en el ámbito federal. Ambicioso el propósito.
¡Ah, con razón!… Hace unos días, el gobernador Jaime Bonilla dijo durante una de sus transmisiones en vivo que la pandemia más grande que había sufrido Baja California era haber vivido los gobiernos de Acción Nacional y luego arremetió contra el anterior mandatario Francisco Vega de Lamadrid: “creía que podía esconder la mano con la que robaba, la que no puede esconder es la mano con la que gasta”.
Mañana (5 de mayo) el auditor superior del Estado, José Sergio Soto García y la diputada Eva Rodríguez, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, se apersonarán en las oficinas de la Fiscalía General del Estado que titula el licenciado Guillermo Ruiz Hernández en Mexicali a interponer la denuncia penal.
Los integrantes del Poder Legislativo llevan cientos de documentos que corroboran las operaciones financieras simuladas que realizó el anterior gobierno con empresas fantasmas. Pagos multimillonarios que fueron trasferidos a proveedores que no existen en la realidad o que fueron creados excesivamente para el desvío. La pieza clave de la investigación comienza en las operaciones de Antonio Valladolid, el ex secretario de finanzas.
Además de Kiko, Valladolid y Bladimiro, también se señala como presuntos responsables a nueve funcionarios más, entre subsecretarios y directores de área.
Los mil 586 millones de pesos de desvíos corresponden a los ejercicios fiscales del 2014 al 2019, durante esos años se detectaron pagos a más de 100 proveedores con casi 300 operaciones irregulares.
Se documentaron contratos por prestaciones de servicio de los cuales no existe evidencia alguna y decenas de millones de pesos presupuestados para otros fines que fueron transferidos a la Tesorería del Estado para intentar reponer los pagos irregulares a los proveedores fantasma.
Los desembolsos de Kiko caminan hacia el absurdo. Por ejemplo, facturas de 18 millones de pesos por una “asesoría” jurídica y financiera de crédito para el Gobierno del Estado.
Hay de todos los sabores. Un par de análisis para la regularización de los vehículos que suman 13 millones de pesos, uno más de 8 millones para una “evaluación” de los programas sociales y 9 millones más para un análisis de las finanzas de Issstecali.
Seguramente entre ellos están las facturas a nombre de Gustavo de Hoyos Walther, líder nacional de Coparmex y quien recibió pagos millonarios (también por “revisión y análisis”) de su despacho al gobierno de Kiko Vega.
Puntos finales…
La cantidad detectada en desvíos de Kiko Vega alcanzaría a pagar todos y cada uno de los sueldos de personal permanente y eventual de la Secretaría de Salud del Estado que actualmente atiende a los pacientes de COVID-19, incluyendo el pago por servicio social a estudiantes y profesionistas, primas de antigüedad y vacacional, aguinaldos y otras compensaciones personales. Y aún sobrarían 600 millones.
Los pagos irregulares que documentó la Auditoría es solo un tercio de lo destinado para obra pública por parte del gobierno estatal para todo el año 2020, el cual tiene un presupuesto de 512 millones 794 mil 26 pesos para la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Redistribución Territorial.
Con los millones usados en los presuntos desvíos se podría dar desayuno caliente a los 340 mil 166 estudiantes de primaria en Baja California durante los 5 próximos años.
O bien, los 1,586 millones que se denuncian son 16 veces superior al presupuesto de 96 millones y medio de pesos para brindar atención médica a 19 mil mujeres y sus niños recién nacidos en el Hospital Materno Infantil de Tijuana.
De ese tamaño el hurto.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
