Directivos de Blue Propane son presentados ante el Ministerio Público

Tijuana.- Por la denuncia penal en su contra por serie de delitos relacionados con la instalación irregular de estaciones de gas LP, los directivos de la empresa sonorense Blue Propane, Jorge Alberto Elias Retes, Marco Antonio Sánchez y Edgar Alan Jaramillo, comparecieron ante el ministerio público.

Esto después de casi dos años que la denuncia fue interpuesta por vecinos de las zonas que se verían afectadas con la operación de las llamadas “gaseritas” ante la hoy Fiscalía General del Estado (FGE).

En el gobierno de Juan Manuel Gastélum “El Patas”, Blue Propane recibió 10 permisos para construir estas estaciones de carburación y plantas de almacenaje de gas natural y gas LP, aunque una moratoria aprobada por el Cabildo de Tijuana impide la instalación de estos negocios por el peligro que representan para las comunidades.

La carpeta de investigación con número único de caso 0204-2019-11185 señala que los dueños y representante legal de la empresa son investigados por los delitos de promoción de conducta ilícita, desobediencia de particulares, cohecho y distracción de recursos públicos.

Sin embargo, desde el inicio de la investigación penal, los empresarios se habían abstenido de acudir a la Fiscalía para comparecer.

Debido a que los representantes de Blue Propane residen en Sonora, la Fiscalía tuvo que pedir la colaboración de su contraparte, la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Fue así como el 5 de octubre de 2020, Jorge Alberto Elias Retes se presentó ante el ministerio público del fuero común en Etchojoa, Sonora, para rendir su declaración.

Por medio de su defensor particular, Marco Ernesto Tellez Estrada, solicitó copia de la investigación en su contra y solicitó un plazo de cinco días para presentar su declaración por escrito.

La denuncia fue interpuesta por el activista Jorge Ramos Pérez, vecino de la colonia Salvatierra, y quien ha sido uno de los ciudadanos que ha encabezado el movimiento social para pedir a las autoridades que no permitan la operación de las estaciones, las cuales incluso fueron clausuradas en 2019 por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

Las estaciones fueron asegurados por el ministerio público en 2019

Como el resto de los vecinos de las colonias donde las estaciones entrarían en funciones, Ramos Pérez ha explicado que los lugares no son aptos para este giro.

Algunos sitios son de alto riesgo, ya sea por la inestabilidad del suelo, la cercanía de centros comunitarios o escuelas, riesgo de sismo o que no se respeta la distancia mínima con instalaciones de alto riesgo como una estación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No obstante, los permisos fueron otorgados casi de manera inmediata desde que ingresó el gobierno del panista El Patas, cuya propia paramunicipal, el Instituto Metropolitano de Planeación (Implan) determinó que no era factible la instalación.

De ahí que los vecinos denunciaran que los empresarios pudieron haber entregado sobornos para expandir su empresa a Baja California.

Será la Fiscalía local la encargada de investigar los hechos. Mientras tanto, las estaciones que fueron construidas, permanecen sin operar.

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