Responde Ayuntamiento con cuatro demandas a clausuras de Coepris

Salvador Gómez Ávila, consejero jurídico del Ayuntamiento.

Tijuana.- Bajo protesta y con cuatro demandas interpuestas en contra del actuar de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), el Ayuntamiento de Tijuana aceptó tramitar el aviso de funcionamiento para la reapertura de Servicios Médicos Municipales.

El titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento, Salvador Gómez Ávila, comentó que la mañana de este jueves se presentó en las oficinas de Coepris a iniciar el trámite, en espera de que hoy mismo puedan retirar los sellos de suspensión.

Sin embargo, hasta esta hora, el Ayuntamiento no ha recibido por parte del organismo, según confirmó el gobierno municipal.

Por la mañana, el funcionario municipal indicó que el presidente municipal, Arturo González Cruz, “ponderó el derecho a la salud de los trabajadores sobre cualquier cuestión de ilegalidad que se contiene en todas las actuaciones que ha realizado Coepris”.

Esto quedó asentado en la solicitud que entregaron a la dependencia, así como el hecho de que la ley reconoce al gobierno municipal como autoridad sanitaria.

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“Esto no implica que sigamos nosotros adelante con demandas que se presentaron en contra de Coepris, porque consideramos que no tiene competencia para hacerlo, igualmente carece de facultades para hacer las inspecciones de verificación y lo más grave, haber suspendido las labores de Servicios Médicos Municipales”, comentó.

Precisó que en ninguna de las demandas presentadas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se menciona el actuar de la Sindicatura Municipal, porque si bien fue la instancia que promovió las inspecciones, reconocen que es una instancia que tiene facultades para investigar, realizar auditorías y no fue quien cumplimentó la clausura.

Son cuatro demandas, en las cuales se pide la nulidad de la suspensión a Servicios Médicos Municipales y a las actuaciones relativas a la clausura de bodegas e instalaciones de DIF Municipal, “que se hicieron de manera ilegal”.

Gómez Ávila señaló que Coepris exhibió ignorancia absoluta en relación a sus atribuciones.

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Mencionó que solo se encontró un medicamento que caducó en abril del 2020 y el alegato de la contaminación cruzada en un refrigerador no está sustentado en un dictamen.

Además, los médicos de la dirección de Servicios Médicos Municipales no están obligados a exhibir sus títulos, porque la ley establece que solo deben hacerlo aquellos que trabajen de manera independiente, por lo dijo de nueva cuenta mostraron “ignorancia extrema en materia jurídica”.

Por ello, también cuatro verificadores de Coepris están incluidos en las demandas.

El representante legal del Ayuntamiento reiteró que la exigencia de una licencia de operación se hubiera evitado si observaran que la ley los considera autoridad sanitaria, “en tal virtud no nos es aplicable las circunstancias de que tengamos que presentar una solicitud”.

Las acciones de Coepris, sostuvo, han sido únicamente contra el Ayuntamiento de Tijuana, pues no han hecho los mismos operativos contra el resto de los municipios.

Por ello esperan se corrijan “las arbitrariedades que en perjuicio del Ayuntamiento se han cometido”.

En un documento enviado al secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, el consejero jurídico sostiene que “se considera ilegal la clausura efectuada a la dirección de Servicios Médicos Municipales”, e informan de la existencia de una demanda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Una de las demandas fue presentada en contra de David Gutiérrez Inzunza, comisionado estatal de protección contra riesgos sanitarios y el verificador de nombre Gilberto Jasso López, por la suspensión de la dirección de Servicios Médicos Municipales.

Señala que hubo una sanción o medida excesiva, ya que está vigente la emergencia sanitaria.

Otra de las demandas reclama la suspensión del almacén del Sistema DIF Municipal, ubicado en el bulevar Insurgentes, a la altura de la colonia Los Álamos.

Fue interpuesta por María Magdalena Bautista en su calidad de directora de DIF en contra del director de control sanitario de Baja California, Carlos Zárate Chávez y dos verificadores, Marco Antonio Meléndez y Cecilia Carrola López.

En la demanda señala que en ningún momento se pretendió hacer entrega de despensas caducadas, porque se hace un trabajo de separación antes de salir a comunidad y el hecho de que la autoridad de salud lo haya detectado no significa que se causó un agravio, por lo que solicitan la suspensión del acto.

Las otras dos demandas también corresponden al Sistema DIF Municipal por la suspensión de un inmueble ubicado en la tercera etapa del Río Tijuana y de uno más en la colonia Buena Vista. Este último es el centro comunitario donde presuntamente hallaron los dulces caducados.

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