Tijuana.- El agua será motivo de confrontación en el máximo tribunal entre el Ayuntamiento de Tijuana y el gobierno estatal, luego de que el alcalde, Arturo González Cruz, informara que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) pase a manos del municipio.
Con esto, dijo, se acabarán los tandeos y las constantes quejas de los ciudadanos por las fallas en el sistema de drenaje.
Salvo que el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, accediera de forma “voluntaria” a municipalizar a la CESPT, darían marcha atrás a la controversia constitucional.
“El agua y drenaje deben ser municipales de acuerdo al artículo 115 de la Constitución y vamos a pedir que así sea para la ciudad de Tijuana. Ya basta que vamos a las colonias y nos piden el agua y drenaje, y vemos que el gobierno del estado no lo está solucionando”, expresó.
De concretarse, el presidente municipal podrá ordenar que se actúe en la prestación de esos servicios y terminarían los cortes programados, que han sido una queja recurrente.
“Nos corresponde por ley y así debe de ser, pero además, le recuerdo al gobernador que lo prometió en campaña que así lo iba a hacer. Ojalá que en vez de que se vaya a una controversia constitucional, nos entregue la dependencia”, dijo.
Recordó que en otros estados el manejo del agua se le ha conferido a los Ayuntamientos, por lo que ya es tiempo que Tijuana esté a cargo de la dependencia.
A esta controversia constitucional se suma una en contra de la modificación a la Ley de Régimen Municipal de los Ayuntamientos, aprobada el pasado sábado de manera exprés en el Congreso del Estado, que faculta al gobernador de proponer a quien sustituya a los presidentes municipales en caso de que el titular pida licencia por más de 30 días y de que el suplente no se presente a asumir su cargo.
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“Lo que vimos es la intentona, que a final de cuentas se concretó, del gobernador de cambiar la Constitución, las leyes de Baja California, a su beneficio, para efecto de evitar que algunas personas puedan participar en el proceso 2021”, acusó.
La reforma a la Ley dijo que se hizo en su contra para “afectar precisamente los derechos políticos electorales, me queda muy claro, pero no me va a frenar. No me va a parar”.
González Cruz informó que interpondrán una tercera controversia constitucional, relacionada con una moratoria aprobada en el Cabildo y que beneficiaba al Grupo Caliente de Jorge Hank Rhon para que no tuviera competencia en la ciudad durante 10 años. Y a la cual el gobierno del Estado se opuso.
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“Los acuerdos de Cabildo no pueden estar a manos de lo que quiera el gobierno del estado, no los publican unos que porque no quieren publicarlos y otros los publican, pero después los anulan, eso no puede ser. La autonomía municipal se tiene que garantizar”, finalizó.
