Pedirán a Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas de Kiko Vega

Tijuana.- Las cuentas bancarias del ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid están próximas a ser congeladas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez.

Además, la funcionaria presentará una nueva denuncia por el presunto mal manejo de recursos en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), con lo que el ex mandatario acumularía su quinta denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Vicenta Espinosa explicó que existen elementos suficientes para solicitar que le sean congeladas sus cuentas bancarias, en tanto concluyen las investigaciones y explica la procedencia de sus recursos.

“Estamos integrando todo para poder solicitarlo, ahora que el Senado aprobó que sí se puedan congelar sin la autorización (judicial), directamente por parte de Santiago Nieto o de la Unidad de Inteligencia Financiera”, indicó.

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Cuando se congelan cuentas, dijo, es porque se comprobó que existe responsabilidad y un grado de delito, “por eso estamos trabajando ahorita para eso”.

La funcionaria recordó que a Vega de Lamadrid se le investiga por diversos delitos, entre los que figuran desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y coalición de servidores públicos.

“Son muchas inconsistencias. Estuve en el CEJUM, al parecer hay un desvío de recursos muy grande y muy importante, vamos a continuar trabajando porque seguramente va a haber otra denuncia ahí, la quiero presentar a lo mejor la siguiente semana”, adelantó.

Estimó que no será la última investigación, ni la última denuncia que presenten, en donde se involucra a funcionarios de la pasada administración.

La más reciente se presentó el pasado 19 de noviembre ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el desvío de recursos del ejercicio fiscal del 2019 para el pago de personal de salud y para la compra de medicamentos, que provenían del Seguro Popular.

Se estima que hubo un desvío superior a los 361 millones de pesos.

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