Tijuana.- Han pasado más de siete meses desde que los centros penitenciarios suspendieron las visitas para evitar brotes de COVID-19.
Sin embargo, esto ya es motivo de preocupación para autoridades penitenciarias, pues pudiera generar cambios en la conducta de las personas privadas de su libertad y vulnerar la seguridad de las prisiones.
Y es que los internos que se comunican vía telefónica con sus familiares están enterados de la reapertura de centros comerciales, restaurantes, bares y otras actividades, por lo que han empezado a cuestionar por qué siguen cerradas las puertas para la visita.
La coordinadora médica de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, la doctora Alejandra Ibargüen Hernández, explicó que tener personas deprimidas o molestas porque no han podido reencontrarse con sus familiares representa un riesgo.
“Aquí el problema mayor que podríamos tener es que los mismos privados de la libertad empezaran a tener cambios en su conducta, lo cual vulnera la seguridad. Hemos visto ya casos en otros centros penitenciarios del interior de la República donde ya ha habido riñas, ha habido conatos de motín por esa misma cuestión, de no tener ese contacto con la familia”, explicó.
Para evitar que esto suceda, indicó que han sido muy puntuales en comunicar a los internos lo que está sucediendo afuera y las medidas que están tomando para lograr que se autorice el protocolo sanitario enviado a la Secretaría de Salud del Estado.
Detalló que “las personas privadas de su libertad están conscientes, pero el tiempo sigue pasando y es lo que queremos que se pudiera lograr, porque a final de cuentas es un derecho que tienen a tener ese contacto con su familia, forma parte de su reinserción”.
Con el apoyo del área psicológica y de proyectos productivos es como han logrado contener conductas nocivas o peligrosas, pero insistió en que cada vez hay más inquietud por saber cuándo se restablecerán las visitas.
“Se hizo la transición al semáforo naranja y ahora ellos están con esa esperanza, esa ilusión de que en el sistema penitenciario se autorice el que sus familiares puedan ingresar a verlos, aunque saben que no va a ser la misma dinámica”, añadió.
La funcionaria remarcó que desde hace aproximadamente dos meses no han registrado casos de COVID-19 y los brotes se pudieron contener a tiempo, por lo que ya tienen experiencia en cómo frenar las cadenas de transmisión.
El brote más fuerte se tuvo en el centro penitenciario de Ensenada, en donde se registraron 30 casos de COVID-19 al mismo tiempo.
En Mexicali hubo seis casos confirmados, en El Hongo 1 hubo 20, en El Hongo 2 se registraron cuatro y en Tijuana ninguno.
“La ventaja fue que no fueron al mismo tiempo, primero fue Mexicali, después Los Hongos y al final Ensenada”, detalló.
Con base en esa experiencia diseñaron el protocolo sanitario, que sigue sin recibir el visto bueno de la Secretaría de Salud.
“Enviamos ese protocolo desde el 22 de junio para su revisión, hace como dos semanas nos enviaron algunas observaciones que querían que agregáramos al protocolo, entre ellas el cambio del nombre, nos sugirieron que mostráramos cómo sería la visita al reanudarse”.
Indicó que se volvió a enviar y están en espera de que lo aprueben, junto con una fecha para la reactivación de la visita.
La propuesta es que solo pueda ingresar un familiar por interno y no habría contacto físico, pues incluso ya se instalaron divisiones en las mesas.
Además, el tiempo sería limitado para que ingresen otros grupos y con un aforo de apenas el 30%, según la capacidad del área de visita de cada centro penitenciario para procurar el distanciamiento social.
Todas las áreas e incluso las personas tendrían que ser sanitizadas, además de que no estaría permitido el ingreso de alimentos, ni de objetos del exterior que pudieran estar contaminados.
El secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, indicó que las observaciones ya fueron enviadas, con la sugerencia de pedir a los familiares que presenten una prueba de COVID-19 negativa.
Sin embargo, el sistema penitenciario observó que los familiares no tienen recursos para pagar una prueba en el medio privado cada vez que acudan a visita.
La coordinadora médica señaló que por parte del sistema penitenciario en ningún momento se ha contemplado esa posibilidad.
“En el protocolo no hicimos nunca mención que fuera un requisito que los familiares de los privados de su libertad llevaran una prueba de COVID y en las recomendaciones de ellos tampoco lo mencionan”, aclaró.
Mientras no exista otra alternativa para tener un control más estricto de quienes ingresan a las penitenciarías, no se podrá autorizar la visita.
“Preferimos estar más seguros que arriesgarnos a que haya un brote masivo, porque eso es inminentemente lo que puede pasar”, declaró Pérez Rico.
