Tijuana.- Los diputados de Baja California aprobaron una ampliación de presupuesto de poco más de 23 millones de pesos para los gastos del Poder Judicial del Estado.
De manera que, antes de que acabe el año, el Poder Judicial, por medio de su consejo de la Judicatura, integrado por magistrados, un juez y tres “consejeros ciudadanos”, planea gastar poco más de 23 millones de pesos en el pago de energía eléctrica, internet, gasolina, tóner, sacapuntas de mil pesos cada uno, calculadoras de mil 800, hilos y agujas por casi 23 mil pesos, memorias USB, reuniones de trabajo y el pago de celulares.
La ampliación de recursos aprobada incluye más de medio millón de pesos para viajes, esto es, boletos de avión, viáticos y hospedajes en hoteles para magistrados y personal.
Los millones hacia el Poder Judicial serán transferidos del gobierno del estado como parte de una ampliación presupuestal aprobada en la sesión ordinaria del Congreso del Estado del jueves 23 de septiembre, en donde 24 diputados, en su mayoría de Morena, levantaron la mano a favor.
Solamente el diputado del Partido Encuentro Solidario, Miguel “Sammy” Peña, votó en contra.
Después de un “estire y afloje” entre ambos poderes de varios meses, el Congreso de Baja California aprobó diversos ajustes presupuestales por más de 56 millones de pesos al Poder Judicial del Estado.
El magistrado presidente del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura, Alejandro Issac Fragozo López, sostuvo que era que necesitaba un monto de al menos 67 millones de pesos, en carácter de urgente, para poder continuar operaciones hasta fin de año.
El dictamen más cuantioso es el número 16, cuya solicitud original era de 43 millones 835 mil 562 pesos, pero tras un análisis de viabilidad financiera, la Comisión de Hacienda la redujo casi en un 50 por ciento.
En el documento, al cual PUNTO NORTE tuvo acceso, se detallan los ajustes y el destino que tendrán estos 23 millones.
Más de 2 millones en servicios de energía eléctrica, 697 mil 712 pesos por servicio de agua potable en Mexicali, Tijuana y Ensenada, 140 mil para telefonía celular para magistrados y 2 millones 300 mil pesos para arrendamiento de edificios, son parte de la partida “Servicios generales” que en total, representa poco más de 16 millones.
Hay otros rubros menos ortodoxos, pero también considerados como “urgentes” por el Magistrado Fragozo y los cuales tuvieron “luz verde” por la mayoría de los legisladores.
Uno de ellos es el de la partida 21401 relativa a “Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación”.
Con un gasto estimado en 862 mil 082 pesos, el Poder Judicial adquirirá 65 tóners remanufacturados y 76 originales, 80 cintas para impresoras, 50 memorias de USB, etiquetas, sobres para discos compactos, discos blu-ray y cintas de respaldo.
También comprarán lubricantes, cepillos, guantes y toallas húmedas para monitor por poco más de 61 mil pesos.
El Poder Judicial presupuestó además una cantidad de 80 mil 363 pesos para la partida “Materiales y útiles de impresión y reproducción”.
En este rubro se incluyen 100 madejas de hilo con un costo total estimado en 18 mil pesos y 80 agujas por un monto de 4 mil 760 pesos. Este material es utilizado para costurar expedientes judiciales que no fueron digitalizados.
También se adquirirán 2 mil carátulas blancas, para lo que se contempla erogar poco más de 40 mil pesos.
En “equipos menores de oficina”, se solicitó -y autorizó- una ampliación de 126 mil pesos, de los cuales 31 mil 350 se irán en la compra de 30 sacapuntas de poco más de mil pesos cada uno, diez pizarrones de 2 mil 360 pesos cada uno (dando un total de 23 mil 600 pesos) y 20 calculadoras con un costo total de 36 mil pesos.
En café, azúcar y galletas, se erogarán 44 mil pesos; en garrafones y agua embotellada, otros 88 mil; y en material de limpieza como cloro, jabón de manos, escobas, gel antibacterial con su despachador y bolsas para la basura, 414 mil 460 pesos más.
En pasajes aéreos, viáticos, hospedaje y peajes para utilizarse de aquí a finales del año, el Congreso les “palomeó” más de medio millón de pesos: 657 mil 672, para ser exactos.
No todo va para artículos de oficina. También en este dictamen se autoriza un recurso de casi 300 mil pesos para material exclusivo del Servicio Médico Forense, entre medicamentos, suministros de laboratorio y accesorios médicos.
Otro millón de pesos se destinará para la recolección de residuos peligrosos y aguas rojas de las morgues en el estado.
En servicios de vigilancia y monitoreo, tendrán una ampliación por 567 mil 429 pesos y en la reparación de equipos de cómputo, otro medio millón.
Otros 406 mil pesos también van para la adquisición de equipo de cómputo destinado al Sistema de Justicia Oral en Río Nuevo Mexicali: un servidor de aplicaciones Dell fue presupuestado en poco más de 263 mil pesos y seis computadoras más, de 23 mil pesos cada una.
No fueron los únicos movimientos autorizados en favor del Poder Judicial del Estado.
Además de la ampliación del dictamen número 16 de la Comisión de Hacienda, se votó otro incremento de poco más de 13 millones de pesos y otro más de 12 millones 967 mil 425 pesos, “la cual se cubrirá con recursos adicionales del Gobierno del Estado”, según refieren.
También hay transferencias presupuestales por un monto de 6 millones 817 mil 724 pesos.
Por ejemplo, el dictamen 15 que fue votado a favor por parte de los 25 legisladores, se aprobó una transferencia presupuestal de 2 millones 971 mil 400 pesos para la edificación no habitable en bienes públicos, los cuales vienen de ajustes a las partidas de prima vacacional, gratificación de fin de año, bonos de transporte, entre otros.
Desde mayo pasado, cuando todavía estaba en funciones la XXIII Legislatura, el presidente del Poder Judicial de Baja California solicitó una ampliación de 20.6 millones de pesos para la construcción de tres juzgados familiares, pero se le denegó.
Tampoco se autorizó una solicitud de 7 millones de pesos para la ampliación del Sistema Judicial en Materia Penal.
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En agosto de 2021, Alejandro Isaac Fragozo López manifestó que el Poder Judicial necesitaba de por lo menos 67 millones de pesos para poder operar hasta que concluya el año.
Incluso se dijo confiado en que ahora sí se autorizaría esta partida, ya que a diferencia de las otras peticiones, el recurso se utilizaría para el gasto corriente de lo que resta del año, entre pago de servicios como energía, eléctrica, combustible o conexión a internet.
“Estoy convencido de que nos brindará el apoyo porque no soy yo, no son los 2 mil empleados del Poder Judicial; es la sociedad que necesita que estén los tribunales abiertos y eso cuesta”, declaró a medios de comunicación, el 24 de agosto.
Fragozo López ha reiterado que el presupuesto anual, de alrededor de mil millones de pesos que se asigna al Poder Judicial, es insuficiente.
Además, no ha tenido un incremento en los últimos tres o cuatro años y de seguir bajo esta línea, dijo, existe el riesgo de que tengan que parar labores.
Esta vez, la petición del Poder Judicial no se autorizó como tal, pero ya cuentan con un monto muy cercano para maniobrar de aquí al próximo año fiscal, cubriendo gastos operativos, insumos de cómputo, limpieza, viáticos y sacapuntas de mil pesos.
