Tijuana.- A punto de cumplirse los 45 días hábiles para reportar las irregularidades encontradas en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez afirmó que serán turnadas a los órganos correspondientes, pero no las convertirá en un tema propio, pues “nosotros no nos correteamos entre nosotros”.
Aunque reconoció que van sobre algunos personajes que están bajo investigación, indicó que lo procedente es seguir las normas jurídicas y reportar cualquier anomalía ante las instancias creadas para fiscalizar el gasto público, como sería el Congreso del Estado o en su momento la Auditoría Superior del Estado.
Lo que han encontrado hasta ahora son cuestiones que requieren una aclaración, “pero nada para andar molestando a los ciudadanos con temas administrativos”, dijo la presidenta municipal.
Señaló que no han detectado boquetes financieros o contratos que afecten el gasto público, como ya se investiga a nivel estatal.
Cuando salió del Congreso del Estado, afirmó que dejó las cuentas claras ante la Auditoría Superior del Estado y dijo que va a lo que sigue, “no me detengo en problemas que está en otro órgano resolver”.
Pese a que en un inicio manifestó su preocupación por el repentino regreso del ex alcalde Arturo González Cruz, horas antes de que concluyera esa administración, en general hay claridad en lo que les entregaron, adelantó Ramírez Caballero.
Y añadió “el gobierno de Karla Ruiz Macfarland nos entregó cuentas claras, todavía falta algún tipo de revisión, pero encontramos las generalidades bien”.
De acuerdo a la Ley de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Baja California, en el artículo 6 se establece que el servidor público que toma un cargo tiene que revisar el contenido del informe y se le otorga un plazo de 45 días hábiles para determinar la existencia de irregularidades.
Mientras que el artículo 18 indica que en ese periodo el funcionario saliente está obligado a responder y resarcir cualquier duda, así como a proporcionar información adicional a la contenida en el acta de entrega.
Si el funcionario entrante no reporta las irregularidades halladas incurrirá en una responsabilidad y puede ser sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
