Tijuana.- Arturo Guzmán Tello desapareció en 2007 y fue hasta 2013, que su hermana Norely lo encontró a través de una página de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la que publicaban fotos y nombres de personas que permanecían en el Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de no identificados.
Lo que le causó coraje e impotencia fue que en la dependencia ya contaba con una muestra de ADN para su identificación, pero nunca se hizo el cotejo y por esa razón, el cuerpo fue enviado a la fosa común.
Hasta hoy permanece sepultado en el panteón número 12, pero por el tiempo transcurrido, en la Fiscalía General del Estado le dijo a su hermana que no hay manera de exhumar el cuerpo, pues ya se mezcló con los restos de otras personas.
Norely explicó a PUNTO NORTE que la única solución para poderle dar una sepultura digna es que contraten antropólogos forenses para que extraigan los restos óseos y determinen cuáles pertenecen a su hermano Arturo.
Si tan solo por exhumar el cuerpo les cobraban 50 mil pesos, ahora la cifra es mucho mayor.
“Él desapareció en 2007 y ese mismo año falleció. Veníamos de visita cada año a Tijuana, nosotros somos de Guadalajara”.
Nunca supieron exactamente qué pasó; aunque duró seis años en calidad de desaparecido, todo ese tiempo confiaban en encontrarlo con vida.
“Ya tenían prueba de ADN y nunca nos informaron, nos enteramos por la página de periciales, que tenía cuerpos no identificados del 2003 al 2008, ahí fue donde lo encontré. Hubo una voz que me dijo: busca y encontrarás”.
Dicha página todavía está disponible, www.periciales.pgjebc.gob.mx, pero se precisa que todos esos cuerpos fueron enviados a la fosa común en el panteón número 12; ahí se especifica el número de la fosa y en qué nivel están. La mayoría permanece en calidad de no identificado.
Cuando Arturo desapareció tenía alrededor de 39 años de edad. La causa de muerte fue una trombosis pulmonar.
Al momento en que lo fotografiaron, su rostro no había cambiado mucho, por lo que fue sencillo identificarlo, pero la mayoría presentan un avanzado estado de deterioro y huellas de violencia.
“Sentí mucha impotencia por lo que hicieron las autoridades con nosotros. Nos cobraban más de 50 mil pesos por exhumar, pero ya nos dimos cuenta que va a ser imposible, porque en esos panteones hay fosas abiertas, ya están revueltos los restos, los ponen en bolsas nada más con un número, en cajas de madera comprimida, eso se va deteriorando con el tiempo”.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo, actualmente atienden dos quejas por el envío de cuerpos a fosa común, pese a que habían sido identificados por los familiares.
En Tijuana ya se dio una exhumación y en Ensenada está por resolverse otra.
El hecho de que sean solo dos casos, no significa que sean los únicos, pero muchas de las veces la familia se resigna.
A la fecha, Norelys no ha ido a visitar la tumba por la frustración que le causaría estar frente a los restos de su hermano y no poder hacer nada para recuperarlo.
Su última esperanza es que las autoridades de la Fiscalía contraten antropólogos para que estudien e identifiquen los restos.
“Fue negligencia de ellos, queremos los restos de mi hermano y llevarlo a donde pertenece, eso es lo que queremos como familia”.
Mientras tanto, la familia Guzmán Tello sigue en la búsqueda de un segundo hermano, de nombre Candelario, desaparecido en 2011 también en Tijuana.
“No hay avances, desde el nueve de septiembre de 2011 no hemos sabido nada de él, no tienen noticias, no se nos ha dicho nada”.
Por lo que pudieron investigar, la muestra de ADN que dio su madre cuando ocurrió esta segunda desaparición, ya no aportaría datos para la identificación de su hermano, por lo que dijo que tuvieron que pagar de su propio bolso tres mil pesos para contar con una muestra y entregarlo a las autoridades.
