Tijuana.- Una lista de mil presos que cometieron delitos menores como robo y que eran candidatos a la preliberación, se redujo a 57 expedientes.
Estos están siendo estudiados por la Secretaría General de Gobierno del Estado, a fin de llevarlos ante una jueza de ejecución de sentencias.
Será dicha instancia la que determine si obtienen su libertad anticipada o se quedan a cumplir su sentencia en prisiones estatales.
El titular de esa dependencia, Amador Rodríguez Lozano, indicó que se trata de un programa distinto al que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que tienen el mismo objetivo.
A nivel estatal, al programa se le denominó “Libertad para hacer Justicia”, que toma en cuenta a quienes hayan cumplido más de las dos terceras partes de su condena y mostrado un buen comportamiento.
Aclaró que a este beneficio no se pueden apegar secuestradores, ni agresores sexuales o quienes hayan cometido delitos graves. La gran mayoría son personas que cometieron robos.
“Todos deben tener buena conducta, todos deben de haber trabajado, todos deben de haber ido al psicólogo y obedecer las normas del penal”.
No obstante, el funcionario estatal reconoció que no pueden garantizar que se trata de personas que al salir a la calle no van a reincidir.
“Nunca sabemos qué hay en la mente humana, ni las características de la personalidad, pero en principio reúnen ciertos requisitos formales, que son tangibles y con base en esos requisitos tangibles se puede proceder a la reinserción”, manifestó.
Los 57 expedientes que tienen en la mesa, que corresponden a hombres y mujeres recluidos en el estado, serán analizados detenidamente para presentarlos ante la jueza de ejecución de sentencias y exponerle por qué merecen ser preliberados.
Rodríguez Lozano recordó que anteriormente el Ejecutivo tenía la facultad para ordenar la liberación anticipada, pero ahora el procedimiento se debe hacer ante un juez.
“En su momento iremos con todos los expedientes para abogar que estas personas sean liberadas”. El objetivo es que sea en el corto plazo.
A la par, revisarán los criterios del programa anunciado por el gobierno federal, que contempla a personas mayores de 75 años de edad, con problemas de movilidad o en condición de vulnerabilidad.
Recordó que en las prisiones estatales hay detenidos federales, quienes podrían verse beneficiados con ese decreto.
