Mexicali.- Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno de Baja California, presentó esta tarde una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Esto porque consideró que al ampliar la concesión original de la autopista federal Tijuana-Ensenada, la cual caducó en 1997, se violentaron una serie de derechos.
Los delitos denunciados son ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, despojo y uso ilícito de atribuciones y facultades, por los cuales el funcionario estatal consideró deben ser investigados los funcionarios de ambas instituciones de 1997 a la actualidad.
Este es el más reciente suceso del conflicto entre la SCT y el gobierno estatal luego de que el gobernador Jaime Bonilla Valdez firmara un decreto para cancelar el cobro del peaje en la caseta ubicada en Playas de Tijuana y tomara la posesión de las instalaciones en un evento protocolario el martes 7 de julio.
Dos días después, la SCT retomó la posesión de las instalaciones por medio de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para reanudar el cobro y calificó como ilícito el decreto del gobernador.
Esta tarde, Rodríguez Lozano transmitió en vivo a través de su cuenta de Facebook la presentación de la denuncia en la ventanilla única de la delegación de la FGR en Mexicali, pero cuando una trabajadora de la Fiscalía le indicó que no se puede grabar en las instalaciones, el colaborador del secretario se retiró hasta la banqueta luego de que el propio Rodríguez Lozano le recordó que no podía grabar desde ahí y la transmisión se interrumpió.
El funcionario explicó al inicio de la grabación “vengo a hacer una denuncia penal a nombre del gobierno de Baja California sobre distintas autoridades y distintos hechos. Es necesario que ustedes sepan que la carretera de Baja California, de Tijuana Ensenada se construyó en 1967 por el entonces presidente Díaz Ordaz, entregando una concesión de 30 años a Capufe”.
Luego añadió “esta concesión se venció el 24 de abril de 1997, a partir de ese momento, de acuerdo con la concesión y también de acuerdo en palabras del entonces presidente Díaz Ordaz, esta carretera debió haberse convertido en patrimonio de Baja California y una carretera de libre acceso”.
Dijo que desde 1997, “autoridades distintas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquella época, Caminos y Puentes Federales, Banobras… todos estos funcionarios federales sin tener derecho ni autorización ni basados en una ley dieron una concesión primero por 10 años y luego por 40 años, esta última en 2011, de manera que tendrían derecho a mantener la utilización de esta carretera hasta 2051, a pesar de que no tenían atribuciones”.
Por ello, informó que no solo en nombre del gobierno de Baja California, sino del pueblo, la denuncia se interpone en contra de “distintas autoridades que ejercieron estos derechos sin tener sustento jurídico”.
En cuanto al delito de despojo, consideró que este se configura porque “las autoridades que ilegalmente se apoderaron a las 3:00 de la mañana sin que mediara ninguna disposición de ningún juez, usaron la fuerza bruta, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, también por el uso ilícito de atribuciones y facultades porque todas estas autoridades no tenían ningún derecho ni atribución para otorgar concesiones como lo hicieron en 1997 y luego en 2011”.
Mientras esperaba en la ventanila única a la recepción de la denuncia, Rodríguez Lozano sacó su teléfono celular para hacer una llamada en la que se le escuchó decir “mi querido fiscal, esty haciendo una denuncia aquí en la FGR para que esté enterado, me están atendiendo muy bien”.
Esta mañana, manifestantes liderados por Sergio Tamai, activista de Ángeles sin Fronteras en Mexicali, arrojaron huevos contra las casetas de cobro del tramo que inicia en Playas de Tijuana, las cuales estaban bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y que durante cuatro días han sido sitio de protestas.
También hoy por la mañana, el gobernador Jaime Bonilla Valdez informó a través de su transmisión en vivo diaria que, dentro de poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará instrucciones sobre el conflicto que se inició por la posesión del tramo carretero que comprende 18.5 kilómetros.
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