Tijuana.- El gobierno de Baja California anunció hoy el arranque de la construcción de un segundo piso que conecte el tránsito vehicular desde el Aeropuerto de Tijuana hasta la entrada a Playas de Tijuana.
La obra está a cargo de Grupo Caabsa, una empresa fundada en 1979 y con base en la Ciudad de México, la cual según su portal de internet conglomera a 100 empresas, principalmente dedicada a la “construcción, proyección, dirección, cálculo, asesoría, supervisión y administración de toda clase de obras de ingeniería”.
Desde un terreno baldío en la zona conocida como el Cañón del Matadero, en el entronque entre la entrada a Playas de Tijuana, el libramiento Rosas Magallón, El Mirador y El Soler, el gobernador Jaime Bonilla Valdez encabezó el evento de presentación del proyecto.
La obra denominada “Viaducto de cuota con segundo piso” implica una inversión de 5 mil 500 millones de pesos, la cual de acuerdo con autoridades estatales, será cubierta en su totalidad por la empresa ganadora de la licitación.
A cambio, la compañía operará la concesión de la vialidad que contará con una longitud de 9.2 kilómetros y cuyo cobro de peaje se estima en los 25 pesos.
En atención a medios de comunicación, Bonilla Valdez aseguró que el gobierno estatal no aportará recursos para este viaducto, la cual había intentado construirse bajo la modalidad de asociación público-privada, esto es una inversión mixta entre recursos públicos y capital privado, durante la administración de Francisco “Kiko” Vega.
“Es un proyecto completamente diferente. Ellos obligaban al estado que les garantizara un aforo y nosotros no estábamos dispuesto a hacer eso. Era endeudar al estado, no podíamos garantizar nosotros eso”, apuntó.
Explico también “nosotros siempre hemos pensado que si una empresa cree en el proyecto, cree en la sociedad, que se la juegue con nosotros. Les va a ir bien seguramente”, añadió.
Sobre el anterior esquema de asociación pública-privada, comentó “no querían correr ningún riesgo y no tenían por qué los bajacalifornianos pagar por ese negocio de ellos”.
Las estimaciones del proyecto es que una vez iniciada la construcción, lo cual podría ocurrir en un periodo de tres meses, la obra concluya en un máximo de 12 meses, pues la empresa calcula avanzar un kilómetro al mes.
En total, el anillo periférico busca reducir de 40 a 5 minutos el tiempo para trasladarse desde el Aeropuerto de Tijuana, en la zona de Otay, al entronque del Cañón del Matadero, por medio del segundo piso que correría por encima del Cañón Zapata en la colonia Libertad, la avenida Internacional y otras vialidades.
Además, explicó la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Karen Postlethwaite, que el viaducto contaría con 12 salidas, seis en una dirección y seis en otra, hacia puntos como El Soler, la avenida Revolución y el cruce fronterizo El Chaparral-San Ysidro.
De igual forma, se tiene estimado que actualmente transitan 40 mil vehículos al día por el tramo existente.
Según el secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan, se trata del “proyecto de infraestructura más grande de Tijuana en los últimos 40 años”.
Por su parte, Bonilla Valdez lo consideró como “el antes y después de la movilidad en Baja California” y consideró que Tijuana se ha convertido en una Ciudad de México a pequeña escala, con los mismos grandes problemas de movilidad, pero sin planeación.
También reconoció “se terminará después de que yo termine mi gobierno, pero eso no va a ser lo importante, lo importante es lo que vamos a dejarle como huella este gobierno a la comunidad”.
De igual forma destacó que el gobierno estatal no se endeudará con la obra, pues no se trata de una asociación público privada ni se garantiza el aforo vehicular a la empresa operadora del viaducto, lo cual implicaba que el gobierno estatal pagara los montos equivalentes al aforo en caso de que la empresa no recuperara la totalidad del dinero con el aforo proyectado, como se tenía propuesto en el gobierno de Vega de Lamadrid.
Como otras asociaciones público privadas, la más destacada la de la desalinizadora en Playas de Rosarito, estas obras no prosperaron en el anterior sexenio.
Al respecto, Bonilla Valdez condenó la herencia de una deuda por 34 mil millones de pesos cuando recibió la administración estatal.
De este monto, aseguró que 17 mil millones de pesos corresponden a deudas contraídas en el gobierno de Kiko Vega.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
