Tijuana.- Luego de que ayer se hiciera efectivo un decreto emitido por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, para cancelar el pago de peaje en la caseta de Playas de Tijuana, la cual forma parte de la carretera federal Tijuana-Ensenada, el gobierno federal iniciará un proceso de amparo.
Así lo explicó el delegado federal único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien explicó que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como Caminos y Puentes Federales (Capufe) iniciarán el trámite legal para no incurrir en faltas y entonces, iniciar una mesa de negociación para pedir la posesión de la caseta.
El lunes 6 de julio, el mandatario estatal firmó el decreto que entró en vigor ayer con un evento en el que, acompañado de parte de su gabinete y del fiscal general, Guillermo Ruiz Hernández, acudiera a la caseta para levantar las plumas y acompañado de vecinos del lugar anunciara que las instalaciones quedan bajo administración del gobierno estatal para eliminar el cobro de 39 pesos.
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“Es un hecho que esa carretera se pagó hace muchos años y también es un hecho irrefutable que cuando las carreteras de paga fueron absorbidas por la mancha urbana, es absolutamente injusto cobrarle peaje a la gente que vive a los alrededores”, opinó hoy Ruiz Uribe luego de una conferencia de prensa sobre un programa de la Secretaría de Bienestar.
Coincidió con el gobernador en que se trata de “una vieja solicitud de los baja californianos, particularmente de la gente que vive en los alrededores”.
A título personal, el funcionario federal manifestó que “toda la carrera debería entregarse ya, no está concesionada a ninguna empresa privada como ocurre en tramos de la carretera que va hacia Mexicali. Es el gobierno mexicano el que tiene esa carretera administrada”.
Aseguró que no fue posible realizar la entrega-recepción entre ambas administraciones debido a los trámites burocráticos de por medio.
“El presidente lo ha definido como el elefante reumático, que hasta a él mismo le cuesta echar a andar el esquema de la burocracia. El gobernador lo que ha hecho es tratar de acortar los tiempos de solución de este problema, emitió un decreto para tomar posesión de ese tramo de la carreta, seguramente Capufe y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte harán lo que corresponde, si no tendrán problemas legales si no hace nada, deberán ampararse ante ese decreto que firmó el gobernador”, añadió.
Detalló que luego de esto, “de manera obligada se abre una mesa de negociación para que se logre el objetivo que se ha buscado muchos años. Esto va a hacer que camine el elefante reumático y finalmente, esta caseta va a ser entregada por el gobierno del Estado”.
Aseguró que del gobierno federal no hay intención de retomar la posesión de la caseta con el uso de la fuerza, sino que habrá una respuesta jurídica.
“He estado en comunicación con el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Estado y hemos estado viendo el tema, no se ha girado ninguna instrucción desde Capufe (para que se tome la posesión)”, manifestó.
Si bien, el gobierno federal cuenta con la concesión vigente para operar esta caseta que contempla 18.5 kilómetros de tramo carretero, Ruiz Uribe consideró que “ya está invadida por la mancha urbana esa parte de la carretera es absolutamente injusto que no se pague esa parte del trayecto. Ya se verá si se pone más adelante o no se pone (la caseta), pero es injusto que la gente pague.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
