Tijuana.- Una nueva iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el diputado de Morena, Juan Manuel Molina García y a nombre de su compañeros de bancada, para modificar la constitución del Estado y crear una Ley de Amnistía que resulte en la liberación de personas que se encuentran en prisiones de Baja California.
Los beneficiados serían personas presas por los delitos de narcomenudeo, aborto, robo, sedición, así como consumidores de drogas e indígenas, siempre y cuando se encuentren bajo ciertos supuestos.
Por ejemplo, de acuerdo a la propuesta presentada por Molina, uno de los presos beneficiados en recuperar su libertad, serían aquellos que fueron encarcelados “por los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo”, siempre y cuando no sean reincidentes y el acusado “se encuentre en situación de pobreza”.
Además, podrían ser beneficiados por la Ley de Amnistía, los narcomenudistas que hayan estado en “extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación”, así como por tener una discapacidad permanente o cuando hayan comercializado las drogas “por indicación de su cónyuge… pareja sentimental”, algún pariente o “haya sido obligado por la delincuencia organizada”, explica la iniciativa del diputado, quien además preside la Mesa Directiva en el Congreso del Estado.
En cuanto a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas internadas en prisiones de Baja California, la propuesta legislativa de Molina García indica que podría ser liberado todo aquel que no haya contado con intérprete o defensor de su propia cultura y lengua, siempre y cuando haya cometido cualquier delito “por defender su tierra, agua, bosques y selvas” en Baja California, así como encontrarse en “extrema pobreza” o porque “hayan sido obligados por la delincuencia organizada”.
La propuesta de Ley también incluye el beneficio para personas internadas en las prisiones procesadas o sentenciadas por aborto, ya sea la madre del producto interrumpido o bien los médicos y parteros, siempre y cuando no se haya cometido con violencia y con el consentimiento de la madre.
Asimismo, la amnistía se decretaría para las personas que cometieron robo simple y sin violencia, y que su sentencia no sobrepase a los 5 años de prisión, así como también por los delitos de sedición, o hayan “incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otras personas o utilizado armas de fuego”.
La propuesta de Molina intenta reformar al artículo 27 de la Constitución Local, para que el Congreso tenga la facultad de “conceder amnistías”, con lo cual se estaría instruyendo la creación de la nueva Ley de Amnistía.
Como antecedentes de la propuesta, Molina expone “Las cárceles de Baja California, al igual que en todo México, están saturadas, hay un problema serio y lo que estamos buscando es que en delitos menores, por parte de esta legislación, recuperen la libertad de manera inmediata por algunos supuestos”.
“En el tema de los indígenas, desgraciadamente muchos de ellos están internados porque no tuvieron acceso a un traductor, entonces si son 5, 10, si es uno, la injusticia que eliminamos, ya lo demás es ganancia”, subrayó Juan Manuel Molina.
Por ser una reforma constitucional, la iniciativa que fue presentada el 19 de noviembre necesita obtener una mayoría calificada por parte del Congreso Local para poder entrar en vigor, esto es, por lo menos 17 votos a favor, de los 25 diputados.
De aprobarse en el pleno de la Cámara, una vez cumplimentada esta fase, el dictamen pasará por los Cabildos y debe ser aprobado por dos terceras partes de los municipios para que entre en vigor.
