Tijuana.- Mientras más de cuatro mil 500 médicos privados siguen a la espera de la vacuna contra el COVID-19, este martes se tenía previsto concluir con la aplicación de las primeras dosis para internos de centros penitenciarios.
A decir del secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, fue una decisión basada en medicina y en el riesgo epidemiológico.
Su argumento fue que, las personas privadas de su libertad no pueden hacer distanciamiento social, como quienes se encuentran en libertad. Además de que, en caso de un brote y de que al menos el 10 por ciento de los internos requirieran hospitalización, las camas en los hospitales COVID serían insuficientes.
“La evidencia es que tenemos más de 13 mil personas en espacios muy reducidos, en cinco centros penitenciarios que tenemos que cubrir y proteger ante la inminente llegada de la tercera ola. Lo que queremos es ser preventivos”.
Insistió en que hay riesgo epidemiológico al tener concentradas a tres mil o hasta cinco mil personas en espacios donde no se puede hacer el distanciamiento social y en donde la estructura es de metal, que preserva el COVID.
“Es un riesgo epidemiológico inminente que todos los días yo tenía miedo de que hubiera brotes masivos dentro de sistemas penitenciarios, porque ¿a dónde los distanciamos?, ¿dónde los ponemos?”, pronunció, “podemos hacer distanciamiento social y cuidarnos, ellos no”.
Si dentro de tres semanas hubiera un brote masivo al interior de los centros penitenciarios, habría muchos pacientes con síndrome respiratorio, que tendrían que ser trasladados a hospitales y ocuparían camas que podrían destinarse al resto de la población, advirtió.
A pesar de la condición legal que enfrentan y de sus antecedentes delictivos, indicó que son seres humanos que merecen ser tratados igual que el resto, en materia de salud.
“Por supuesto que va a haber decisiones que no son populares, obviamente el que no terminemos de vacunar a la tercera y cuarta línea del sector médico no es popular, pero es un lineamiento federal y una política de vacunación que tenemos que seguir”, indicó.
Una vez que los internos reciban la dosis de refuerzo se dará la autorización para que se flexibilice el protocolo sanitario, que hoy solo permite que un familiar acuda a la visita, la cual es breve y sin la opción de tener contacto físico.
En ese sentido, Pérez Rico precisó que con la vacunación ellos se ubicarán en otro contexto epidemiológico, porque al menos el 95 por ciento de los internos estarán vacunados, mientras que afuera no han llegado ni al 10 por ciento de la población.
El funcionario reconoció que hay otros grupos que están demandando ser vacunados, porque se consideran población de riesgo, “pero no hay vacuna para todos”.
Pese a la limitada disponibilidad del biológico, destacó que ya están por terminar de vacunar a los adultos mayores, que ya concluyeron la vacunación a personal educativo y que al mismo tiempo comenzaron con el grupo de 50 a 59 años.
En los hospitales públicos falta por vacunar a personal administrativo, mientras que en el sector privado hay más de cuatro mil 500 médicos en espera de una dosis.
Durante el primer día de vacunación para las personas de 50 a 59 años, hubo médicos y odontólogos de Tijuana que acudieron a vacunarse a Rosarito, porque según comentaron a PUNTO NORTE, ya es insostenible tener que trabajar sometidos a un alto riesgo de contagio, pudiendo estar vacunados.
De las dosis asignadas a maestros se había calculado que sobraría una cantidad importante, que iban a destinar a policías municipales, pero Pérez Rico indicó que ya no les alcanzó, pues iban a contar con menos de mil dosis.
No se consideró la posibilidad de llamar cuando menos a los uniformados que sufren alguna comorbilidad.
