Tijuana.- Para determinar en qué punto falló el mecanismo de protección con que contaba María Fernanda Hernández, la dentista que fue asesinada en su consultorio y quien había denunciado penalmente a su ex pareja por violencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió un expediente de oficio.
El titular de dicha comisión, Miguel Ángel Mora Marrufo, señaló que este caso pone al descubierto que dichas órdenes de protección “no han funcionado como deben de funcionar”, cuando a la primera manifestación o denuncia de la mujer que está siendo víctima de violencia, se tiene que echar a andar el aparato para brindarle seguridad.
Aclaró que no solo se requiere el cumplimiento de las medidas que deben otorgar las fiscalías, sino también de la participación de las policías municipales y del seguimiento psicológico y psiquiátrico que deben tener víctimas.
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Confirmó que ya solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que aporte todos los antecedentes del caso de María Fernanda, que inició el 17 de julio con la denuncia que la joven madre presentó y que derivó en el homicidio de la víctima el 11 de agosto, cuando dos hombres armados llegaron hasta su consultorio, ubicado en la colonia Ermita.
“Solicitamos el informe a la Fiscalía, tienen 10 días hábiles para contestar, estamos en ese proceso para buscar la información que hay”, explicó.
Recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó la alerta por violencia de género contra la mujer en Baja California, para que justamente se garanticen las medidas de protección a las mujeres a partir de que denuncian que están siendo objeto de violencia, acoso o amenazas.
Con esto se busca que los actos cometidos contra las víctimas no escalen a la violencia feminicida.
Mora Marrufo dijo que en el estudio del caso de María Fernanda tomarán en cuenta si se efectuaron los rondines, pues dijo que hay acciones que se pueden prevenir y otras no.
“Es lo que vamos a determinar a partir de la información y que podamos cotejar a través de distintas actuaciones de las visitadurías, si sí se le dio protección, si sí hubo rondines, en qué situaciones estuvo, si hubo una falta de actuación u omisión de la autoridad”.
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El caso de María Fernanda, indicó, es muy parecido al de Lucero Rubí ocurrido en San Quintín, cuyo resultado de la investigación están por dar a conocer. A ella la asesinó su ex pareja mientras se encontraba trabajando en un consultorio médico, quien tras herirla de bala en la cabeza se disparó y falleció.
La víctima había denunciado a su ex pareja por los delitos de secuestro, golpes y amenazas con un arma de fuego, pero no se le otorgó protección.
“La comisión concluyó ya esa investigación, están en tiempo de un pronunciamiento que se va a hacer en los próximos días”, explicó el titular del organismo.
Dijo que no puede adelantar el resultado, pero “hay situaciones claras de omisiones de la fiscalía y de la Policía Municipal de Ensenada”.
El derecho a medidas de protección está contemplado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero datos a nivel nacional señalan que solo al 7 por ciento de las mujeres que denuncian se les brinda ese mecanismo.
A las víctimas de violencia se les debe garantizar la vigilancia de seguridad pública en el domicilio y la prohibición al agresor de acercarse, ya sea a sitio de trabajo, de estudios o al domicilio, aun cuando lo hubiesen compartido anteriormente.
