Tijuana.- Luego de que se anunciara que Gustavo Huerta Martínez fue nombrado vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, la síndico procuradora María del Carmen Espinoza aseguró que este se encontraba inhabilitado, a pesar de que la resolución de inhabilitación no se ejecutó y su dependencia se encuentra a destiempo para hacerlo.
“Se le avisó al alcalde que este señor está inhabilitado por cinco años ante la Sindicatura, le quedan dos años que cumplir por acusaciones de tortura y vean lo que ahora pasa, el señor sabe que por ley no puede ocupar ningún puesto”, compartió la funcionaria en su cuenta de Facebook.
Sin embargo, la resolución a la que la síndico se refiere, la cual data de 2017, nunca se ejecutó y por lo tanto, no surtió efectos legales.
Ya que la inhabilitación no se registró a tiempo ante las instancias correspondientes, la actual administración carece de facultades para ejecutarla y registrarla porque no se realizó de manera inmediata en la anterior administración.
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En un oficio de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California, girado el 25 de marzo de 2020, se señala que Huerta Martínez “no se encuentra inscrito como inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
En marzo de 2017, la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, entonces encabezada por Ana Marcela Guzmán -en el gobierno de Juan Manuel Gastélum-, dio a conocer la inhabilitación durante cinco años para Julián Leyzaola y Gustavo Huerta.
Esto por un caso en el que se les señalaba de tortura y abuso de autoridad cuando Leyzaola y Huerta fueron secretario de Seguridad y director de la Policía, respectivamente.
Se trataba del mismo expediente por el que en 2013 ambos fueron inhabilitados, pero ganaron sus casos en tribunales.
En el caso de Leyzaola, la inhabilitación de 2017 no le impidió competir como candidato a la alcaldía en 2019, ya que peleó la suspensión de dicha determinación en tribunales.
Respecto a la situación jurídica de Huerta Martínez, el oficio expedido por la Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California explica que no se encuentra en el sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados que opera la Secretaría de la Función Pública.
Por lo que el organismo expidió la constancia que le permite ocupar un cargo público, explica el documento firmado por el coordinador de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Pablo Mario Uriarte Pérez.
Esto porque aunque existe la resolución de inhabilitación de Huerta Martínez expedida por la Sindicatura, esta no se inscribió en los Registros de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública en el Estado.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
