Tijuana.- Desde hace 15 días, la Comisión de Régimen Interno (CRI) del Cabildo de Tijuana había votado a favor de levantar los plazos y términos para que la Sindicatura Municipal pudiera citar a funcionarios y ex funcionarios, pero hasta ahora no se ve la urgencia de llamarlos a cuentas.
El regidor Antonio Quezada Salas, señaló lo anterior y recalcó que en dicha sesión estuvo presente un representante de la Sindicatura, quien estaba al tanto de lo que se votó.
“Ellos estaban en el entendido de que ya se habían levantado los plazos y términos, nada más faltaba la votación en sesión de Cabildo”.
Por ello, la reciente resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California no tendrá repercusión en ese sentido.
Sin embargo, manifestó que si la síndico, María del Carmen Espinoza Ochoa, ya hubiera terminado la primera etapa de las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en la pasada administración, hubiera girado un cúmulo de citatorios.
“Ella dice que es por cuestión de que estaba la restricción, pero esa es una falacia y es una mentira totalmente, porque ella pudo haber hecho todo el trabajo de investigación y dejar listos los citatorios para cuando se levantaran los plazos, pero si está esperando para apenas empezar a trabajar, pues es incongruente”, señaló.
En su opinión, la Sindicatura Municipal está más preocupada por otras cuestiones, como los dulces caducados, que por investigar los casos de corrupción y sancionar a los funcionarios que cometieron actos ilícitos.
“No ha habido ningún avance, ponen de pretexto los plazos, pero es falso lo que dice, no ha mandado los citatorios, el lunes hay sesión de Cabildo, vamos a ver si es cierto que esos citatorios se enviaron”.
En cuanto a la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que advierte que se vulneró el derecho que tiene la síndico de contratar personal y adquirir vehículos, indicó que van a responder a esto con abogados contratados por los integrantes del cabildo.
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Aclaró que en la propuesta para las nuevas contrataciones se le pidió a Espinoza Ochoa que proporcionara los nombres y justificara los altos salarios, ya que ha habido recortes y afectaciones al ingreso público por la pandemia.
Respecto a la adquisición de los vehículos, señaló que ahí no se puede considerar que hubo un agravio porque ni siquiera se sometió a votación en el pleno del Cabildo, sino que en la Comisión de Hacienda se hizo la observación de que no presentó cotizaciones de diversas compañías automotrices, ni justificó el modelo seleccionado.
“Por procedimiento vamos a responder, porque hay aspectos que no se tomaron en cuenta. Los dictámenes de la contratación de personal y la compra de los vehículos a mi juicio carecían de fundamentación”, consideró.
Quezada Salas recordó que cuando llegó la demanda al Cabildo se contrató el servicio de abogados externos, que en este caso llevaron la representación contra la Sindicatura Municipal y son los que responderán a la resolución.
El edil recalcó que el propio Tribunal aclaró que no se ha ejercido violencia política contra la Síndico, por lo que eso ya no debería formar parte de su discurso.
