Tijuana.- El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo López Montes, advirtió que la eliminación de la participación ciudadana e iniciativa privada dentro de los consejos administrativos de las diferentes Comisiones Estatales de Servicios Públicos en los municipios, es un retroceso en la transparencia y transformación democrática que busca el gobierno.
El pronunciamiento lo hizo durante la sesión del pleno del Congreso del Estado, en donde fue aprobada la reforma a la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California.
El legislador perredista dijo que confía en que sus compañeros legisladores consulten en sus distritos la conveniencia de eliminar la representación civil en los órganos de gobierno.
“Estas figuras no debe de ser eliminada porque hacen equilibro dentro del consejo, debemos legislar para que el gobierno siga teniendo las posibilidades de escuchar al pueblo”, recordó.
Dijo también que utilizar el argumento que la eliminación de las figuras ciudadanas y de comerciantes es debido a que no se ha avanzado en brindar un mejor servicio, representa poner en duda el manejo de las Comisiones, ya que el gobierno enaltece la honestidad y la participación plural de todos los organismos, para el correcto manejo y la transparencia de los mismos.
“Entre todos los ciudadanos debemos tener la oportunidad de descubrir las injusticias, y ayudar a los más necesitados, constatar de las auditorias y de las acciones contundentes que evitaran el robo de más agua en la entidad”, manifestó.
Otras modificaciones que contempla la reforma está el sustituir al gobernador dentro del Consejo y en su lugar colocar como presidente del mismo, al secretario para el Manejo, Saneamiento y Proyección del Agua, así como incluir al secretario de Economía Sustentable y Turismo.
También se eliminan las causales de remoción de los consejeros al no tener conflictos de interés al celebrar contratos vigentes con la Comisión o desempeñar puestos administrativos, ser socio o tener comunidad de intereses con personas que contraten con la Comisión o realicen gestiones ante la misma.
