Tijuana.- El próximo proceso electoral local ya no tendrá más anuncios espectaculares, bardas pintadas ni pantallas electrónicas con la imagen de los candidatos y sus partidos políticos; deberán apostarle a medios alternativos o las redes sociales.
El Congreso de Baja California aprobó con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención, la reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California propuesta por el gobernador Jaime Bonilla Valdez en junio pasado, por la que se prohibiría la propaganda electoral a partidos políticos y coaliciones.
“Tendrán que caminar, buscar al ciudadano en la calle”, justificó el diputado Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
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Con la aprobación de este dictamen, los partidos políticos ya no podrán hacer propaganda electoral cuando se trate de “colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar propaganda en bardas, vallas, espectaculares, pantallas electrónicas o similares ya sea de uso común o privado”.
Tampoco podrán publicitarse en unidades de transporte público de pasajeros o de carga; una práctica común durante las campañas electorales, utilizada por múltiples candidatos para mostrar “músculo político”.
La reforma aclara que los informes de actividades no serán considerados como propaganda, siempre y cuando sea una vez al año, se realice dentro del ámbito geográfico del servidor público y no exceda a los siete días anteriores y cinco días posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
También se contempla una cuantiosa sanción de 50 a 5 mil UMAS, es decir de 4 mil 500 y hasta cerca de los 450 mil, a quien incumpla las disposiciones en esta reforma de Ley.
El dictamen, aunque aprobado por mayoría, no estuvo exento de debate en la sesión realizada la tarde de este martes 21 de julio, casi dos meses después de presentarse por parte del Ejecutivo Estatal.
La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vásquez, consideró la propuesta como un exceso, al restringir “de manera innecesaria la libertad de expresión” e incluso refirió que el proyecto es una copia de una legislación del estado de Sonora, sobre el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha pronunciado, a falta de una impugnación.
“Si el fin de la medida es disminuir la contaminación visual y lograr condiciones de equidad en la contienda, ello se logra con las medidas ya previstas en la Ley Electoral, como lo es el sorteo de los lugares de uso común para la colocación de propaganda, realizada por los consejos distritales, así como la obligación de retirar la propaganda electoral”, agregó.
La panista criticó además que la iniciativa se haya presentado ya pasado el proceso electoral, tres días después de las votaciones, calificándolo de una incongruencia.
En respuesta, Juan Manuel Molina, legislador de Morena, indicó que ha sido la misma ciudadanía la que ha externado su molestia por este tipo de propaganda.
“El alcance que se busca es precisamente que no haya un exceso y un abultamiento exorbitante de propaganda electoral, hay otras vías, quien quiera ser candidato, quien quiera buscar un puesto popular, que camine, que busque a la gente de manera directa, es demasiado lo que se ha gastado a lo largo de décadas en este tipo de propaganda”, añadió.
También vaticinó que los opositores de esta reforma habrán de recurrir a las instancias judiciales.
“Ahí habrán de determinarse algunos criterios que seguramente y yo estoy convencido, será reiterada esta reforma”, añadió Molina.
“En Morena estamos en contra de los dispendios excesivos y a favor de que quien quiera buscar un cargo de elección popular busque el contacto directo con la gente o acceda a nuevas formas de difusión como las redes sociales”, remató.
El dictamen votado a favor de la mayoría del pleno y únicamente Eva María Vásquez (PAN), Loreto Quintero (PAN) y Rodrigo Otañez (Movimiento Ciudadano) se pronunciaron en contra; en tanto de Javier Robles Aguirre (PRI) se abstuvo.
Nada más en la pasada jornada para le elección de gubernatura, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) estableció un tope para gastos de campaña de 10.9 millones de pesos para Morena; poco más de 7 millones para PAN; 9.3 millones para PBC; alrededor de 4 millones para PRI, PRD y Movimiento Ciudadano; 3.5 millones para el PT; y 750 mil para PES, PVEM, RSP y Fuerza por México, al tratarse de partidos con registro nacional.
