Tijuana.- El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California resolvió que el Cabildo de Tijuana vulneró los derechos político-electorales de la síndico procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa.
Esto debido a que no se ha levantado la suspensión de plazos y términos que se originó a raíz de la pandemia y que le impiden cumplir con la totalidad de sus funciones.
De igual manera por rechazar sus peticiones para modificar partidas presupuestales, la compra de vehículos, la contratación de personal y de mayores plazas.
El recurso de inconformidad RI-25/2020, interpuesto por la funcionaria municipal y con la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo como ponente, fue aprobado por mayoría de votos, el 10 de septiembre.
Por lo que hoy 17 de septiembre, se vence el plazo de cinco días hábiles para que el Cabildo de Tijuana resuelva los ordenamientos.
Lo que no le fue reconocido a la funcionaria municipal es que las acciones del Cabildo la hayan convertido en víctima de violencia político por razón de género.
Tijuana es el único municipio del estado que no ha levantado los plazos y términos que le fueron impuestos a la Sindicatura al inicio de la pandemia.
Esto a pesar de un exhorto presentado hace una semana por la Secretaría de Honestidad y Función Pública para que el Cabildo realizara una sesión en la que dejaran sin efectos la suspensión que le impide al órgano cumplir con la totalidad de sus funciones y atribuciones.
Recibe alcalde de Tijuana exhorto de la Secretaría de Honestidad y Función Pública
El Tribunal explicó que el órgano de control ya está facultado para “desarrollar –en consideración a las medidas sanitarias adecuadas- las actividades relacionadas con evaluaciones, auditorias, inspecciones y requerimientos inherentes al ejercicio de sus funciones y del personal a su cargo”.
Además, el Tribunal resolvió para que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal analice nuevamente la propuesta de modificación presupuestaria para la disminución de determinadas partidas y la ampliación presupuestal para “vehículos y transporte”, la cual fue rechazada en julio.
Por otra parte, los magistrados también ordenaron la modificación del punto de acuerdo emitido por Cabildo el 7 de mayo en la que suspendieron de la contratación del personal.
Esto porque dicha disposición es considerada contraria a la Ley del Régimen Municipal, el Reglamento Interno de la Sindicatura y el Reglamento de la Administración Pública
Al respecto, María del Carmen Espinoza Ochoa dijo ayer a PUNTO NORTE, que aunque ya se levantaron los plazos y términos, lo que permite a la Sindicatura Municipal citar a ex funcionarios para que respondan por las irregularidades encontradas, todavía no tiene fechas de los citatorios.
Indicó que las carpetas de investigación están listas para que pasen a manos del área de responsabilidades y sean ellos los que llamen a rendir cuentas.
“Los van a requerir para que den cuenta de todas las investigaciones”, expresó, “no tengo fecha todavía, pero ya estamos en eso”.
Sin detenerse a ofrecer declaraciones, porque de acuerdo a su personal llevaba prisa, la síndico tampoco precisó qué responsabilidad recaería sobre el ex alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Acerca de las declaraciones patrimoniales que no fueron entregadas por más de un centenar de ex servidores públicos, expresó que también van a ser citados, “y también de esta administración, que lo presentaron a destiempo y algunos que no lo presentaron”.
Reiteró que no tiene fecha para citar, pero están próximos a ello, “en cuanto ya tengamos los expedientes analizados para llamarlos a cuentas, vamos a trabajar en eso”.
Dijo que la próxima semana “sacarán” los expedientes para que puedan comenzar a girar los citatorios.
Cabe recordar que la Síndico Procuradora fue objeto de señalamientos por parte de algunos regidores por la falta de resultados e incluso le pidieron rindiera un informe de cómo van las carpetas de investigación que involucran a funcionarios de la pasada administración, que no los convenció.
En respuesta, Espinoza Ochoa aseguró que le era imposible entregar resultados porque no se habían levantado los plazos y términos -que se impusieron a raíz de la pandemia-, para poder citar a los investigados.
