Mexicali.- Este sábado 13 de noviembre fue publicado el decreto por el que entran en vigor las reformas legislativas por las que se despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 12 semanas en Baja California.
Una fecha histórica en cuanto al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pero que no estuvo exenta de claroscuros: por lo menos cinco diputadas y un diputado de Baja California recibieron ayer viernes un paquete con amenazas hacia ellas y sus familias, por haber votado en favor de la despenalización del aborto.
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La diputada local Julia Andrea González Quiroz, presidenta de la Comisión de Hacienda y una de las promoventes de la reforma aprobada el pasado 29 de octubre, dio a conocer a través de sus redes sociales sobre este acto de intimidación.
De acuerdo a su relato, por la tarde llegó a las instalaciones del Congreso Local, en Mexicali, una persona para hacer entrega de cinco regalos a los legisladores.
Además de González Quiroz, Liliana Michel Sánchez, Alejandra Ang, Rocío Adame, Aracely Geraldo y Sergio Moctezuma Martinez, todos ellos de la bancada de Morena en el Poder Legislativo Local e inicialistas de la reforma.
Las personas que hicieron el envío se identificaron como Ana Plugo y Eduardo Desayunos.
Sin embargo, según dijo el repartidor, no tenía conocimiento del contenido de los regalos y solo había sido contratado para tal hecho.
La caja, envuelta como un regalo, contenía la figura de un muñeco bañando en sangre y él mensaje “tú y tu familia, hasta la séptima generación, pagarán las consecuencias por esta ley que manda asesinar a niños”.
Un día después entraría en vigor la reforma al Código Penal del Estado, la Ley de Salud Pública de Baja California y la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California, decreto publicado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en el Periódico Oficial del Estado.
Con esto, ahora el Código Penal de Baja California excluye de responsabilidad penal por aborto cuando exista “la libre voluntad de la mujer embarazada, siempre que esto ocurra en las primeras 12 semanas”.
Las sanciones para quienes lo hagan después de este período establecido también se reducen: la interrupción del embarazo después de las 12 semanas será meritorio de tres a seis meses de prisión o trabajo comunitario, cuando antes la pena era de hasta cinco años.
Además, con las reformas a la Ley de Salud y Víctimas, se establece que el aborto debe ofrecerse de manera gratuita en instituciones públicas, haciendo especial énfasis a las víctimas de violación sexual u otra conducta que les afecte física o psicológicamente.
La reforma obedece a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros determinaron como inconstitucional el Código Penal de Coahuila por el que se castigaba el aborto, marcando así un lineamiento para todo el país.
En Baja California, grupos de acompañamiento a mujeres que practican el aborto con el protocolo de Misoprostol autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijeron a PUNTO NORTE que al mes, estiman que orientan y acompañan en unos 100 abortos.
Desde la discusión del dictamen, grupos religiosos y de los autodenominados “pro-vida” han realizado manifestaciones, incluso tomado las instalaciones del Poder Legislativo y acudieron con lonas a los eventos que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su última gira en Baja California.
Sin embargo, las amenazas enviadas ayer viernes tuvieron otro matiz, al ser una amenaza directa contra los legisladores que promovieron e impulsaron esta reforma.
“Lamentables, las amenazas y acoso que vivimos de parte de algunos grupos fanáticos religiosos… Les mando abrazos sororos a todas las que están siendo perseguidas, violentadas y amedrentadas, más pronto que tarde podremos vivir sin miedo”, expresó Julia Andrea González.
No es la primera vez que la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda refiere haber sido objeto de este tipo de mensajes; tras la aprobación de los matrimonios igualitarios, en junio pasado, dijo a PUNTO NORTE que por esta causa, los legisladores recibieron mensajes de odio a través de redes sociales o vía WhatsApp.
