Tijuana.- A decir del secretario general de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, hasta ahora no ha habido defensa legal en contra de la expropiación del Club Campestre, por lo que dijo que una vez transcurridos los 15 días hábiles de la declaratoria se convertirá en un bien público.
Además, descartó la versión de que dichas instalaciones serán confiscadas y concesionadas, ya que crearán un organismo para que se encargue de su mantenimiento, con un presupuesto anual de 5 millones de pesos.
Mientras socios del Club Campestre aseguran que ya tomaron acciones legales para frenar la expropiación, el funcionario estatal dijo que a pesar de “múltiples declaraciones, incriminaciones, acciones mediáticas, montajes periodísticos, ninguna persona, ni organización ha acudido a la Secretaría General de Gobierno a expresar su interés por analizar este expediente”, a fin de encontrar razones para que proceda una impugnación.
“Si sigue como va y no hay ni un tipo de impugnación, la estaremos decretando en 15 días”.
El documento técnico, afirmó, está basado en lo que marca la Constitución, las leyes estatales, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso tratados internacionales sobre el derecho humano a la cultura, la recreación y el esparcimiento, por lo que negó que carezca de sustento.
Rodríguez Lozano abundó que se ha generado una “falsa controversia” por la titularidad del bien y según lo que han encontrado en los registros, habría tres posibles propietarios, aunque dijo no les corresponde juzgar eso.
“Sería un error garrafal que una acción de esta naturaleza estuviera basada en documentos falsos… seríamos el hazmerreír, por supuesto, todo está perfectamente sustentado”.
Este lunes se publicó el segundo edicto para convocar a quienes aparecen en el registro, porque no tienen forma de localizarlos.
“Es un tema que a nosotros en estos momentos no nos importa mucho, ya que lo que la ley obliga es a una indemnización que deberá pagarse dos años después de que se expropie”, expuso.
Acompañado del equipo legal de la Secretaría General de Gobierno, el funcionario aseguró que no buscan confiscar el bien, ni tampoco concesionarlo para enriquecer a una persona, ya que se creará un organismo para su sostenimiento.
Aparte de los 300 millones para las obras que lo convertirían en un parque interactivo, al año le destinarán cinco millones de pesos para su conservación.
De acuerdo a la dirigencia del Club Campestre, tan solo mantener el campo de golf les cuesta 60 millones de pesos anuales.
No obstante Rodríguez Lozano opinó que la cifra está inflada, porque seguramente una parte se iba a los bolsillos de alguien y dijo que el monto se reducirá cuando eliminen los “greens”, que es la parte más costosa.
También puedes leer “Es falso que Club Campestre sea una cantina, es un club familiar”, dice su presidente
El funcionario estatal, quien reconoció que fue socio del Club Campestre hace siete años, pero renunció porque no asistía y le costaba 5 mil pesos mensuales, rechazó que haya un programa de expropiación en marcha.
Defendió el decreto al asegurar que no es un acto arbitrario, ni en contra de la propiedad privada, sino que es el único lugar en esa zona que reúne las características de un parque para prestar el servicio a un millón 200 mil habitantes de colonias como Postal, Libertad, Centro, Altamira, Francisco Villa, Los Laureles, entre otras.
Con esto también desechó la versión de que sea una venganza política en contra del alcalde con licencia, Arturo González Cruz, quien apareció como candidato en la lista de diputados plurinominales del Partido Verde.
