Tijuana.- Con cuatro votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen ley que contempla la desaparición del Consejo de la Judicatura como órgano de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de Baja California.
Además, durante la sesión realizada ayer de forma virtual, el diputado Juan Manuel Molina García -quien junto al gobernador Jaime Bonilla Valdez, presentó el dictamen- hizo modificaciones al documento original para conferir al Poder Ejecutivo el envío de una terna para elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) al Congreso del Estado y que sea este quien realice los nombramientos.
Solamente el diputado Juan Manuel Molina, de la bancada de Morena, y el presidente del TSJE, Salvador Ortiz Morales hicieron uso de la voz durante el periodo de debate de los diputados integrantes de la Comisión.
El dictamen propone como tal “eliminar jurídicamente el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y en su lugar, establecer una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina integrada por 5 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los cuales no recibirán ningún pago adicional al que ya devengan”.
Como argumentos jurídicos, el proyecto de ley asegura que la Constitución Política Mexicana, “en ninguna parte, exige a las entidades federativas que los poderes judiciales deban contar con un Consejo de la Judicatura, tampoco estableció ninguna prohibición de modificar o eliminar el Consejo de la Judicatura”.
De igual forma, sostiene que “la administración, vigilancia y disciplina son facultades que de origen ya tiene el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.
Por su parte, Salvador Ortiz Morales indicó que se requiere un profundo análisis de la reforma constitucional, la cual debe tener el acompañamiento del Poder Judicial del Estado, pues “cualquier reforma de este poder debe encaminarse al funcionamiento de dicho órgano de administración”.
Por ello, indicó que el Poder Judicial no se encuentra en un momento idóneo para cumplir ese papel, pues se encuentra ocupado de lleno en cómo implementar el funcionamiento de los juzgados bajo los protocolos de nueva normalidad debido a la pandemia de COVID-19 y es el Consejo de la Judicatura el garante de la protección de todos los actores involucrados en ello.
El diputado Juan Manuel Molina argumentó inicialmente dos razones para dicha reforma. La primera debido al “manejo político” del Consejo de la Judicatura y la segunda, los fuertes salarios de los magistrados que lo integran.
“Una de las razones por las que se plantea la iniciativa, hubo sus excepciones es que el Consejo de la Judicatura, instaurado en Baja California desde 1995, hubiéramos deseado que hubiera alcanzado todo su objetivo inicial propuesto en la reforma constitucional de ese momento… desgraciadamente nos hemos dado cuenta del manejo político del Consejo de la Judicatura y las malas decisiones en cuanto a quiénes lo integraron que originaron un elemento no solo de competencia con el pleno de magistrados, francamente, de intrusión en varios aspectos de la administración de justicia, para lo cual no fue creado el Consejo”.
Por otra parte, explicó que los recursos destinados al Poder Judicial se concentran en “las percepciones de los integrantes del Consejo de la Judicatura y un aparato burocrático que ha demostrado ser innecesario, lo que necesita el pueblo de Baja California son más juzgados, más jueces y mejores condiciones de trabajo para personal que hace la chamba de todos los días en los juzgados, en las salas del tribunal y desgraciadamente eso no ha sucedido por esa falta de recursos”.
Fue entonces que incorporó una adenda al dictamen, la cual leyó de manera rápida desde su computadora y la cual propone “hacer modificaciones para que en una réplica, símil de la legislación federal pueda participar el Poder Ejecutivo en el envío terna para el nombramiento de magistrados y sea el Congreso quien decida a final de cuentas quiénes son las personas que van a ostentar el cargo de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado”.
Detalló que el actual procedimiento de designación de magistrados “ha originado una cadena interminable de juicios de amparo que en su gran mayoría han sido sobreseídos y negados. Sin embargo, se ha mantenida suspendida la designación de magistrados por años, nombramientos, legislaturas que no han podido cumplir con el encargo de magistrados”.
Por último, aseguró que, en muchos casos, los magistrados designados por el Consejo de la Judicatura ni siquiera han sido quienes mejores resultados han obtenido en los concursos, “sino los que vienen en el lugar 14, 15 y 16 de la lista del concurso”.
Ante esto, el magistrado presidente Ortiz Morales pidió nuevamente la palabra para explicar que una modificación constitucional de tal peso, como lo es el nombramiento de magistrados, requiere de un mayor análisis por parte del Poder Judicial, al cual solamente se le hizo llegar la propuesta inicial.
No obstante, la comisión continuó con la votación en la que el diputado Gerardo López votó en contra, mientras que los legisladores Julio César Vázquez y Rosina del Villar se abstuvieron de votar.
Con esto, el dictamen pasa al pleno del Congreso del Estado, donde requerirá 17 votos para ser aprobado.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
