Tijuana.- Integrantes de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en Baja California denunciaron haber recibido amenazas por iniciar excavaciones en el terreno de una casa de la colonia Campos, en donde recibieron información de que seis cuerpos fueron sepultados el año pasado.
Además, reclamaron falta de atención y cumplimiento a citas acordadas con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata en su mayoría de familiares de personas desaparecidas, quienes se presentaron esta mañana al Centro de Gobierno del Estado de Baja California, en donde exigieron un encuentro con el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Sin embargo, el mandatario estatal no pudo recibirlos porque se encuentra en una visita de trabajo en la Ciudad de México, por lo que fueron atendidos por Fernando Serrado, delegado de la Secretaría de Gobierno en Tijuana.

Los inconformes explicaron que hoy concluyeron los trabajos de excavación en la conocida como Casa Campos, en donde se buscan el cuerpo del hijo de la señora Bárbara Carrillo, quien fue denunció recibir amenazas vía telefónica por haber irrumpido en la propiedad que se encuentra bajo resguardo de la FGE desde noviembre del año pasado, fecha en la que los mismos colectivos encontraron un cadáver sepultado en el predio.
Bárbara, acompañada de otros representantes de colectivos buscadores de desaparecidos, ingresó con el funcionario estatal para acordar fechas de las siguientes mesas de trabajo, en las cuales podrá plantear sus quejas y las amenazas que ha recibido.
Por su parte, José Fernando Ortigoza, presidente del Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California, comentó que otra de las quejas es la falta de cumpliendo de la FGE con lo acordado en una reunión realizada meses anteriores con titulares del Gobierno del Estado.
Los puntos que no se han atendido son la reunión programada para el 12 de abril, la cual se suspendió por el tema de Covid-19, tampoco se les ha dado a conocer el plan de trabajo en materia de búsqueda de personas desaparecidas ni la atención personalizada a víctimas en avances de investigación.
Agregó que dentro de los puntos que se habían acordado en febrero de este año, tampoco se les ha cumplido que el coordinador del área de desaparecidos atienda desde Tijuana, ya que este municipio tiene el 80% de los casos de personas víctimas de desaparición forzada.
Se había acordado además una reunión de trabajo, ni el informe de cuándo se dará el traspaso de SEMEFO a la Fiscalía. Tampoco se les ha confirmado los resultados de pruebas de ADN entregadas desde el año 2006, así como el total de personas desaparecidas.










































