Tijuana.- En la sesión de Cabildo donde se le otorgó licencia para separarse del cargo, el alcalde de Tijuana solicitó que se aprobara la concesión a 10 años de multas de tránsito digitales por medio del regidor panista Arnulfo Guerrero, quien presentó el punto de acuerdo, pero un olvido hizo que la redacción del documento se hiciera a título del presidente municipal.
En el debate, el alcalde incluso interrumpió a un regidor para hablar a favor del proyecto, el cual se integró opacamente a través de los asuntos generales mientras se desarrollaba la sesión esta mañana, a petición del regidor Arnulfo Guerrero, del Partido Acción Nacional (PAN), presidente de la comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas.
De esta forma, la propuesta no fue consultada ni mostrada a los regidores con anterioridad, sino que se les presentó minutos antes de la votación, sin la posibilidad de analizar o plantear dudas acerca del tema en comisiones ni incluir opiniones técnicas sobre la viabilidad del proyecto. Esto hizo que una regidora comparara el acto con lo que se hacía durante la administración de Juan Manuel Gastélum “El Patas”.
“Me parece con todo respeto, que ni Juan Manuel Gastélum fue tan osado de presentar un proyecto de una concesión a 10 años y que los regidores no tuviéramos más de 15 minutos”, expresó la regidora Mónica Vega en su intervención.
Recordó “al hacer una remembranza del pasado Ayuntamiento, fue el Ayuntamiento de la concesiones que mi compañero regidor (Arnulfo Guerrero) siempre votó a favor, la concesión del relleno sanitario a 15 años, a parquímetros y bicicletas a 15 años, luminarias a 15 años y en aquellas ocasiones únicamente tuvimos 24 horas para analizarla, la historia se escribió y esos gobiernos quedaron en el pasado… no hay que seguirle el juego de regidores que están aquí solos por algo, porque los tijuanenses así lo quisieron”.
Arnulfo Guerrero también fue regidor en la anterior administración y repitió su posición en el primer lugar de la planilla de Juan Manuel Gastélum “El Patas” durante la reelección (2019), por lo que es el único edil panista que actualmente integra el Cabildo.
Aunque el punto fue presentado y leído por el regidor panista, en el apartado previo a los puntos de acuerdo del documento que fue entregado a Cabildo para la dispensa de trámite en comisiones, dice “por lo anterior, el presidente municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, somete a consideración los siguientes”.
Esta anomalía fue expuesta por la regidora Mónica Vega durante su participación en la sesión, quien preguntó a Arnulfo Guerrero si ya se consideraba presidente municipal, dado que el alcalde pediría licencia momentos después.
La propuesta fue aprobada por la mayoría del Cabildo, a excepción de la regidora Mónica Vega, pero con los votos a favor tanto del alcalde como de la síndico procuradora, quien anteriormente se había opuesto a la concesión del servicio de luminarias.
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“Mi experiencia me dice que este tipo de concesiones no son exitosas. Como siempre le dije en el pasado al alcalde que esperaba equivocarme en el tema de las luminarias, parquímetros, pero la historia ahí está y por supuesto que las bicicletas no se echaron a andar, las luminarias se cayeron porque los puntos de acuerdo eran muy parecidos a los que nos están poniendo hoy. Yo pensé que Juan Manuel Gastélum, ya no estaba con nosotros, pero eres un digno representante”, le dijo Vega al regidor panista.
A pesar de que Arnulfo Guerrero insistió que el punto de acuerdo busca una modernización y combatir el rezago en multas de tránsito no cobradas, Vega le reviró “eso no es el debate, el debate es una concesión, de 10 años y yo coincido, que vamos atrás en temas tecnológicos y debemos ir al frente, pero en las concesiones en materia de tecnología es muy osado hacerlo en 10 años. En cinco años, espero que no estemos los regidores diciendo que la tecnología ya es obsoleta”.
En el debate del punto de acuerdo que contempla la concesión a 10 años del servicio de cobro de infracciones digitales de tránsito vehicular mediante dispositivos móviles, también participó el regidor Luis Antonio Quezada.
El edil dijo que Mónica Vega tenía razón en pedir que se enviara a comisiones el punto de acuerdo para su análisis, pero que coincidía en que era necesario digitalizar servicios de cobro de multas a automovilistas, pues se tienen más de 18 millones de pesos en multas en papel que no son cobrables.
En ese momento, fue interrumpido por el alcalde, quien habló a favor del proyecto al mencionar un estudio que mostraba casos de éxito en Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.
“El llamado es a una licitación, no vamos a resolver quién tiene una concesión, eso les tocará, de no estar yo aquí al frente del Ayuntamiento, resolverlo a ustedes de nueva cuenta a través de la licitación”, añadió.
Vega fue la única integrante del Cabildo en votar en contra del punto de acuerdo y aunque el regidor Quezada solicitó en su intervención que fuera enviado a comisiones, como se hizo con un punto anterior presentado por la regidora Edelmira Chameny, la mayoría de los regidores ya habían aprobado la dispensa.
El alcalde también argumentó que un estudio arrojó que oficiales de tránsito emiten multas por un promedio de 14 millones de pesos al mes, pero el gobierno municipal solo recauda un millón de pesos.
El sistema de cobro de infracciones digitales de tránsito vehicular mediante dispositivos móviles comenzó a implementarse desde inicios de septiembre con 100 dispositivos entre agentes de la Dirección de Policía y Tránsito.
Esto permite el cobro de las multas a conductores de vehículos de motor en el momento que son infraccionados por medio de tarjetas bancarias.
Entre las justificaciones para concesionar el servicio, está la imposibilidad financiera del Ayuntamiento, así como cerrar la brecha digital en trámites municipales e incluso la contingencia sanitaria del COVID-19 que pide reducir trámites en personas y que ha causado un rezago en los ingresos municipales.
El punto de acuerdo establece que el concesionario proporcionará “la plataforma electrónica, el costo de la inversión en equipamiento e infraestructura vehicular mediante 160 dispositivos electrónicos móviles, portables por los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
