Después de diez años de negar las acusaciones de tortura que pesaban sobre él y Julián Leyzaola Pérez, por primera vez el ex director de la Policía Municipal de Tijuana, Gustavo Huerta Martínez admitió haber sido testigo de cómo su entonces superior torturaba a policías, a quienes cacheteaba, daba puñetazos y golpeaba para hacerlos confesar.
Frente a una juez, Huerta Martínez detalló “cuando (Leyzaola) no lograba obtener la respuesta que deseaba, su enojo crecía, generando mayores agresiones como asfixia por medio de una bolsa, ahogamiento poniéndoles un trapo en la cara y virtiéndoles agua en la cara, generándoles ahogamiento”.
El lunes 8 de junio, a Gustavo Huerta Martínez se le dictó auto de formal de prisión, luego de que la mañana del viernes 5 de junio, se entregara a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Días antes, la institución había obtenido ya una orden de aprehensión en su contra y en contra de Leyzaola Pérez por el delito de tortura, girada por el Juzgado Tercero de lo Penal.
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El expediente por el que se requiere a ambos es el 897/10/20A, iniciado el 30 de abril de 2010 a partir de una denuncia interpuesta por Blanca Margarita Mesina Nevarez en representación de un grupo de policías municipales arraigados y trasladados a penales federales en noviembre de 2009. Entre ellos, estaba el padre de la denunciante, Miguel Ángel Mesina López.
Desde que Leyzaola Pérez asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en Tijuana, las acusaciones de abuso de autoridad y tortura en contra de él y su segundo a mando, Gustavo Huerta Martínez fueron una constante.
Cuando ambos se trasladaron a desempeñar los mismos puestos en otra frontera, la de Ciudad Juárez, Chihuahua, los señalamientos se repitieron.
Durante años, ambos sortearon denuncias penales en Baja California y Chihuahua, inhabilitaciones en Sindicatura y recomendaciones emitidas por instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
Diez años después de aquellas primeras denuncias, surgen nuevos detalles de estas acusaciones con Huerta admitiendo que observó cómo torturaba a policías.
Aunque aseguró que no partició en tales actos, la juez tercero de lo Penal, Cecilia Maciel López determinó que se le considera como presunto responsable de tortura, por lo que la juzgadora determinó que permanezca en prisión.
“Nunca participé directa o indirectamente”
Vestido con una chamarra oscura, camiseta deportiva roja de manga larga, pantalones de mezclilla, una gorra negra y un cubrebocas azul, Gustavo Huerta Martínez, de 51 años, arribó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, la mañana del 5 de junio.
Desde 1 de junio, la Fiscalía Especializada Contra la Tortura, había obtenido una orden de aprehensión en contra de Julián Leyzaola Pérez y Gustavo Huerta Martínez por el delito de tortura.
Era uno de las varias denuncias penales por este y otros delitos como abuso de autoridad que ambos han enfrentado en los últimos años.
A diferencia de Leyzaola Pérez, quien aún no se presenta en la Fiscalía ni ha sido detenido, Huerta Martínez acudió antes de que se le cumplimentara la orden de aprehensión.
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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación -antes Policía Ministerial- y el titular de la Fiscalía contra la Tortura, Marco Antonio López Valdez lo trasladaron en un convoy de más de 10 camionetas hasta el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, a donde llegaron a las 11:10 horas de ese viernes 5 de junio.
Al ingresar, Huerta Martínez echó una chamarra oscura encima de sus muñecas para ocultar las esposas que le fueron colocadas. El lente de PUNTO NORTE fue el único que estuvo presente al momento de su ingreso.
Una hora y media después, una vez registrado en el sistema penitenciario, en donde le fueron tomados sus datos, se le fotografió y fueron puestas bajo resguardo sus pertenencias, Huerta Martínez fue llevado al Juzgado Tercero de lo Penal, a un lado del Cereso.
A las 12:43 horas de ese viernes, inició la declaración preparatoria de Huerta Martínez, asistido por dos abogados particulares defensores y en presencia de dos agentes del Ministerio Público. Ante la juez Cecilia Maciel López, dijo ser jubilado y recibir ingresos por 2 mil pesos semanales.
Respecto al caso por el que se le investiga, Huerta Martínez inició diciendo que, sin recordar la fecha exacta, solo que era en el año 2009, “yo me encontraba realizando normalmente, actividades propias a mi función, ya que yo era el Director General de Policía y Tránsito de Tijuana y Julián Leyzaola Pérez era el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, y superior jerárquico mío”.
También explicó a la juez que ambos son militares en retiro, “él ostentando el cargo de teniente coronel de Infantería y yo capitán primero de Infantería”.
Luego explicó que Leyzaola Pérez le indicó en su oficina que había un oficio, “mismo que tuve a la vista, girado por la PGR (Procuraduría General de la República), en donde indicaba la presentación de varios elementos policiacos ante el Agente del Ministerio Público Federal”.
En aquel año, recordó Huerta Martínez, el ministerio público federal se encontraba ubicado en instalaciones militares.
Añadió que Leyzaola “me indicó una serie de nombres para presentarlos no recordando el tiempo que me tomé, para presentarlos, pero en ocasiones, eran previamente entrevistados por Julián Leyzaola, tanto en las instalaciones del bunker ubicado en calle Octava y Constitución y en instalaciones del 28 Batallón de Infantería”.
Cuando llevó al grupo de policías hasta estas instalaciones, declaró que observó cómo Leyzaola “los ofendía con palabras y en ocasiones con golpes, como cachetadas, puñetazos, y patadas en diversas partes del cuerpo, retirándome a distancia, al no estar de acuerdo de tales acciones y aclarando que nunca participé directa ni indirectamente en las mencionadas agresiones”.
El militar en retiro añadió que, a distancia, también logró observar “que cuando (Leyzaola) no lograba obtener la respuesta que deseaba, su enojo crecía, generando mayores agresiones como asfixia por medio de una bolsa, ahogamiento poniéndoles un trapo en la cara y virtiéndoles agua en la cara, generándoles ahogamiento”.
También narró el uso de un aparato denominado chicharra “que se utiliza para dar descargas eléctricas a las personas en diversas partes del cuerpo”.
De acuerdo con el testimonio de Huerta, “le hice saber (a Leyzaola) no estar de acuerdo en la forma de conducirse y obtener resultados, lo cual con enojo me contesta que él era mi superior y en consecuencia que él tomaba las decisiones y mi trabajo era acatar dichas órdenes”.
Explicó que, como director de la Policía Municipal, parte de su labor consistía en “ubicar a los elementos y trasladarlos a las instalaciones de la Segunda Zona Militar o donde me indicara el secretario Julián Leyzaola, pero finalmente todos eran entregados a personal militar de la Segunda Zona Militar”.
También aseguró que la instrucción que recibía “era solo presentarlos físicamente sin ningún documento de traslado, presentación o puesta a disposición, retirándome por lo general del lugar a menos que el secretario Julián Leyzaola me indicara que permaneciera en el lugar”.
Incluso declaró que, de quedarse en el sitio, se mantenía alejado de donde se presentaban las agresiones.
“Las ocasiones que me quedé cuando los elementos estaban con él, presencié lo que ya he declarado, es decir las agresiones en el búnker ubicado en calle Octava y Constitución, conocida como comandancia de la Ocho, sin darme cuenta de lo que sucedía en las instalaciones militares porque no me permitían el acceso a las mismas”.
Sobre esto último, detalló que en las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, había dos zonas separadas. La primera de ingreso, hasta donde él llegaba, mientras que una segunda zona reservada para ciertas personas y a la que a él ya no se le permitía ingresar.
Al terminar su declaración, optó por no responder las preguntas del agente del ministerio público, con lo que concluyó la audiencia.
El lunes 7 de junio se celebró una segunda audiencia, en la cual la defensa presentó una serie de alegatos en los que sostenía que al ser Huerta un subordinado de Leyzaola, hubiese incurrido en una falta al no seguir sus órdenes.
Además, sostuvo que no puede ser considerado copartícipe porque materialmente no cometió actos de tortura.
No obstante, la juez determinó que continue preso mientras se sigue el proceso en su contra.
Inseparables hasta que llegaron las elecciones
Durante años, Julián Leyzaola y Gustavo Huerta presumieron haber aplicado una fórmula infalible tanto en Tijuana y Ciudad Juárez, la cual fue aplaudida principalmente por el sector empresarial, así como por algunos medios de comunicación.
La historia entre ambos inició durante el gobierno del ex alcalde panista de Tijuana, Jorge Ramos Hernández.
Al arranque de dicha administración, en diciembre de 2007, Alberto Capella Ibarra fue nombrado secretario de Seguridad Pública, mientras que Julián Leyzaola asumió el cargo de director de la Policía Municipal de Tijuana.
Un año después, Capella Ibarra fue removido y Leyzaola subió a ser el titular de la Secretaría. Fue entonces que nombró a Gustavo Huerta el frente de la corporación municipal. Ambos permanecieron en sus puestos el resto del trienio.
La narrativa que fue promovida por ambos y los gobiernos a los que sirvieron fue que al ser ex militares, contaban con la disciplina y experiencia suficiente para depurar a los elementos corruptos dentro de la Policía Municipal.
Cuando Carlos Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó la alcaldía de Tijuana en 2010, Huerta Martínez fue nombrado secretario de Seguridad como parte de un acuerdo con el gobierno estatal y federal por dar continuidad a la estrategia de militares en puestos de seguridad.
Sin embargo, en octubre de 2011 fue reemplazado por Alberto Capella. Para esa fecha, Julián Leyzaola tenía ya siete meses despachando como secretario de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, así que para 2012 lo mandó llamar a esa frontera para que nuevamente fuera su director de Policía.
Ambos continuaron en sus respectivos puestos hasta 2013, cuando terminó el gobierno de Héctor Murguía.
Huerta Martínez regresó a Tijuana, donde tenía su residencia, mientras que Leyzaola permaneció en Ciudad Juárez, donde vivía con su nueva pareja.
En 2015, Leyzaola reapareció en la esfera pública cuando el Partido Encuentro Social (PES) lo contrató como su asesor en temas de seguridad frente a las elecciones federales de ese año.
Sin embargo, en mayo de ese mismo año, Leyzaola sobrevivió a un atentado en Ciudad Juárez y tras permanecer meses bajo atención médica en la Ciudad de México, regresó a Baja California.
En 2016 se convirtió en el candidato del PES a la alcaldía de Tijuana. A partir de entonces, se dio el rompimiento con Huerta.
Según versiones confiadas a PUNTO NORTE, Leyzaola Pérez se reunió con Huerta para pedirle su apoyo durante la campaña, pero este le pidió a cambio una diputación local por la vía plurinominal, lo que Leyzaola rechazó.
Desde entonces, la relación se fracturó. El ex secretario de Seguridad Pública perdió por un pequeño margen ante el panista Juan Manuel Gastélum “El Patas”.
Para 2018, ambos volvieron al proselitismo electoral, pero en bandos contrarios.
Ese año, en mira a la elección presidencial en la que Andrés Manuel López Obrador resultó electo, Leyzaola, por medio del PES, buscó una candidatura federal, pero el acuerdo nacional con Morena se rompió y no obtuvo tal.
Sin embargo, Leyzaola sirvió como un elemento de apoyo a los candidatos que el PES abanderó en Baja California, al acudir a sus eventos de campaña y aparecer en sus promocionales.
Un rol similar desempeñó Gustavo Huerta Martínez, quien fue contratado como asesor en materia de seguridad por la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En específico, el ex director de la Policía Municipal sirvió como acompañante de Jorge Ramos Hernández, entonces candidato al Senado.
Incluso, organizó su arranque de campaña en la comandancia policial Margarito Saldaña, nombrada en memoria del policía municipal asesinado durante el gobierno de Ramos.
Fueron muchos los mitines y eventos de campaña en los que Huerta participó, pidiendo el voto para los candidatos del PAN y PRD, hablando en entrevistas a favor de ellos y también contrarrestando el discurso de Leyzaola, al asegurar que él también había contribuido a la llamada “recuperación de Tijuana”.
La incursión de Huerta en la política causó la molestia de quien fuera su superior, quien en aquel utilizó su cuenta de Facebook para dar a conocer un mensaje, del cual pagó su difusión por medio de la red social.
“Me avergüenza que un colaborador mío, en quien deposité mi confianza y no solo yo sino los miembros de dos corporaciones policiacas, hoy traicione la lealtad y los principios donde fuimos formados, seguramente por la promesa de una recompensa estéril, que (sic) triste que venda su lealtad por migajas; no cabe duda que el PAN, (sic) tiene un arma muy poderosa que somete conciencias y voluntades; pero me queda más claro que quien traiciona sus principios no tiene nada que aportar a la sociedad”, publicó.
Finalmente, Morena se impuso al PAN y en la elección a senador fue electo el hoy gobernador Jaime Bonilla Valdez. Acción Nacional, al quedar en segundo lugar, logró solo el ingreso de Gina Cruz a la Cámara Alta, quien era la primera en fórmula junto a Jorge Ramos.
Huerta no recibió nombramiento ni fue convocado por parte del PAN a la elección de 2019, para la cual el PRD cambió de jugadores y llevó a Leyzaola como candidato a la alcaldía de Tijuana, perdiendo nuevamente.
Fue hasta este año, el 7 de mayo de 2020 que Huerta volvió a la función pública. Ese día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó por medio de un boletín de prensa que el ex director se integraba a la dependencia como vocero.
Junto al comunicado, el gobierno municipal adjuntó una fotografía en el que se ve al militar en retiro desde uno de los pisos del estacionamiento del Centro de Control y Mando (C2), en Zona Río.
Sobre el nombramiento, uno nuevo pues antes no existía la figura de vocero, la Secretaría resaltó la relación entre el ex colaborador de Leyzaola y Jorge Ayón Monsalve, pues ambos fueron compañeros de generación en el Colegio Militar.
Una semana después, Huerta escaló al puesto de subdirector de la Policía Municipal. El anuncio se realizó el jueves 14 de mayo por la tarde-noche y al día siguiente, la mañana del 15 de mayo, Huerta fue presentado a los mandos como el nuevo subdirector.
Incluso, dio un pequeño mensaje en el que alentó a los elementos a trabajar por el bien de la ciudad.
Luego de que PUNTO NORTE diera a conocer la noticia, el Ayuntamiento de Tijuana informó que Huerta no pudo ser contratado porque el 6 de mayo, el Cabildo de Tijuana había suspendido las contrataciones de personal como una medida de austeridad frente a la contingencia sanitaria.
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En realidad, desde la Fiscalía se corroboró al gobierno municipal que estaba avanzada la investigación en contra de Huerta y que, dentro de poco, se giraría una orden de aprehensión en su contra.
Ni en su semana como vocero, en sus horas como subdirector ni en los días después de su remoción, Huerta Martínez se pronunció al respecto.
Una de tantas
El caso por el que se ordenó la captura de Leyzaola y Huerta se remonta a noviembre de 2009 cuando un grupo de 25 policías fueron arraigados en instalaciones militares. De inmediato, la hija de uno de ellos, Blanca Mesina Nevárez, quien era reconocida como defensora de derechos humanos en la región, denunció que los agentes habían sido torturados y que su detención había ocurrido de manera ilegal.
Convocó a conferencias de prensa, dio entrevistas a medios de comunicación y movilizó a redes ciudadanas de Derechos Humanos en todo el país para denunciar el acto.
Su padre, Miguel Ángel Mesina López y el resto de los oficiales fueron trasladados a prisiones federales, pero ella continuó su defensa.
El 20 de agosto de 2010, 13 de ellos, incluido su padre, fueron liberados por falta de pruebas.
Sin embargo, meses antes, la defensora había denunciado ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PFJE) a Leyzaola y Huerta por tortura.
También presentó quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos civiles especializados en la defensa de derechos humanos.
Incluso denunció que ella misma dejó su residencia de Tijuana durante ocho meses debido a que recibía amenazas y hostigamiento de manera constante para que desistiera de las denuncias.
El 4 de junio de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de Blanca Margarita Mesina Nevárez, pero el gobierno mexicano tardó casi cinco meses en responder con una propuesta para garantizar su protección y regreso a Tijuana.
Para cuando Mesina Névarez regresó a Tijuana, su padre ya gozaba de libertad.
En aquel entonces, organismos como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos celebraron su retorno.
También advirtieron que “Julián Leyzaola Pérez (Teniente Coronel) y Gustavo Huerta (Capitán) fueron señalados como probables responsables de actos de tortura, amenazas y hostigamiento cometidos en Tijuana, entidad en la que las defensoras radicaban”.
Durante años, los dos ex mandos policiales negaron las acusaciones en su contra. Cuando se emitieron las primeras inhabilitaciones desde Sindicatura Municipal, ambos acusaron a los gobiernos municipales del PRI de acosarlos como una forma de represalia hacia el PAN.
Cuando las denuncias se convirtieron en averiguaciones previas en la entonces PGJE, Leyzaola, en particular, aseguró que se trataba de intentos del gobierno de Acción Nacional por truncar sus aspiraciones políticas.
Si se trataba de alguna recomendación de Derechos Humanos o alguna postura de familiares de víctimas, ambos declararon públicamente que eran intereses promovidos desde grupos delincuenciales como una forma de venganza.
Finalmente, las confesiones de Huerta en contra de Leyzaola permiten a la hoy Fiscalía comprobar que existe por lo menos un testigo más, además de las víctimas, de los hechos que se les acusan.
Huerta permanecerá en prisión hasta que la juez determine lo contrario y Leyzaola continúa siendo buscado por las autoridades.
De ser detenido, ya que cuenta con una orden de aprehensión, una parte del proceso consistirá en un careo entre Leyzaola y Huerta para que ambos, acompañados de sus defensas, sostengan sus dichos y se encarguen de confirmar o confrontar sus afirmaciones.
Diez años después de que ambos portaron el uniforme de la Policía Municipal de Tijuana, corporación a la que dirigieron, la investigación en su contra los acercará nuevamente.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
