Tijuana.- Lomas de la Esperanza será el nombre que llevará el nuevo fraccionamiento donde se construirán 130 casas para las familias que perdieron su patrimonio en Lomas del Rubí, después de que el cabildo aprobara la donación de 25 hectáreas al gobierno estatal.
Se trata de dos predios que eran propiedad del Ayuntamiento y que colindan con el fraccionamiento Verona Residencial en Santa Fe, que es la zona más cercana a Lomas del Rubí en donde encontraron disponibilidad.
El alcalde, Arturo González Cruz, explicó que cuando pidió el voto a la ciudadanía hizo el compromiso de atender esta problemática, después de que las familias pasaron por la pérdida de su patrimonio y no fueron atendidas por las autoridades en turno.
Reconoció que además de las viviendas, a los afectados se les debe justicia, ya que a la fecha no hay ningún responsable señalado por las obras que ocasionaron el deslizamiento a principios del 2018.
“Esperamos que se castigue de manera ejemplar a los que de manera irresponsable perjudicaron a estos tijuanenses, y estaremos atento a ello”, expresó.
El valor de los dos predios, que en conjunto suman 25 mil 931 metros cuadrados, asciende a 63 millones de pesos.
Regidores avalaron que se le designe el nombre Lomas de la Esperanza, pero también que se le dé seguimiento al caso para que los responsables no puedan desempeñar cargos públicos.
La regidora Mónica Vega Aguirre expresó que algunos pudieran estar trabajando en la administración pública en otros órdenes de gobierno, como si hubieran sido premiados.
“Los afectados de Lomas del Rubí tienen nombre y tienen apellido”, expresó, al hacer mención de algunos de los que activamente han participado en las reuniones y denuncias para exigir la restitución de sus bienes.
Recordó que algunos de ellos han perdido familiares, que vieron disminuida su salud por lo trágico que resultó perder su casa y que fallecieron en espera de la justicia legal y administrativa.
La edil señaló que fueron víctimas de la confabulación y la complicidad, debido a que ex funcionarios gozaron de protección, “hay responsables con nombre y apellido que laboraban en las oficinas del Palacio Municipal, funcionarios que reconocieron en su momento que sabían del riesgo meses o años antes de este derrumbe, pero que nadie hizo nada”.
Lamentó que no haya un solo funcionario inhabilitado y recordó que la Sindicatura Municipal tuvo los tres primeros meses para llamar a cuentas a los ex servidores públicos, como lo marca la ley, por lo que rechazó que la pandemia sea un argumento válido, “ese término se cumplió en enero”.
Por su parte, la regidora Guadalupe Flores cuestionó qué va a suceder con los otros cientos de familias que se vieron afectadas por este deslizamiento, que si bien no han perdido sus casas siguen viviendo en una zona de muy alto riesgo.
Pidió que en esta administración se garantice la seguridad en los nuevos fraccionamientos y que nunca más se haga caso omiso a los riesgos inminentes, “no más familias afectadas de esta manera”.
En ese mismo sentido se expresó la regidora Yolanda García, así como la regidora Claudia Casas Valdés, que dijo recorrió la zona afectada antes de ocupar un cargo público y reconoció que pensó que este caso se iba a quedar en promesas.
Por su parte, la síndico procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, indicó que en días recientes se reunió con afectados de Lomas del Rubí, para aclarar algunas de sus dudas, ya que dijo tenían información que estaba tergiversada.
Reiteró el exhorto a los regidores y al alcalde para que levanten los plazos y términos, a fin de poder citar a los ex funcionarios para que respondan por sus actos de corrupción, arbitrariedades y omisiones, entre los que estarían los responsables de lo que se vivió en Lomas del Rubí.
La regidora Mónica Vega reiteró que dichos plazos se detuvieron como parte de una política nacional, estatal y municipal, que tiene qué ver con la pandemia.
Dijo que espera equivocarse, pero ve difícil que en los próximos meses se pueda hacer justicia administrativa a los tijuanenses, porque se tuvo un primer plazo de tres meses para citar a ex funcionarios para que respondieran por las inconsistencias de la transición y no se aprovechó.
