Tijuana.- Por acuerdo de Cabildo, la síndico procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, tiene tres días hábiles para firmar el documento que “destrabe” el proceso de instalación del nuevo elevador para personas con discapacidad o movilidad reducida en Palacio Municipal.
Y aunque ella misma votó a favor del dictamen, señaló que la reciente manifestación de una asociación civil y las mantas que se colocaron para exigir la pronta instalación del elevador, fueron acciones orquestadas para dañar la imagen de la dependencia.
Por ello advirtió que una vez concluidas las investigaciones, se fincarán responsabilidades a varios funcionarios de la actual administración y en su caso, tomarán acciones penales, “por su irregular actuación en el presente asunto”.
Aunque reconoció que no existe impedimento legal para que se instale el elevador, pues no interfiere con las investigaciones que se siguen en contra de ex servidores públicos, acusó que “el contenido de las mantas exhibidas y notas periodistas publicadas sobre el tema, son una falacia creada para engañar a la ciudadanía y dañar la imagen de la Sindicatura”.
Señaló también que la reciente manifestación fue un abuso en perjuicio de personas vulnerables en plena contingencia sanitaria, a cambio de una rosca (de Reyes), a quienes hicieron subir escalones y arriesgar su salud.
Espinoza Ochoa recordó que desde 2013, cuando se autorizó la instalación del elevador para personas con discapacidad en el XX Ayuntamiento, se reportaron fallas, que se atribuyeron a variaciones en el voltaje de Palacio Municipal.
En 2015, Sindicatura determinó que hubo responsabilidad de servidores públicos y dictaminó su inhabilitación, lo que mantiene abiertos cinco expedientes contra ex funcionarios de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM), ya que éstos impugnaron la resolución.
El 14 de mayo de 2020, Oficialía Mayor llevó a cabo la compra del nuevo elevador por un monto superior a los 796 mil pesos, lo que la síndico acusó se realizó en plena contingencia y cuando se encontraban suspendidos los plazos y términos en todas las instancias públicas, por lo que estaban impedidos para manifestar su postura.
Ahora con este acuerdo de cabildo, se le otorgan tres días para responder si existen impedimentos legales y si los trabajos entorpecen las investigaciones, de lo contrario se procederá a hacer la instalación del elevador sin su autorización.
Al respecto, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, expresó que son “ocho años de personas con capacidades distintas sin contar con un elevador que ya tenemos y que podemos instalar”.
Previo a la votación, el regidor Gabriel Zambrano pidió poner fin a esta controversia para resolver un asunto que es de carácter técnico y que deja como víctimas a los ciudadanos que están impedidos para subir y bajar las escalinatas de Palacio Municipal.
Aclaró que Sindicatura no está impedida para fincar responsabilidades, incluidos servidores públicos de la actual administración.
El regidor Luis Antonio Quezada lamentó que se tuviera que emitir un punto de acuerdo para dar un plazo, cuando se pudo haber evitado la burocracia.
Alcalde, ediles y síndico votaron a favor del dictamen, a excepción del regidor Josué Gutiérrez, quien se abstuvo.
La instalación de un elevador exclusivo y especial para personas con discapacidad surgió por iniciativa de la regidora Claudia Ramos Hernández, que durante el XX Ayuntamiento presidió la Comisión de la Familia.
Sin embargo, desde un inicio la administración municipal, a través de Oficialía Mayor y DOIUM manifestó que había problemas técnicos, lo que en repetidas ocasiones dejó atrapados a ciudadanos al interior del elevador.
