Exfuncionario acusado de corrupto aspira a ser fiscal anticorrupción

No falta mucho para que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción en Baja California se convierta en tema relevante nuevamente, uno de los aspirantes merece este caso: un alto ex funcionario del gobierno en turno fue exhibido y acusado en varios actos presumibles de corrupción mientras fungía como subsecretario de Estado, ahora –según algunos de los enterados– anhela convertirse en el máximo vigilante y agente investigador de los delitos cometidos por funcionarios corruptos. Vaya extravagancia.

A los días del estreno del gobierno estatal de Jaime Bonilla, el secretario general del gobierno, Amador Rodríguez Lozano anunció los nombres de sus subsecretarios, entre ellos, a Cuauhtémoc Castilla García como encargado del sistema penitenciario.

Castilla duraría solo unos meses en el cargo, luego de que fue denunciado de corrupción por su mismo personal al interior de los penales de Baja California, las acusaciones contra Castilla fueron acompañadas de un video que incriminaba a su joven hijo.

El exfuncionario presentó su renuncia –otros dirán que se la pidieron– a las semanas de ventilarse públicamente que utilizaba su puesto en el gobierno para negociar, ofrecer u otorgar privilegios a los delincuentes encarcelados.

Entre las conductas ilícitas que se le señaló a Cuauhtémoc Castilla fue utilizar las instalaciones de las cárceles para que su hijo (y otros abogados), en representación de su despacho, ofreciera sus “servicios” de representación legal a los presos.

¿Qué delincuente no quisiera pagar para que su defensor fuera el despacho propiedad del subsecretario penitenciario? No todo el tiempo hay ofertas así.

La última semana de febrero del año en curso, una denuncia por parte de custodios fue publicada por la Agencia Fronteriza de Noticias que dirige la periodista Dora Elena Cortés.

En aquella publicación, AFN aseguró que los policías penitenciarios expresaron su preocupación por “el desorden propiciado por la corrupción” en la gestión de Castilla García, particularmente en el Cereso de Tijuana y El Hongo.

La denuncia de los custodios incluía que la propia esposa del entonces subsecretario también gozaba de “ingresos privilegiados” para entregar encargos a los recluidos.

Señalaron en el medio de comunicación temas delicados como la permisión para introducir drogas al interior del penal y “privilegios” a algunos detenidos acusados por delitos graves.

No todas estas acusaciones, no fueron acompañadas de algún elemento probatorio y Castilla en su momento lo negó públicamente.

No obstante, la denuncia fue acompañada de un video (grabado por una cámara oculta) que le dio certeza y veracidad a parte del relato. En la grabación se identifica al hijo del entonces subsecretario sentado en una sala de juntas para el uso del personal administrativo del Centro de Reinserción Social de El Hongo. Iba acompañado de otra mujer.

A los minutos –se aprecia en el video– dos policías penitenciarios abren la puerta para introducir a un interno esposado y sentarlo en medio de los dos “visitantes”. Antes de eso, un custodio le explica al hijo del entonces sub secretario que deben de hacer varios movimientos de personal para poder introducir al privado de la libertad con quien querían hablar.

El veinteañero hijo se presenta con su entrevista, ya sin la presencia de los agentes, comienza una plática de casi una hora en la cual le ofrece al preso servicios y privilegios por medio del despacho legal que representa.

El ex subsecretario Castilla dijo a los reporteros de la Agencia Fronteriza para justificar: “mi hijo, como cualquier otro abogado puede ingresar al centro penitenciario en cualquier momento, no por ser mi hijo está impedido a trabajar”, eso quiere decir, que el entonces subsecretario estaba enterado y permitió que a su hijo se le facilitara un espacio privado de las instalaciones penitenciarias para negociar un beneficio al preso y otro económico a su despacho.

La confesión de Castilla padre sugiere el delito de tráfico de influencias o usurpación de profesión, contemplado en el Código Penal Federal, pues en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, Antonio Castilla, el hijo, ni cédula profesional tiene.

Para los últimos días de marzo, Cuauhtémoc Castilla García estaba presentando su renuncia al cargo.

El abogado especialista en Derecho Penal regresó a su despacho, en donde sigue ofreciendo sus servicios a los sentenciados.

En un video publicado en su página oficial de Facebook, Castilla García utiliza las fotografías tomadas al lado de los presos siendo subsecretario para promocionar su despacho. Es decir, el material oficial obtenido durante su puesto, lo convirtió en material de publicidad para su negocio.

Considerando lo anterior, cualquiera podría sospechar que Castilla no solo utilizó para promover su despacho, las fotografías que obtuvo gracias a su nombramiento, sino que bien pudo haber sustraído información respecto a las áreas de ejecución que son propiedad del Estado y áreas de seguridad para sacarle provecho personal, lo cual representaría un delito.

En ese video publicitario, Castilla presume que su despacho cuenta con “más de 53 años de experiencia” con una “sub especialidad en ejecución penal”, en sus propias palabras dice: “Este es un despacho dedicado a las personas privadas de su libertad…”.

El exfuncionario agrega en su spot: “en este despacho se trabaja todos los días incansablemente para lograr las libertades de las personas (sentenciadas)… si usted quiere lograr una libertad anticipada y se encuentra privado de la libertad o conoce a alguien… llámenos ahora”.

En diciembre de 2019, el Congreso del Estado había elegido a Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, quien renunció un mes después denunciando que nunca contó con recursos económicos para cumplir con su deber.

Desde hace unas semanas, abogados han sido informados de la supuesta aspiración de Cuauhtémoc Castilla para convertirse en el Fiscal Anticorrupción que quedó vacante desde hace unos meses.

El próximo Fiscal Anticorrupción debe de ser, antes que todo, una persona de honestidad probada, que tenga la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia y la honradez como forma de ser y actuar, tal como lo marca la ley.

El abogado Cuauhtémoc Castilla García llegar una carta a esta redacción respecto al material de esta columna, la cual puede ser consultada aquí.

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Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).