Tijuana.- El gobernador Jaime Bonilla comparó el uso de la Policía Municipal de Tecate por parte de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams ayer para evitar ser arrestada con una casa de seguridad.
“Parece una casa de seguridad, como en las películas se protegen en casas de seguridad los criminales, eso pasó, usar la Policía Municipal para que no la detuvieran, sobre la ley”, expresó durante su transmisión en vivo de esta mañana.
Ayer por la tarde, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a Palacio Municipal para cumplimentar una orden de arresto, girada por el juez civil de Tecate, José Manuel Castro Valenzuela.
Esto como parte de un juicio mercantil que derivó de una demanda interpuesta por la empresa Gasmart en contra del Ayuntamiento de Tecate.
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Ya que ni la alcaldesa ni otros funcionarios municipales atendieron los requerimientos del juez del Partido Judicial de Tecate en ocasiones anteriores, este optó por la medida de apremio de la orden de arresto.
Para que cumplimentarla, giró un oficio al comandante de la Agencia Estatal de Investigación de la FGE, el 16 de octubre.
Sin embargo, la alcaldesa se rehúso a salir para evitar ser arrestada y gran parte de la corporación municipal fue llamada para resguardar las calles, cerrar la entrada principal del Palacio Municipal y escoltar a la alcaldesa para evitar el ingreso de la Fiscalía.
Después de horas de espera, el Juzgado de Primera Instancia Civil suspendió la orden de arresto, al ser informado el juez que ambas partes llegaron a un acuerdo tras el pago de cinco millones de pesos del adeudo.
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Para abordar el operativo que la FGE desplegó ayer por la tarde en Palacio Municipal, acudieron a la transmisión el fiscal central, Hiram Sánchez y el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Carlos Alberto Flores.
“Cuando alguien se siente sobre la ley y simple y sencillamente por tener un cargo, eso es lo que se suscita, si hay una orden del juez, se tiene que respetar, nos guste o no nos guste”, dijo Bonilla respecto a la alcaldesa.
Por su parte, el fiscal central explicó que el juicio ordinario mercantil en contra del Ayuntamiento de Tecate inició en 2011 con una demanda por parte de la empresa dedicada a la venta de combustible.
Esto buscando el cumplimiento de una obligación que tenían hacia le empresa.
“Se llevó el juicio de forma ordinaria y culminó con una sentencia con la que se obligaba al Ayuntamiento el pago de una cantidad específica de dinero de esta prestación”, detalló.
Por ello, el juez civil de Tecate “llevó a cabo todos los actos para cumplir esa determinación, al no lograre ello, el propio actor de esa empresa acudió ante las autoridades judiciales, el juez de distrito, promoviendo una demanda de amparo para que se obligara al juez civil que llevara a cabo todos los medios coercitivos a su alcance para hacer cumplir esa sentencia”, añadió.
El funcionario de la Fiscalía local refirió también que el Código de Comercio, en su artículo 1067 BIS, establece las medidas de apremio con las que cuenta el juez para hacer cumplir esa determinación a la que estaba obligado para ejercer su cumplimiento, entre ellas la orden de arresto.
“Solicitó que a través de la GESI se llevara a cabo la ejecución de una orden de arresto en contra de diversos servidores públicos del Ayuntamiento de Tecate, entre quienes se encuentra la alcaldesa”.
Por último, señaló que “se llevaron a cabo los actos para cumplir con ello, ayer el juez canceló esa orden de arresto”.
De acuerdo con Carlos Flores, el operativo de la GESI inició alrededor de las 14:30 horas ayer cuando “tuvimos conocimiento que la alcaldesa se encontraba en Palacio Municipal junto a otras personas”.
Esto a pesar de que la orden de arresto había sido girada desde el 16 de octubre y la alcaldesa había aparecido en varios actos públicos desde entonces.
El comisionado de la Guardia Estatal atribuyó la filtración de dicha orden de arresto, emitida cinco días antes del operativo, a portales de noticias, aunque el operativo dio inicio antes de que algún medio publicara la orden de arresto.
“La alcaldesa tenía conocimiento del mismo, determinaron no salir del Palacio Municipal. Derivado de ellos, se montó un dispositivo del mismo esperando que en algún momento saliera”.
En por lo menos dos ocasiones, durante las más de cuatro horas que estuvo resguardada dentro la alcaldesa, los policías municipales permitieron el ingreso a un grupo de la Fiscalía, el cual no cumplió el arresto.
Los agentes esperaron hasta las 18:00 horas, cuando una actuaria del Juzgado Civil acudió a notificar la suspensión de la orden de arresto para retirarse.
Sobre la orden de arresto, Bonilla comentó también “no es una deuda de ella, pero es una deuda que ella adquiere al ser presidenta municipal”.
Aseguró que “en noviembre, vino a pedir unos recursos y se le prestaron 20 millones de pesos, este era uno de los temas. Desde entonces sabía la presidenta municipal que se tenía que pagar, había una autorización del Cabildo, pero no se pagaba porque están acostumbrados a hacer lo que les de la gana y no respetar la ley”.
El gobernador también dijo que después de sitiarse en Palacio Municipal para evitar ser arrestada, la alcaldesa no cuenta con autoridad moral para pedir a los ciudadanos que cumplan con la ley y paguen el predio u otros derechos municipales.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
