Tijuana.- Regidores frenaron la compra de equipamiento para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el argumento de que ya está por concluir la actual administración, pero sí aprobaron la ampliación de su presupuesto de egresos por más de cinco millones de pesos.
El dictamen 159 de la Comisión de Hacienda concede una ampliación a la partida de “Ayudas sociales a personas”, por un monto que equivale a la quinta parte de lo que ya tenían aprobado para todo el año.
También autoriza 150 mil pesos adicionales para materiales y útiles de oficina, por lo que el total de la ampliación asciende a cinco millones 150 mil pesos.
Con esto, el presupuesto anual de regidores en ambas partidas pasó de 26 millones 540 mil pesos a 31 millones 690 mil pesos.
Durante el debate de los dictámenes de ampliaciones, disminuciones y modificaciones presupuestales, los regidores no hablaron sobre este punto de acuerdo. No hubo discusión, ni observaciones.
A diferencia de otros dictámenes que suelen carecer de alguna de las firmas de los integrantes de la comisión, este sí tiene las rúbricas de los cinco regidores de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Josué Gutiérrez Márquez, Yolanda García Bañuelos, Edelmira Chamery Méndez, Luis Antonio Quezada Salas y José Refugio Cañada García.
De acuerdo con Quezada Salas, quien forma parte del equipo de transición de la alcaldesa electa, Montserrat Caballero Ramírez, se trata de una ampliación que se repartirán con los regidores entrantes.
“Se necesitaba dinero para comprar papelería que necesitaba el administrador de regidores y dejar suficiencia presupuestal para el siguiente trimestre”, explicó a PUNTO NORTE.
Afirmó que tienen muchas peticiones ciudadanas acumuladas, pero se quedaron sin presupuesto, por lo que prevén hacer una última entrega de apoyos.
El edil rechazó que vayan a llevarse algún bono o especie de finiquito, “no hay liquidación, ni nada”, no obstante reconoció que esta aprobación puede generar suspicacias.
En la misma sesión, se llevaron a cabo reformas y derogaciones de diversos reglamentos.
Una de ellas permitirá la incorporación de la alcaldesa electa, Montserrat Caballero, a la Comisión de Régimen Interno (CRI), que solo estaba integrada por los regidores, uno por cada fuerza política.
Ahora, quien ocupe la presidencia municipal podrá debatir los temas con los ediles antes de que se voten en el pleno del cabildo.
“La CRI era presidida por un regidor y la alcaldesa no tenía ni voz, ni voto, siendo que la alcaldesa también es edil y que todas las cuestiones se tratan con ella”, explicó el regidor Luis Antonio Quezada, quien confirmó que la próxima alcaldesa será quien presida dicha comisión.
También se votó a favor de otorgar más facultades a la Secretaría del Ayuntamiento, que ahora tendrá a su cargo la supervisión del servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos.
Los integrantes del cabildo votaron en contra de autorizar la adquisición de equipamiento para seguridad. Se trataba de dos drones, 100 cámaras corporales y 50 radios para las nuevas patrullas.
La solicitud de ampliación era de más de más de 22 millones de pesos.
El regidor Gabriel Zambrano cuestionó lo que dictaminó la Comisión de Hacienda, pues dijo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hizo una presentación formal de su propuesta.
“Yo considero que la Policía Municipal sí necesita el equipamiento que aquí se les está negando, yo estuve ahí, yo fui. Los compañeros que están negando no estuvieron en la presentación de los drones, de lo magnifico que es tener una ciudad segura”, dijo.
Además, señaló que la información se les entregó “cuarto para las 12”, por lo que no conocía los dictámenes a detalle, “nos abruma, a mí en lo personal”.
En la extensa sesión, a escasos días de que concluya la actual administración, a Oficialía Mayor tampoco se le autorizó una ampliación presupuestal, que se iban a destinar al mantenimiento de las unidades de limpia.
El argumento fue que el actual Ayuntamiento está por finalizar y no es conveniente hacer ese tipo de gastos.
Asimismo, los ediles no aprobaron la baja de 268 vehículos oficiales por obsolescencia a diferentes dependencias. Solo se autorizó dar de baja del patrimonio municipal dos vehículos de seguridad pública.
Al respecto, la alcaldesa Karla Patricia Ruiz MacFarland señaló que hay patrullas que se han visto involucradas en incidentes de tránsito y han quedado inservibles, pero ocupan espacio en terrenos que pudieran ser mejor aprovechados.
Los ediles avalaron la regularización de las bibliotecas municipales, por lo que al tener su “acta de nacimiento” se abre la posibilidad de que se puedan obtener fondos federales para su equipamiento y mejoras en sus instalaciones.
