Tijuana.- Una propiedad ubicada en la colonia Leandro Valle, cerca de fraccionamiento Hacienda Agua Caliente, fue objeto de una disputa esta tarde cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron para intentar asegurarla.
El ex gobernador Alejandro González Alcocer y la licenciada Virginia Anaya Vidales, quienes impidieron que la autoridad tomara posesión del terreno y después de varias horas de alegatos, obtuvieron un amparo que evitó que fueran despojados.
Incluso, en algún punto, los agentes de la Fiscalía advirtieron al equipo de abogados y representantes legales que serían detenidos si en menos de cinco minutos no abandonaban la propiedad.
El ex mandatario panista calificó como arbitraria la actuación de la Fiscalía.
De acuerdo con Anaya Vidales, el personal que está a cargo de la vigilancia del terreno de 3.3 hectáreas de extensión recibió la advertencia de que tenían que desalojar el lugar, pues iba a estar bajo custodia de la Fiscalía General del Estado.
Más de una decena de unidades y alrededor de 30 elementos de la Agencia Estatal de Investigación resguardaron el perímetro, además de que bloquearon el acceso sobre la calle Milton Castellanos.
Cuando la abogada llegó, señaló que se encontró con un aparatoso operativo para atender una diligencia que ni siquiera está relacionada con un hecho delictivo, además de que rompieron el cerco que fungía como acceso.
Aclaró que en el predio no se cometió ningún homicidio, ni hallaron droga o a algún secuestrado, por lo que no estaba justificado el aseguramiento.
Sin embargo, confirmó que hace unos días un particular intentó invadir el terreno, a nombre de una empresa, “pero no han dado la cara todavía, es un particular que está coludido con la Fiscalía”.
Pese a que pidió que le mostraran la orden del aseguramiento, el plano en donde se acreditara de ese predio y no de otro, así como los nombres de quienes cumplían con la diligencia, no se le dio respuesta.
“Ninguno quiso mostrar el gafete, nada más están amenazando con que nos van a llevar detenidos y nos van a sacar del predio, porque dicen que es un inmueble que está asegurado que le pertenece a la Fiscalía, pero no nos dan información de cuál es el motivo, no enseñan oficio, carpeta de investigación”.
La tensión aumentó cuando el agente del Ministerio Público, Arturo Gutiérrez Tovar, titular de la Unidad de Delitos Patrimoniales, se acercó para explicarles que se trataba del aseguramiento del inmueble, derivado de una carpeta de investigación.
Esto porque un particular llegó a la Fiscalía para presentar una denuncia por despojo, pero la parte denunciada no fue notificada y, además, la Fiscalía pretendía asegurar el inmueble para entregarlo a la supuesta parte denunciante.
“Los invito a salir”, les indicó el agente del Ministerio Público, al tiempo que les otorgó cinco minutos para retirarse voluntariamente del predio o iban a ser detenidos.
Anaya Vidales explicó que la propietaria –de nombre Guillermina- adquirió el predio en 1961 y cuenta con todos los documentos que acreditan la posesión legal, mientras los mostraba a las cámaras, junto con el plano de los límites de las 3.3 hectáreas que actualmente permanecen como baldío. Solo hay una pequeña caseta de seguridad.
“La autoridad se está prestando para hacer un despojo, en base a una carpeta de investigación que no trae ni plano”, expresó, “esto es tan delicado como que a cualquier ciudadano le digan en su casa que, porque la fiscalía pretende hacer una investigación, le van a quitar su casa”.
Por su parte, el ex gobernador Alejandro González Alcocer, en su calidad de apoderado legal, indicó que fue un acto arbitrario el cometido por la autoridad: “esto es absurdo, es mandado por alguien que tiene un interés en este terreno, para eso se está prestando la fiscalía, esto es increíble”.
Sostuvo que el despojo es por parte de la autoridad, para beneficiar a algún particular que tiene intereses sobre el terreno.
Pasadas las 5:00 de la tarde, llegó el amparo contra cualquier acto de la autoridad.
Además de esta acción, la parte afectada informó que interpondrán denuncias y reportarán los hechos ante el área de asuntos internos por lo que consideran fue un abuso de autoridad.
