Tijuana.- Por el desvío de mil 586 millones de pesos en proveedores inexistentes, ejercidos entre 2014 y 2019, se materializó la denuncia en contra de ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Junto a él, aparecen como acusados 11 de sus ex funcionarios, lo cual además podría derivar en delitos del fuero federal, como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Auditoría Superior del Estado, en la revisión especial de 273 operaciones inusuales, encontró que fueron simulados pagos a más de un centenar de proveedores.
El daño patrimonial equivale al 40% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud del Estado, pero se estima que una vez que finalicen otras auditorías que están en curso, el quebranto económico ascendería a por lo menos 2 mil millones de pesos.
Tal como lo adelantó PUNTO NORTE en su columna AVERIGUACIÓN PREVIA, fue interpuesta una denuncia de tipo penal en la Fiscalía Estatal, en contra de Vega de Lamadrid, así como de sus ex colaboradores más cercanos, Bladimiro Hernández Díaz y Antonio Valladolid Rodríguez, ambos ex titulares de la Secretaría de Planeación y Finanzas, hoy Secretaría de Hacienda.
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El auditor, José Sergio Soto García, acudió junto con la diputada Eva Rodríguez, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, a interponer la denuncia, que también involucra a nueve ex funcionarios más, entre subsecretarios y directores de área.
Los delitos del fuero común que se perseguirán son enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y los que apliquen por haber sido servidores públicos.
Algunas de las operaciones documentadas son la supuesta prestación de servicios sin convocatoria, sin licitaciones, ni contratos. Tampoco se encontró evidencia del servicio prestado.
También se registraron transferencias de recursos a diversas entidades estatales, por casi mil millones de pesos, que posteriormente se reintegraron al Ejecutivo.
En otra auditoría que están por concluir, el quebranto es de casi 33 millones de pesos.
En la denuncia quedaron asentados supuestos diagnósticos, análisis, estudios y consultorías, por un total de 438 millones de pesos.
El golpe más fuerte fue a través de una supuesta gestión de fondos federales para el fortalecimiento financiero del estado, equivalente a 707.6 millones de pesos.
