Tijuana.- Después de un amplio e intenso debate, integrantes de la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional del Congreso del Estado, aprobaron la procedencia de juicio político en contra del reelecto alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, por irrespetar leyes y reglamentos durante la sesión de cabildo celebrada el 4 de agosto.
En dicha sesión convocada de manera urgente y realizada vía Zoom, para aprobar la transferencia de la comisión del agua al Ayuntamiento, el presidente municipal dio por terminada la sesión cuando vio que los regidores que iban votando en contra sumaban mayoría.
Después “rectificó” y regresó para continuar con la sesión. De nueva cuenta, el conteo no favoreció su propuesta.
Una hora más tarde reapareció en sesión virtual, sin la presencia de la totalidad del cabildo, en donde se aprobó la recepción de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
Por estos hechos, los regidores agraviados presentaron la solicitud de juicio político el 12 de agosto, en apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California.
También fue señalado el secretario del Ayuntamiento, José Rubén Best Velasco, por lo que fue aprobado en el proyecto de dictamen iniciarle el procedimiento de juicio político.
En el documento, que tuvo seis votos a favor y uno en contra, quedaron asentadas y confirmadas las irregularidades cometidas en la sesión de cabildo convocada de manera urgente.
“Es inadmisible que se manipulen procedimientos formales de cabildo, con el propósito injustificado de hacer imperar la voluntad de un mandatario”, sostiene el dictamen, ya que la máxima autoridad del Ayuntamiento es la totalidad del cabildo y no el presidente municipal.
Se agrega en el contenido que los actos atribuidos tanto al alcalde como al secretario fedatario “han producido consecuencias jurídicas graves, algunas de ellas son de imposible reparación”.
También señala que el propio Ayala Robles anunció que daría por iniciado el proceso de transición de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
Por ello, determinaron que los señalamientos y los hechos “son presuntivamente ciertos, se amerita el inicio de procedimiento de juicio político”.
No obstante, quedan a salvo los seis ediles que votaron a favor de la municipalización del agua en concordancia con el alcalde Armando Ayala, porque solo emitieron un voto en un punto de acuerdo que fue puesto a su consideración.
El diputado Sergio Moctezuma Martínez, de Morena, sostuvo que no está de acuerdo con el proyecto de dictamen; llamó a no enviar un mensaje a los ciudadanos de que se está “jugando a las vencidas” o que se está actuando por “dedicatoria”.
En su intervención, el diputado Marco Blásquez, dijo que le “conmueve” el proyecto de dictamen, que opinó, es insostenible.
Afirmó que no hubo falta, ni violación a la ley, por presentar la propuesta para que el municipio asumiera la prestación del servicio del agua.
“Yo quisiera saber quién es el responsable político de los alcances que tendrá este dictamen”, cuestionó.
En varias ocasiones les pidió con tono imperativo pensaran bien su voto, además, recriminó que se vaya a “empapelar” a un compañero de partido, “que como todos nosotros se ganó el derecho repartiendo volantes en las esquinas” y que fue su colaborador.
Propuso dejar fuera al Congreso del Estado de la polémica y no desgastarse en esos temas, porque se van a ver afectadas las relaciones entre diputados y tal vez alcalde y regidores arreglen sus diferencias.
También descargó una serie de halagos hacia Ayala Robles, que recordó aspiró a ser gobernador; su participación fue con voz, pero sin voto.
La diputada Araceli Geraldo, también de Morena, le recordó que las personas que levantaron la voz y que solicitaron el juicio político “son gente de Morena, son gente que trabajó, que sudó la camiseta, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta su sentir y su voz”.
Mientras que la presidenta de la comisión, Rocío Adame Muñoz, le recordó que la ciudadanía confió en el proyecto de gobierno y en que se va a actuar “se trate de quien se trate, se trate de un compañero, el procedimiento debe ser el mismo”, no por revanchismo.
Indicó que lo que analizan es la probable responsabilidad y lo que están haciendo es escuchar a los regidores que se sintieron agraviados con la actuación del munícipe y su secretario.
En tanto que, el diputado Juan Manuel Molina, señaló que existen hechos probados, pues hay videos y transmisiones en vivo de las sesiones de cabildo que son materia de controversia.
Mencionó que hay acusaciones sustentadas de varios regidores que no fueron convocados y no tuvieron acceso vía electrónica a la sesión donde finalmente se aprobó la transferencia de la CESPE.
Luego de la aprobación del proyecto de dictamen, se someterá a votación en el pleno del Congreso.
Si se aprueba por mayoría simple, se notificará a los implicados para que planteen su defensa, informó Francisco Javier Tenorio Andujar, quien es titular de la consejería legislativa.
Esta es la primera vez que se sometería a juicio político a un alcalde en funciones, debido a que fue reelecto, aunque los hechos que se le señalan fueron cometidos en su anterior gestión.
Los diputados que votaron a favor fueron Rocío Adame, Dunnia Montserrat Murillo, Juan Manuel Molina, Evelyn Sánchez, Araceli Geraldo, todos de Morena, así como Román Cota, del PRI. El voto en contra fue de Sergio Moctezuma Martínez.
