Tijuana.- La defensa legal del Club Campestre acusó a las autoridades estatales de modificar las partidas registrales para tratar de quitarles la propiedad y con ello evitar el pago de la indemnización de mil 500 millones de pesos, por lo que en lugar de expropiación se trataría de la confiscación del bien inmueble.
De acuerdo con el abogado del Club Campestre, Adolfo Solís Farías, cuentan con el título de propiedad, “lo tenemos y se va a exhibir ante las instancias respectivas”.
Sin embargo, explicó que en este momento lo que buscan probar es la improcedencia de la causa de utilidad pública.
Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo Campestre, Mario Gastón Toledo Castillo, reforzó la versión del abogado, al asegurar que cuentan con los documentos que acreditan la titularidad del inmueble.
“Es falso que el Club Campestre sea una cantina, no señores, aquí acudimos hombres y mujeres dignos, tijuanenses preparados con el justo derecho de tener un club social, esto es un club familiar”, dijo en referencia a las expresiones que el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha hecho para explicar el por qué expropiar la propiedad.
Por su parte, Solís Farías añadió “el club ha iniciado acciones legales, el club se ha visto mermado en sus bienes y derechos, ha habido manipulación y ha habido alteración a las partidas registrales, eso está denunciado ante los jueces federales, hemos sido notificados y está corriendo el plazo de 15 días”, indicó.
Las personas que realizaron la modificación de las partidas registrales, quienes crearon partidas nuevas ante el Registro Público de la Propiedad –dependencia a cargo del gobierno estatal- y borraron la historia del inmueble, están plenamente identificadas. Sobre ellas, dijo, recaerá una responsabilidad de carácter penal.
Afirmó que existen otras irregularidades, como la reciente modificación a la Ley General de Bienes del Estado, lo que permitiría a las autoridades concesionar a particulares las instalaciones del Campestre, una vez expropiadas.
Mencionó que el 25 de enero, el Congreso del Estado llevó a cabo adiciones a tres artículos, el mismo día que se hizo el anuncio del decreto de expropiación.
Uno de los artículos fue el 10 fracción III, en donde se indica que “los bienes de dominio público destinados a un servicio público, se pueden concesionar”. Y si se apegan al artículo 50, este señala que las concesiones de esa naturaleza se pueden hacer vía adjudicación directa.
“Yo no sea cuál sea la intención, pero lo cierto es que este club no se va a concesionar a nadie, no se va a entregar a nadie para su explotación”.
Solís Farías recalcó que este asunto ya se dirime en los tribunales federales instalados en Baja California, en donde considera que tienen amplias posibilidades de que los jueces resuelvan a su favor.
“Hoy podemos darnos cuenta que se ha notificado ya formalmente la declaratoria de utilidad, que será agotada en las fases administrativas, en la cual hemos encontrado deficiencias técnicas, deficiencias sustanciales”, manifestó.
Y añadió “estamos convencidos que el club tiene no solo la propiedad, sino la razón”.
Agregó que no tiene duda de que dicho decreto va a ser revertido, porque hay una defensa técnica, no mediática y porque la propiedad privada no se puede invadir por cuestiones políticas.
El presidente del Club Social y Deportivo Campestre, Mario Gastón Toledo Castillo, reforzó la versión del abogado, al asegurar que cuentan con los documentos que acreditan la titularidad del inmueble.
“Mienten aquellos que afirman que no somos legítimos dueños, declaran falsamente los que aseguran que el Club Campestre tiene adeudos con el municipio, con las autoridades estatales y con las autoridades federales”.
Recordó que el costo de sostener las instalaciones, tan solo en lo que respecta a las áreas verdes, asciende a 60 millones de pesos anuales, en tanto que el gobierno estatal contempla un presupuesto de cinco millones de pesos para su mantenimiento.
La defensa alega que hay 208 parques en la ciudad que ni siquiera reciben el mantenimiento real, porque no se destinan los 308.4 millones de pesos anuales que se deberían presupuestar anualmente.
Además, destacó que el Club ofrece 225 empleos directos y mil indirectos.
El líder del Club Campestre aseguró que son una organización apolítica y así se van a mantener durante el presente proceso electoral, en el que algunos candidatos opuestos a Morena han criticado el decreto de expropiación y hasta se han comprometido a revertir esta acción, en caso de obtener el triunfo.
Por su parte, Roberto Quijano Sosa, quien es socio y vocero de la institución, acusó al gobierno del estado de querer restringir el uso y propiedad de un inmueble.
“Este decreto huele, apesta, a revancha política entre dos políticos, no huele a un reclamo social, que sería justificable. Sin embargo, sus diferencias, señores políticos, que las diriman en otra cancha, si quieren en un campo de béisbol en San Diego”.
Dirigentes del Club Campestre señalaron que cuentan con el respaldo de clubes de golf y campestres a nivel nacional, que ven con preocupación este intento de expropiación.
