Arturo González cobró millones como proveedor con Kiko Vega y también lo hace en el gobierno de Bonilla

Proveedor del gobierno estatal

Reportaje Especial

Aun como presidente municipal, Arturo González Cruz sigue beneficiándose de contratos con la administración pública, primero lo hizo durante más 10 años con los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional y ahora con el de Morena, cobrando sumas millonarias del presupuesto estatal.

Siendo candidato de Morena en 2019 y posteriormente presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz se mantuvo como contratista en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, cobrando contratos millonarios durante varios años.

Estos le dejaron ingresos como persona física, al igual que a su padre y hermano, por cerca de 17 millones de pesos tan solo durante el último sexenio panista.

El encuentro entre Kiko Vega y su proveedor en su calidad de alcalde electo en julio de 2019

Durante esos seis años, sin licitación pública y por medio de adjudicación directa, el gobierno de Kiko Vega entregó más de 12 contratos para rentar dos propiedades, las cuales están actualmente a nombre de Luis Arturo González Cruz, quien firmó personalmente parte de los acuerdos.

En estos inmuebles se ubican instalaciones de la Secretaría de Salud del Estado en Mexicali.

En febrero del 2020, nuevamente Arturo González –ya como presidente municipal– firmó dos contratos con la Secretaría de Salud (Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California) que dirige el doctor Alonso Pérez Rico, dentro del gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

Pérez Rico y el alcalde

Estos contratos entre Arturo González (como proveedor) y la Secretaría de Salud se mantienen vigentes, concluyen hasta el 31 de diciembre del 2020 y suman un monto de 2 millones 898 mil 850 pesos, según los documentos en manos de PUNTO NORTE.

Además, en estos documentos legales celebrados con la Secretaría de Salud de Baja California, Arturo González Cruz dejó asentado por escrito que, posterior a la firma del mismo, en febrero del 2020, se contemplaba una “revisión para un incremento en el precio de la renta”.

Posteriormente a las fechas establecidas para renegociar los precios de la renta, los enfrentamientos del alcalde con el gobierno de estatal fueron públicos.

El presidente municipal asegura que ha sido atacado por el gobierno estatal.

El conflicto de interés fue aún más evidente cuando en octubre González Cruz presentó como alcalde, una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del gobierno estatal por considerar que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la cual es parte de la Secretaría de Salud, no tenía facultades para suspender instalaciones municipales.

Días antes, el alcalde exhibió en un video al hermano del titular de Coepris y lo acusó de tenderle una trampa al donar dulces caducos al Ayuntamiento meses atrás.

El contrato

La conducta de Arturo González podría encuadrar en el delito de tráfico de influencias contemplado en el Código Penal de Baja California con una pena hasta de ocho años de prisión, y es observada como falta grave, como el conflicto de intereses y el ocultamiento de patrimonio, sancionadas según la Ley de Responsabilidades administrativas.

El proveedor de Kiko

Corría el 30 de enero de 2019. Arturo González Cruz junto a su familia se presentó en las oficinas de Morena en Tijuana para registrarse como precandidato a la presidencia municipal.

Concluida su solicitud formal ante el partido que lo llevaría al gobierno municipal, al día siguiente, el jueves 31, se apersonó en el centro de gobierno estatal en Mexicali para firmar los dos últimos contratos millonarios que mantuvo –junto a su padre y hermano– durante todo el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid.

En su registro en Morena, un día antes de renovar contrato con el gobierno panista.

Los contratos que mantuvieron los González Cruz generaron costos millonarios a cambio del arrendamiento de dos bienes inmuebles en Mexicali, en donde se encuentran las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria perteneciente a la Secretaría de Salud.

De las dos propiedades en renta, una es del alcalde, y la otra, la mantiene en copropiedad con su hermano, Luis Alfredo, según los documentos consultados en el Registro Público de la Propiedad de Baja California.

Las oficinas en renta.

Se tratan de los inmuebles ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas y calle Arturo Bernal de la colonia ex Ejido Coahuila en Mexicali. Uno de ellos es usado para las oficinas de la Secretaría de Salud y el otro, de menor dimensión, como estacionamiento para los vehículos oficiales.

16.8 millones

Siendo precandidato de Morena, Arturo plasmó de su puño y letra los dos contratos con la administración de Kiko Vega.

En 2019 quien firmó por parte de la Secretaría de Salud fue Rutilio Pérez Flores, entonces subdirector administrativo de ISESALUD y quien se desempeñaría como director de adquisiciones del gobierno del estado, puesto clave para todas las compras en la administración panista a cargo de Loreto Quintero, ex oficial mayor, actual diputada y una de las principales operadoras financieras del ex gobernador.

La firma

En ese año, el gobierno pagó a Arturo González la suma de 2 millones 814 mil 415 pesos por la renta de ambas propiedades con los contratos JSS-008/2019 y la JSS-009/2019.

La copropiedad de los hermanos González Cruz tiene una construcción de 2 mil 161 metros cuadrados y se pagó 2 millones 556 mil 391 pesos con el IVA incluido en ese año y, por el otro, propiedad solamente de Arturo, y con una superficie de 733.85 metros cuadrados sin construcciones, se acordó el pago de 258 mil 24 pesos IVA incluido.

La vigencia de los contratos, en ambos casos fue por 12 meses, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

En 2018, el gobierno panista entregó cuatro contratos a Arturo y su hermano, sumando la cantidad de 2 millones 844 mil 847 pesos, un par contemplaba de enero a junio y los otros de julio a diciembre, con un incremento en el precio de la renta.

La vista aérea de las oficinas

En esta ocasión, el representante de ISESALUD en el contrato fue Eduardo Vinicio López, entonces subdirector general de administración.

En promedio, la administración de Kiko Vega pagó cada año, 2.8 millones a los González, sumando una cantidad de 16.8 millones de pesos durante el sexenio.

Sin embargo, su estatus como proveedor del gobierno estatal se remonta, por lo menos, a la administración de José Guadalupe Osuna Millán, pues desde entonces las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria se ubicaban en el mismo inmueble.

Si el precio de renta fue similar durante la administración de Osuna Millán, el monto por las oficias y el terreno estaría por encima de los 32 millones de pesos a lo largo de los 12 años de los gobiernos del PAN.

El ex gobernador es investigado penalmente.

Según la partida de inscripción 5750403 del Registro Público de la Propiedad, uno de los bienes inmuebles, el de mayor extensión, fue donado en el 2016 por el matrimonio de Luis González Espinoza y Estela Cruz Vázquez a sus hijos Luis Alfredo y Luis Arturo.

Esa propiedad tiene un valor de avalúo de 14 millones 688 mil pesos. Es decir, que durante la última administración panista se pagó más del valor total de la propiedad.

De acuerdo a los documentos públicos, en la partida de inscripción 5972 del 10 de febrero de 1989, Arturo González es dueño del terreno aledaño que se renta para estacionamiento a ISESALUD.

Contrato vigente

El 6 de febrero del año en curso, cuatro meses después de haber tomado protesta como presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz renovó dos contratos con la administración estatal. El monto suma 2 millones 898 mil 850 pesos.

Él personalmente, al igual que en los contratos anteriores, plasmó su firma como “el arrendador”.

La solicitud de contrato para este año.

Según su agenda, el único evento público que tuvo ese jueves fue la toma de protesta de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) a las 8:45 horas. El lugar donde se celebró dicho contrato, según se estableció en el documento, fue Mexicali.

Días antes, el 22 de enero, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, otorgó el poder de la dependencia a Carlos Gómez Valdez, su director administrativo y este como apoderado legal contrató a Arturo González y a su hermano.

Carlos Gómez, de la Secretaría de Salud del Estado

Como testigos del contrato, aparecen las firmas de Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del departamento de recursos materiales y servicios generales y Mikel Roberto Alcatara Hernández, encargado de despacho de la Dirección Administrativa, ambos de Isesalud.

En el contrato con el número JSS1-068/2020, en la Cláusula Cuarta inciso I, se estableció que “en el mes de abril del presente año, (habría) una revisión para un incremento en el precio de la renta”.

Arturo González es contratista del gobierno del estado y presidente municipal simultáneamente, pues fue contratado en la Secretaría de Salud pese que uno de los requisitos es el presentar una carta de declaración de no conflicto de interés.

Carlos Goméz y Alonso Pérez Rico

Durante su campaña, el entonces candidato se negó a presentar su declaración patrimonial y de intereses, una iniciativa ciudadana que busca transparentar las relaciones económicas del funcionario público y evitar actos de corrupción.

Incluso, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California obliga al Ayuntamiento a publicar “la información en versión pública de la declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de intereses” de los servidores públicos.

Sin embargo,  el Ayuntamiento de Tijuana mantiene oculta esta información.

Delitos y penas

El Código Penal para Baja California, considera que el tráfico de influencias lo realiza aquella persona que “gestione” tramites o resoluciones “de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión” y también quien “indebidamente solicite o promueva alguna resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí”.

Este delito tiene una pena de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta a trescientas veces el salario mínimo.

En cuanto a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, en su artículo 3 define el Conflicto de Interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

Uno de sus contratos con Kiko

De hecho, es obligación, según el artículo 7 de la misma ley, para los funcionarios “dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones”. En ese mismo artículo, la Ley prohíbe a los servidores públicos “realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado”.

En este caso debió de haber sido la síndico procuradora María del Carmen Espinoza quien advirtiera el conflicto de interés y sancionar, en caso de acreditarlo, pues a ella le corresponde la revisión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios municipales.

Funcionario y proveedor de gobierno al mismo tiempo

Finalmente, se considera una falta grave (artículo 60 de la Ley) cuando servidor público incurrirá “en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés” cuando éste “falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o un conflicto de interés”.

El alcalde de Tijuana y proveedor del Estado es uno mismo, Arturo Gonzalez quien aspira a la gubernatura de Baja California, ha cobrado millones de los presupuestos públicos, haciendo negocios personales y manteniéndolo oculto. La opacidad y el conflicto de intereses se cacarea por en millones.

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Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).