Tijuana.- Con el solo argumento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras invalidar el decreto 351, el PAN presentó la denuncia de hechos en contra de los ex diputados que votaron a favor del periodo de cinco años de la actual gubernatura, así como en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdez y del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
En el caso de estos últimos, el grupo de panistas no presentó ninguna otra evidencia ante la Fiscalía General del Estado, pues ninguno de los dos formaban parte de la anterior Legislatura que avaló dicha reforma. El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Méndez Juárez, dijo que con la narrativa de los ministros y sus consideraciones, fueron señalados una serie de hechos que pueden constituirse como delitos.
“Nos dimos a la tarea el día de ayer (viernes) de presentar una denuncia de hechos en la Fiscalía Estatal de Baja California, en la Fiscalía General del Estado, en contra de quien resulte responsable, obviamente señalamos a los ex diputados, a tres alcaldes, así como al gobernador y al secretario de gobierno”.
A estos se les acusa de presentar la iniciativa, de promoverla y de votarla a favor. La denuncia, con Número Único de Caso (NUC) 0202-2020-15598, fue interpuesta en el municipio de Mexicali, por la probable comisión de los delitos de coalición de servidores públicos, cohecho y la posible comisión de delitos electorales.
Méndez Juárez dijo que esperan que la Fiscalía inicie con los trabajos correspondientes con base a la versión estenográfica de la sesión de la Suprema Corte para que se determine la verdad, “si se cometieron delitos, como lo manifestaron los ministros”.
Dijo que en sus argumentos, los integrantes de la SCJN dejaron en claro que en Baja California se cometió un delito electoral, al pretender ampliar la gubernatura de dos a cinco años, cuando ya había terminado el proceso electoral y se tenía un resultado.
“Estos hechos para nosotros constituyen la posible comisión de delitos, por eso es que estamos dando vista a la Procuraduría”, expresó. Y añadió “no son argumentos del PAN, ni de abogados, son argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Recordó que el Comité Ejecutivo Nacional también presentó una denuncia y dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La senadora Gina Cruz Blackledge, adelantó que presentarán un punto de acuerdo para llevar a juicio político a los ex diputados que votaron a favor de la Ley Bonilla; tres de ellos siguen en el Congreso del Estado producto de la reelección.
Además, pedirá que se investigue al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien dio positivo a COVID-19 hace unos días, a quien señalan de haber orquestado desde la Aduana la aprobación de la reforma. La diputada Eva María Vázquez dijo que existen evidencias de que presentaron la iniciativa, la promovieron y la votaron a favor, aunque no se habló de los supuestos pagos para cada ex diputado por su voto, como se especuló en su momento.
Agregó que el papel de Amador Rodríguez Lozano es a todas luces preocupante, ya que en lugar de enfocarse en el manejo de la política interior estaba más preocupado por mantener la reforma y ahora se está inmiscuyendo en tareas que corresponden a otra autoridad.
“Bastante deficiente ha sido hasta el día de hoy y deja mucho que desear”.
Acerca de la actuación de la Fiscalía, dijo que esta investigación es sumamente delicada y en caso de que hubiera conflicto de intereses, el expediente tendría que ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). Por su parte, el secretario adjunto del PAN a nivel estatal, Rubén Armenta, señaló que los argumentos vertidos por los ministros tienen un valor probatorio pleno, “es ahí donde se precisa la presentación de la denuncia”.
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