Tijuana.- Desde el inicio de la contingencia por COVID-19, en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Baja California se han dado 20 muertes de internos por algún tipo de padecimiento respiratorio en las últimas semanas, pero solo dos han sido confirmados como casos de coronavirus. Una era una persona privada de la libertad en la penitenciaría de Tijuana y otra en El Hongo 1.
En entrevista con PUNTO NORTE, Salvador Morales Riubí, comisionado estatal del Sistema Penitenciario en Baja California, detalló que el virus llegó a las penitenciarías cuando la entidad estaba en fase de dispersión comunitaria, por lo que no se pudo determinar el inicio de la cadena de contagios. Es probable que alguno de los custodios haya diseminado el virus, pero recordó que hay un promedio de 10 a 12 internos que ingresan diariamente a las diferentes penitenciarias y si bien, ninguno de ellos ha presentado síntomas de la enfermedad, pudo haberse dado algún caso asintomático.
Respecto a las medidas que se han implementado para evitar que las prisiones se vuelvan un foco de infección, en donde hay una población superior a las 12 mil personas, el funcionario estatal recordó que desde mediados de marzo las visitas de los familiares fueron suspendidas, justamente para evitar contagios. También detalló que muchos de los internos pertenecen a grupos de riesgo, como lo son los mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, con VIH o inmunodeprimidos, por lo que se extreman precauciones en los filtros sanitarios.
“Hemos seguido los protocolos con toda la intención de aminorar los impactos. Sin embargo, no se ha podido, hemos tenido contagios, hemos tenido personas privadas de su libertad que han perdido la vida y a la fecha tenemos trabajadores del sistema penitenciario cursando los 21 días de incapacidad que se les da cuando se tienen los síntomas, algunos diagnosticados como positivos, otros no”, precisó.
La aclaración de las cifras se dio luego de que, en esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportara 30 fallecimientos asociados con COVID-19 entre la población penitenciaria de Baja California. De las 20 defunciones que reunían la definición operacional de COVID-19, Morales Riubí indicó que solo dos casos fueron plenamente confirmados.
“El resto son de enfermedades asociadas o con sospecha de COVID, sin diagnóstico definitivo”, agregó.
El comisionado aclaró que la Secretaría de Salud del Estado es la única instancia que está autorizada para certificar si un deceso fue o no a causa del COVID-19 y no el Sistema Penitenciario. Agregó que en este momento hay alrededor de 40 internos que tienen síntomas asociados al virus, “pero nadie con alguna condición grave, por fortuna”.
Además, hay cuatro personas hospitalizadas, tres con sintomatología asociada a COVID-19 (sin prueba confirmatoria) y otra que requiere una cirugía relacionada con una herida de bala. Respecto a la toma de pruebas, se han hecho 37, de las cuales 21 dieron positivo, seis en Mexicali, uno en Tijuana, 10 en El Hongo 1 y cuatro en El Hongo 2.
“En el transcurrir de estos días sí hemos tenido la necesidad de internamientos. De las personas que han perdido la vida ha sido en los hospitales, algunos en los cuidados de nuestro servicio médico”, detalló.
A la fecha, el Cereso de mayor seguridad, El Hongo 2, es el que más casos sospechosos ha registrado, pero los primeros se dieron en la penitenciaría de Mexicali y luego en la de Tijuana, las dos ciudades más aquejadas por el virus.
“Contuvimos los efectos del brote, hoy estamos afortunadamente reportando que vamos saliendo de los procesos, que estamos recuperando la tranquilidad y la salud de las personas privadas de su libertad en El Hongo 2”, expresó.
En la penitenciaría de Ensenada es donde no se han presentado casos, ni siquiera sospechosos. Para evitar más contagios, Morales Riubí indicó que han designado un área para separar a los reos con sintomatología y han aislado a los casos confirmados.
A quienes son de nuevo ingreso, los envían a celdas -las cuales son desinfectadas de manera constante- por un periodo de 10 a 14 días y cuando observan que no presentan síntomas son ingresados al área de población general.
Morales Riubí indicó que ya solicitaron que las visitas puedan reanudarse con todas las medidas de prevención en Ensenada y en Mexicali, donde se ha contenido la situación. Sin embargo, el secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico indicó hoy, tras la pregunta de una usuaria en Facebook durante la transmisión diaria de casos COVID-19, que el sistema penitenciario también se rige por la semaforización estatal.
Días antes, el titular de la Secretaría de Salud explicó que cuando el semáforo esté en amarillo o verde, se renovarán las visitas a familiares.
“Los asilos, sistemas de penitenciaría, centros de atención al migrante, fueron de los primeros capacitados antes de tener casos. Sabíamos que era un grupo de riesgo y le dimos seguimiento para estar continuamente capacitados”, dijo hoy Pérez Rico.
Añadió que la Secretaría de Salud ha trabajado “muy de la mano” con Morales Riubí y por ello se envió a un equipo de epidemiología especial a las penitenciarias. Pidió a los custodios y demás empleados de los Cerersos, “las indicaciones son muy precisas, si usted tiene síntomas no se presente a trabajar, quédese en su casa y avise de los síntomas para tomarle una muestra”, explicó.
Comentó “cómo va a entrar es con alguien de fuera, no va a brotar espontáneamente. Se ha estudiado a un contingente fuerte de guardias y administrativos, hay mucha coordinación entre el área medica del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Salud”.
Por último, el comisionado estatal del Sistema Penitenciario señaló que desde que inició la pandemia han abierto las puertas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que observe y constate las medidas que han adoptado para proteger a las personas privadas de su libertad y al personal contra el COVID-19, conforme a las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado.
Como es natural, dijo, hay carpetas de investigación abiertas, en las que están dispuestos a colaborar para que se esclarezca en caso de que se considere que hubo negligencia en la atención a personas privadas de su libertad durante la pandemia.
