Nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana de BC “desarma” a la Fiscalía del Estado

La gobernadora y el fiscal. Foto: Alejandro Gutiérrez

Tijuana.- Con la conformación, facultades y atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, la Fiscalía General del Estado (FGE) quedará “desarmada” a partir del 1 de enero de 2022.

Y es que los “brazos armados”, de seguridad y prevención del delito, ahora serán parte de la Secretaría que comandará el ex fiscal de Unidades Especiales de la FGE, Ricardo Iván Carpio, a partir del próximo año.

También la reinserción social se sumará a las competencias de esta dependencia estatal, a la que se le apuesta lograr la reducción de los índices de inseguridad, pues la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario desaparece como un organismo sectorizado a la Secretaría General de Gobierno y se incorpora a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En la justificación de la reforma, enviada el 1 de noviembre por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la titular del Poder Ejecutivo Estatal señaló que, pese a los logros obtenidos por la Fiscalía, “la percepción ciudadana en materia de seguridad, no ha variado”.

Menciona además que “la gran concentración de atribuciones en la Fiscalía General del Estado representa una excesiva carga de trabajo que reduce su capacidad de respuesta en el rubro de prevención del delito y de las violencias”.

En el dictamen aprobado el jueves 18 de noviembre, el Congreso Local hace énfasis en que “procuración de justicia” no es “seguridad pública”, por lo que tanto lo que atañe a la seguridad, como el sistema penitenciario y el Centro de Control de Confianza le corresponden a la novel Secretaría, en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La propuesta de reforma constitucional pasó con 17 votos a favor (el mínimo necesario), seis votos en contra y dos ausencias.

A dos diputadas se les consideró ausentes, por no encontrarse al reiniciarse la sesión tras un receso. Foto: Víctor Medina

Además, una reserva presentada por la diputada Rocío Adam, frenó la transferencia del Centro de Evaluación y Control de Confianza, al considerar que este centro “no depende de manera directa de las instituciones a las que pertenece”.

La reserva tuvo un voto mayoritario, quedando sin efectos la adhesión del Centro a la novel secretaría estatal.

Bajo esa línea y tras contar con el aval de una mayoría justa por parte los diputados locales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado recibirá por parte de la Fiscalía lo que respecta a, como su nombre lo arroja, la seguridad.

Aunque no se menciona explícitamente en el decreto e incluso no fue referido en la discusión del pleno, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación pasará a la Secretaría de Seguridad Ciudadano, dejando sin su “brazo armado” a la Fiscalía.

Con esta transferencia, también la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California quedaría bajo mando de la Secretaría.

Ricardo Carpio junto a la gobernadora en un evento realizado junto a la Fiscalía, el 1 de noviembre. Foto: Alejandro Gutiérrez

También el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) se separa de la Fiscalía para volver a una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo Estatal.

Además, se crea un Secretariado Ejecutivo, como órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión de la dependencia estatal.

En tanto que los centros penitenciarios, que estarán bajo la coordinación de María Elena Andrade, ex directora de Seguridad Pública cuando Marina del Pilar fue alcaldesa de Mexicali, serán transferidos de un órgano descentralizado a punto de extinguirse.

Se trata de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, un organismo creado en la administración de Jaime Bonilla, para desincorporar los penales estatales de lo que antes fue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Tras la aprobación de esta reforma a la Constitución Política de Baja California, por la que se crea esta nueva secretaría emanada del Poder Ejecutivo, corre el reloj para ratificarse por los cabildos de los cinco Ayuntamientos y después, preparar los ajustes de presupuesto, infraestructura y personal para que el primer minuto del 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya esté funcionando.

Fue en 2019 cuando la Constitución de Baja California se reformó para transformar la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía General del Estado, homologando así la figura institucional, acorde a las políticas federales.

De 2019 a 2020, el presupuesto de la Fiscalía General del Estado aumentó más de 50 millones de pesos.

Sin embargo, la Fiscalía asumió la función de Seguridad Pública y a dos años de esta modificación, las acciones en la materia “no han dado los resultados que la sociedad espera” y es por ello que se retorna al esquema de una Secretaría especializada, “bajo un paradigma de seguridad ciudadana”, de acuerdo al dictamen.
Un juicio con el que coincidieron al menos cuatro diputados que tomaron la palabra durante la votación del dictamen: la estrategia de la pasada administración no dio resultado, quedó a deber y tiene que cambiar.

Otras modificaciones que enfrenta la Fiscalía, además de retirarle las competencias del orden de seguridad pública, tiene que ver con la desaparición del Centro Estatal de Inteligencia como hasta el momento se conoce.

Por otro lado, se mantienen sus facultades de investigación y persecución de los delitos, reparación integral del daño y no repetición de las víctimas, así como promover, respetar y garantizar los “derechos al conocimiento de la verdad”.

En ese sentido, la Agencia Estatal de Investigación, antes conocida como Policía Ministerial, permanecerá en la Fiscalía, mientras que el cuerpo policiaco (la GESI) pasa a jurisdicción de la Secretaría.

Algo que quedó “en el aire”, es el destino del Sistema Integral de Preparatorias Militarizadas de la FGE, un proyecto impulsado por el fiscal general, Guillermo Ruiz Hernández.

En el documento aprobado, se estipula que la prevención del delito será responsabilidad de la nueva Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado.

Ricardo Iván Carpio será el titular de la Secretaría de Seguridad a partir del 1 de enero. Foto: Omar Martínez

No obstante, esta precisión, junto al destino de otras direcciones y áreas, no se detalla de forma textual.

A contrarreloj, el Comité Intersecretarial supervisará la conformación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

La reforma se publicará en el Periódico Oficial del Estado el próximo 1 de enero de 2022, fecha en que entrará en funciones la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana ya con un presupuesto autorizado para dicho ejercicio fiscal.

En los primeros 10 días siguientes a esta publicación, se instalará un Comité Intersecretarial para identificar los recursos, bienes, fondos y participaciones o ministraciones de carácter federal, que la FGE destine, ejerza o haya asumido para cuestiones de seguridad pública.

También deberá planificar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a la transferencia de bienes y recursos que pasan de la Fiscalía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Todo esto, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, a efectos de que el primer minuto del 2022, ya esté en funcionamiento pleno.

El Comité estará integrado por el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez; la titular de Oficialía Mayor, Rocío López Gorosave; el titular de la Secretaría de Hacienda, Marco Moreno, así como la Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal del Sistema Penitenciario y demás dependencias que la gobernadora designe.

Una de las principales inquietudes manifestadas por el personal que labora para la FGE o para la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, tiene que ver con qué pasará ahora que sus actividades se reasignaron a la Secretaría.

Como antes de la creación de la Fiscalía, el Sistema Penitenciario regresa a la Secretaría de Seguridad. Foto: Aimee Melo

Al respecto, uno de los artículos transitorios refiere que mantendrán las condiciones y prestaciones laborales de las que actualmente gozan, lo mismo que trabajadores de base: aún cuando sean transferidos de área, conservarán sus derechos laborales.

Por otro lado, la reforma constitucional implicará la revisión y armonización de otros documentos como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, la Ley que Crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (que se extinguirá), la Ley de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria de Baja California o la Ley de la Policía Estatal Preventiva de Baja California.

La polémica en el Congreso Local

La discusión sobre la reforma constitucional para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana no estuvo exenta de debate.

El primero en “abrir fuego” fue el diputado Marco Antonio Blásquez, quien solicitó un receso de 15 minutos para reunirse con sus compañeros de la bancada del Partido del Trabajo (PT) y definir el sentido de su voto, pues dijo no había tenido oportunidad de revisarlo a fondo.

Se concedió un receso de 10 minutos e incluso cuando se retomó el curso de la sesión, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Molina pidió poner falta sin justificación a quien no estuviera en el pleno al momento del pase de lista, generando la crítica y reclamo del diputado Blásquez.

Marco Antonio Blásquez y Claudia Agatón, de la bancada del PT. Foto: Víctor Medina

Mientras que los legisladores del Partido Encuentro Solidario y algunos de Morena dieron su voto de confianza a la iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar, al considerar que el anterior esquema no funcionó, la legisladora Alejandrina Corral, de Acción Nacional, también la avaló, pero pidió mesura en el presupuesto.

Cerrando las intervenciones, el legislador Molina dijo que “esta reforma es para bien de los bajacalifornianos y yo espero que apoyemos este modelo; quien no lo hace, no recorre las calles de Baja California y pareciera que no tiene contacto con los ciudadanos”.

Los diputados que votaron en contra son Marco Antonio Blásquez, Claudia Agatón y Julio César Vázquez, del PT; así como Gloria Miramontes y Sergio Moctezuma Martínez, de Morena.

Mientras las ausentes fueron Daylín García, de Movimiento Ciudadano (quien, después del receso, volvió a sesión hasta la votación de la reserva) y Rosa García Zamarripa, independiente y presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso Local.

El reto presupuestal

La Secretaría de Hacienda tendrá que realizar una labor titánica para estimar los montos presupuestales para la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, a más tardar en los próximos días, de cara al próximo ejercicio fiscal, prácticamente a la vuelta de la esquina.

El fiscal central, Hiram Sánchez; la gobernadora, Marina del Pilar Ávila y el fiscal general, Guillermo Ruiz. Foto: Aimee Melo

Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2021, a la Fiscalía General del Estado se le asignó un monto de 2 mil 584 millones 161 mil 607 pesos. Un año antes, en 2020, el presupuesto inicial autorizado fue de 2 mil 538 millones 762 mil 740 pesos.

En 2019, siendo aún la Procuraduría General de Justicia del Estado, el presupuesto para esta institución fue de 1 mil 483 millones 468 mil 938 pesos, en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibió 2 mil 102 millones 729 mil 149 pesos.

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Egresada de Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y diplomada en Periodismo por la Universidad Iberoamericana del Noroeste. Se ha desempeñado como reportera, editora, conductora, productora y jefa de información en diversos medios de comunicación regionales y nacionales por más de una década. Asesora parlamentaria en la LXIII Legislatura y poeta de ocasión.