Tijuana.- Ex funcionarios del gobierno del Estado que son investigados por la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, tejieron una red de corrupción con la complicidad de trabajadores sindicalizados.
Así lo aseguró la titular de esa dependencia, Vicenta Espinosa Martínez, quien estimó que son mil empleados de base los que aparecen en diversas carpetas de investigación.
Se les señala de haber cometido diversas irregularidades, pero la principal fue haber solicitado o aceptado “moches”, en colusión con ex empleados de confianza.
La diferencia es que los empleados sindicalizados siguen laborando, pero eso no los exime de que se les sancione e incluso se busque su remoción.
“Claro que sindicalizados tenían que estar ahí (coludidos) con los de confianza. He comentado que dependiendo el nivel era la mochada, el nivel jerárquico alto pedían millones, el nivel supervisor pedían 100, 200 mil pesos, el trabajador 20, 10 mil pesos”, dijo.
Comentó que en la última reunión que sostuvo con la dirigencia sindical de Tijuana hace un mes, le expresaron que no tienen ninguna intención de que se proteja a las personas que hayan cometido irregularidades o que no trabajen conforme a las exigencias del puesto.
La funcionaria dijo que hay muchos que sí trabajan, “pero hay muchos que además de no trabajar, hacían actos corruptos, no tenemos todavía el resultado de esas investigaciones, pero los vamos a tener”.
Aclaró que no hay ninguna persecución y que quienes resulten inocentes no tienen por qué preocuparse. De igual forma, a quienes les encuentren alguna responsabilidad les darán el derecho que por ley tienen de defenderse.
Reconoció que es de suma importancia que no se proteja a quienes han cometido actos de corrupción, al amparo de que los respalda un sindicato y de que se consideran inamovibles.
“Ellos atinadamente nos dijeron que estaban de acuerdo, no van a proteger a delincuentes, nos confirmaron que saben que hay mucha gente que utiliza al sindicato para hacer lo que quieran o no lo que deben”, indicó.
También comentó “yo creo que se les salió de control en algún esquema de cómo han abusado de los sindicatos, pero no creo que no se pueda remediar”.
Espinosa Martínez aclaró que mientras siga su curso la investigación, no están obligados a citar o a notificar a los implicados. En el momento en que tengan los elementos para considerar que tuvieron alguna responsabilidad los llamarán a comparecer.
De los mil empleados sindicalizados que están en la mira de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, alrededor de 600 laboran en Tijuana, tanto en la administración central como en la comisión del agua.
