Tijuana.- En estados como Baja California Sur, Jalisco y Chihuahua, el Código Civil no fija un límite para el patrimonio de familia, pero en Baja California, sí. Por ello, el diputado Marco Antonio Blásquez Salinas tomó hoy la tribuna en el Congreso del Estado para fijar un posicionamiento respecto a la iniciativa que presentó para cambiar esto y ampliar el espectro de protección de las familias bajacalifornianas.
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el patrimonio de familia de la siguiente forma “las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni a embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de formalidades de los juicios sucesorios”.
Esto significa que en caso de que el principal proveedor fallezca o no pueda seguir aportando el sustento económico a los integrantes de su familia, esta no queda en el desamparo, pues cuentan con un patrimonio protegido por la ley.
El diputado Blásquez Salinas explicó que si bien se trata de una figura jurídica vigente y creada para proteger a las familias de los trabajadores, hoy este beneficio les resulta ajeno y desconocido.
“Son familias de alta capacidad económica las que acuden al Patrimonio de Familia para salvaguardar sus bienes, ya que cuentan con los recursos para sufragar los honorarios de un abogado”, expresó hoy.
Tan solo en Baja California, recordó el legislador, el INEGI contabiliza un millón 148 mil 913 hogares y una mínima parte ha recurrido a este recurso legal.
Si bien, la reforma tiene como objetivo que más familias se amparen en esta figura jurídica para proteger sus patrimonios, también se requieren cambios al Código Civil de Baja California para que eliminar el límite del valor que hoy en día se establece.
“El Código Civil asigna un valor máximo al Patrimonio de Familia y fija en 25 mil veces el valor al día de la Unidad de Medida y Actualización el monto al que puede ascender el Patrimonio de Familia. En contraste con los valores en el mercado inmobiliario, establecer una cuantía resulta disfuncional y prácticamente estéril”, expuso el diputado del Partido del Trabajo.
De ahí que la iniciativa plantea eliminar dicho parámetro, de modo que sea suficiente con que la familia habite la casa para recibir la protección constitucional establecida en el artículo 123. Con ello, cualquier familia tendría derecho a preservar su patrimonio.
Así se encuentran reformados los Códigos Civiles de seis entidades federativas: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Sonora y Yucatán. Una modificación más acorde a la protección de derechos humanos, puntualizó el diputado.
Desde el pleno de la sala de sesiones Benito Juárez, Blásquez Salinas explicó a sus compañeros diputados “se trata de que disfruten de este beneficio el mayor número de personas, en especial en las circunstancias actuales en que muchos han perdido su empleo o vistos reducidos sus ingresos, o peor aún, falleció algún miembro”.
