Tijuana.- Cárcel por hasta tres años a quienes no paguen agua o se hayan conectado a la red de manera clandestina, y de hasta cinco años cuando el delito sea cometido o solapado por empleados de los organismos de agua, aprobó el Congreso del Estado en sesión virtual, además del pago de multas y reparación del daño.
El dictamen 01 también contempla sanciones económicas para quienes alteren el consumo de agua o dañen equipos, así como ampliar a 10 años el cobro de los adeudos a usuarios no domésticos y cortar el servicio cuando adeuden un mes de agua.
Esto en lugar de tres como estaba estipulado en la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California.
La iniciativa fue enviada al Congreso del Estado por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, la cual previamente se discutió en las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Presupuesto.
Ahí se explica la serie de irregularidades que han encontrado en la operación de los cuatro organismos del agua de la entidad y la urgencia de actualizar el marco jurídico.
Aunque la propuesta inicial era castigar con nueve años de prisión a quien cometa delitos contra la prestación del servicio público de agua, fue aprobada una penalidad menor con 19 votos a favor, tres votos en contra y dos abstenciones.
En el dictamen se señala que han encontrado empresas que cuentan con ingresos suficientes, pero han sido omisos en el pago del servicio de agua, así como del servicio del drenaje, muchos de ellos de manera intencional.
A otras tantas les han hallado conexiones clandestinas, es decir, que se robaban el agua y el medidor reflejaba un consumo mínimo.
Todo esto ha causado un quebranto en las finanzas de los organismos del agua, por lo que una forma de recuperarse es mediante el cobro de los adeudos por los últimos 10 años y no cinco, como estaba contemplado en la ley.
Bonilla Valdez, en el documento enviado a los legisladores, señala que las comisiones del agua están en números rojos, porque los gobiernos anteriores fueron omisos en el cobro de los adeudos a comercios, industrias, empresas del ramo turístico y otros giros.
Con esta aprobación se modificaron la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, el Código Penal y la Ley de Ingresos del Estado vigente.
Lo anterior para que puedan cobrar los servicios no pagados y “actualizar los procedimientos de cobros de otros servicios proporcionados por el organismo y que se han quedado obsoletos y rezagados con los costos operativos de los mismos”.
Aunque en el dictamen no sugiere expresamente que habrá un aumento en las tarifas de agua, sostiene que las actuales generan déficits de operación por la falta de actualización de tarifas y costos.
Cabe mencionar que el dictamen contempla la eliminación y homologación de subdirecciones de los organismos de agua, ya que los organismos con el paso del tiempo engrosaron la nómina y hay duplicidad de funciones, además de la reducción del 30 por ciento del personal.
En ese sentido, se aprobó una reserva presentada por la diputada Montserrat Caballero, que consiste en otorgar 60 días naturales para que se realice una revisión administrativa y que de ahí emane el porcentaje de empleos a recortar.
El diputado David Ruvalcaba, del PRI, reprobó que al validar esta iniciativa se afecte a los comercios en tiempos de COVID-19, cuando la economía está muy mermada y pidió que no se aplique la ley de manera retroactiva, pues habrá quienes carezcan de ingresos para pagar lo correspondiente a 10 años.
