Tijuana.- Con solo un voto en contra, el de la síndico procuradora, el Cabildo de Tijuana aprobó enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de juicio de controversia constitucional tras la aprobación del decreto 158, por parte del Congreso del Estado.
A la sesión, realizada de manera virtual, no asitieron los regidores Mónica Vega, Adrián González y Miguel Medrano, por lo que fueron 13 votos a favor del punto de acuerdo.
La controversia es en contra de dicho órgano legislativo, pero también del gobernador, Jaime Bonilla Valdez y del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Además, el punto de acuerdo aprobado por los regidores y el alcalde establece que deberá ser la síndico quien presente la controversia ante la Suprema Corte.
Se trata de la reforma al artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal de los ayuntamientos, para que sean lo suplentes constitucionales quienes tomen el lugar de munícipes cuando soliciten licencia y en caso de estar imposibilitados para hacerlo, el suplente sería nombrado a través de una terna enviada por el gobernador al Congreso.
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Esto aplica para cuando el titular se ausente del cargo por más de 30 días, pero el alcalde de Tijuana, quien se abstuvo de solicitar licencia temporal, como lo había atravesado, hora después de que los diputados aprobaran el dictamen.
El presidente municipal había admitido que no sería su suplente quieren fuera llamada a reemplazarlo, como ocurrió la primera vez que solicitó licencia, sino un integrante del Cabildo.
En sesión extraordinaria, el regidor Luis Antonio Quezada Salas presentó el dictamen que no fue turnado a comisiones por la justificación de darle urgencia de darle salida, mediante el cual expone que en la sesión celebrada el pasado 14 de noviembre en el Congreso del Estado, se tomaron atribuciones que van en contra de la división de poderes.
Como integrante de la Comisión de Régimen Interno (CRI), Quezada Salas señaló que están obligados a salvaguardar la autonomía municipal y a solicitar la protección de una instancia federal, ya que los miembros del Congreso se salieron de su ámbito de competencia al reformar el artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal.
En los considerandos se instruye a la Consejería Jurídica a que entregue el documento que contiene la demanda de juicio de controversia constitucional a la síndico procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, para que sea quien ostente la representación de la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Tijuana, en contra del Congreso del Estado, del titular del Ejecutivo Estatal y del titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado.
El acuerdo le otorga un máximo de tres días, una vez que la consejería le entregue la demanda, para que la firme y la envíe de vuelta a la Comisión de Régimen Interno. Si no lo hiciera, entonces la responsabilidad se trasladaría al alcalde, Arturo González Cruz.
Ediles y alcalde votaron la propuesta a favor, sin embargo Espinoza Ochoa votó en contra razonado.
Al emitir su posicionamiento, dijo que le parecía muy extraño que de nueva cuenta se le asignen funciones que el presidente por reglamento puede ejercer, en un claro reclamo porque se le está orillando a confrontar al gobernador, Jaime Bonilla Valdez.
Aunque dijo que sí entra dentro de sus facultades representar el Ayuntamiento en estos actos, señaló que le parecía extraño e intencionado que se le involucre “en decisiones que tienen que ver con el gobierno del estado… no entiendo la insistencia de involucrarme sin necesidad alguna”.
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En la sesión extraordinaria que se celebraría el 14 de noviembre, en donde González Cruz iba a pedir de nueva cuenta una licencia, acusó que se pretendía aprobar un punto de acuerdo “a todas luces ilegal”, porque se dejaría como encargado a un regidor, siendo que hay un suplente. Por todo ello, justificó su voto en contra.
El regidor Luis Antonio Quezada pronunció que bajo ningún argumento se puede ver afectada la división poderes y menos por intereses políticos.
Mientras que la regidora Edna Mireya Pérez dijo que este es un asunto de legalidad y es una respuesta sesuda a un capricho.
Expresó que le daba gusto trabajar “con gente que sí piensa… qué triste que en Baja California haya hoy otra necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les venga a corregir la página por actos inconstitucionales a todas luces, y qué vergüenza que el Honorable Congreso del Estado, que honorable habría de ser, sea quien cometa tal barbaridad”.
Por su parte, el regidor José Cañada exhortó a los ediles a que también se trabaje para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) pase a manos del Ayuntamiento y para que el transporte público vuelva a ser facultad municipal.
Al momento de emitir su voto, el alcalde Arturo González Cruz dijo que estaba a favor de la autonomía municipal y agregó que si lo que el Congreso del Estado hizo fue legal, así lo determinará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en su defecto, dirá si el decreto 158 es anticonstitucional.
