Tecate.- La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, liquidó la deuda de 5 millones de pesos que el Ayuntamiento sostenía con la empresa gasolinera Gasmart para evitar ser arrestada.
Desde hace meses, había sido requerida, junto a otros integrantes del gobierno municipal por el Juzgado Civil de Tecate para atender la demanda interpuesta en contra del Ayuntamiento, la alcaldesa había ignorado las distintas notificaciones.
Sin embargo, la alcaldesa realizó hasta el pago final hasta que el juez civil del Partido Judicial de Tecate giró una orden de arresto, el 16 de octubre de 2020, y solicitó al comandante de la Agencia Estatal de Investigación -antes Policía Ministerial- en Tecate que cumplimentara dicha orden.
Antes de subir a su camioneta, tras permanecer encerrada cuatro horas en su oficina, la presidenta municipal declaró a PUNTO NORTE que el gobierno municipal ya había cubierto alrededor de dos millones y pesos de la deuda con pagos periódicos durante meses que se depositaron en el Juzgado y que ayer se liquidó la última parte de la deuda, de dos millones y medio de pesos.
Desde las 15:00 horas, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a Palacio Municipal para cumplimentar una orden de arresto girada por el juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, José Manuel Castro Valenzuela, como medida de apremio por desacato.
La alcaldesa se rehusó a salir de Palacio Municipal y prácticamente todos los elementos de la Policía Municipal en turno fueron llamados para resguardar el edificio, los alrededores y las calles de acceso con varios refuerzos llegando durante la tarde.
Aunque en dos ocasiones, ingresaron tres elementos de la Fiscalía, la alcaldesa no fue arrestada ni optó por salir.
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La orden de arresto se deriva del expediente 1435/2011, relativo a un juicio ordinario mercantil, promovido por Gasmart en contra del Ayuntamiento de Tecate.
El arresto administrativo se ordenó para Olga Zulema Adams Pereyra; el ex tesorero municipal, Darío Francisco Javier Rivera Parra; el síndico, Gonzalo Higuera Bojórquez; el jefe de programación y presupuesto del Ayuntamiento, César Raymundo Herrera Lizárraga y el actual tesorero, Martín Domínguez Chiu.
A cada uno, el juez civil ordenó entre doce y ocho horas de arresto, “en acatamiento a lo ordenado en el fallo protector dictado dentro de los autos de amparo 521/2019 por el juez segundo de Distrito en materia de Amparo de Juicios y Federales en el Estado de Baja California”.
Alrededor de las 6:00 de la tarde, una actuario del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate acudió a las instalaciones de Palacio Municipal para entregar al comandante de la Agencia Estatal de Investigación -antes Policía Ministerial- el documento de notificación para dejar sin efecto la orden de arresto.
Esta nueva notificación fue girada por el juez Castro Valenzuela, quien constató que ambas partes llegaron a un acuerdo y por lo tanto, la demanda no continuará su curso.
Luego de firmar el documento, el comandante de la AEI en Tecate informó a sus superiores y ordenó el retiro de las unidades y de los agentes a su cargo.
Por su parte, el número de policías municipales al resguardo de Palacio Municipal también se redujo, quedando solo unos cuantos en las puertas principales.
Hacia las 7:15 de la tarde, la alcaldesa salió por la puerta principal rodeada de su equipo de seguridad y el secretario general de gobierno, Raúl Armando Martínez, para declarar ante medios de comunicación que la deuda ya había sido saldada.
Sin embargo, dijo desconocer por qué el Juzgado Civil no había ordenado suspender la orden de arresto ayer, el día en que el Ayuntamiento pagó por completo la deuda acumulada desde 2009.
De igual forma, tampoco explicó de qué partidas presupuestales se destinaron los cinco millones de pesos, solo indicó que los cheques se estuvieron depositando en el juzgado de manera semanal desde hace meses y ayer se realizó el último pago por la mitad del monto adeudo.
En sus declaraciones, la alcaldesa reprochó la presencia de elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) y de la Agencia Estatal de Investigación, pues dijo que con esa agilidad deberían resolver los homicidios registrados en el municipio.
También calificó el operativo como un acto de violencia política e incluso acusó al gobernador Jaime Bonilla Valdez de estar detrás del intento de arresto, a quien además hizo responsable en caso de que algo le pasara a ella o su familia, sin explicar cómo asume que pudo haber intervenido el mandatario estatal en esto.
Respecto al número de policías que se movilizaron para su seguridad, la presidenta municipal explicó que fue para proteger su integridad.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
