Poder Judicial de BC usó 35 millones de fianzas, multas y reparaciones de daño para pagar sus “servicios personales”

El Congreso del Estado no aprobó la cuenta pública del Poder Judicial correspondiente a 2019

Mexicali.- La cuenta pública del Poder Judicial de Baja California no fue aprobada tras irregularidades detectas en la fiscalización realizada por la Auditoría Superior del Estado, correspondiente al año 2019.

De acuerdo al dictamen de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público en manos de PUNTO NORTE, en donde se le niega la cuenta pública, el Poder Judicial utilizó 35 millones 532 mil pesos del Fondo Auxiliar para la administración de la Justicia para pagar gastos personales.

Dicho fondo, administrado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, maneja los dineros generados por multas, cauciones, así como recursos depositados en los Tribunales, como los pagos por reparación del daño a las víctimas del delito u ofendidos, pensiones, garantías y cualquier otro recurso que no sea retirado por sus beneficiarios, entre otras fuentes.

El documento fue votado en el Pleno del Congreso del Estado.

La propia Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California, establece en su artículo 7, que su patrimonio “se destinará exclusivamente” en gastos la propia administración del fondo, adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y libros para el Tribunal Superior, a la formación y especialización del personal del Poder Judicial y a un programa de estímulos económicos al personal del Poder Judicial.

Durante la fiscalización hecha a su cuenta pública, la Auditoría Superior detectó que el Poder Judicial mantenía en su Estado de Situación Financiera una cuenta “pendiente de pago con antigüedad mayor a un año” por el monto de 35 millones 532 mil pesos, se lee en el informe oficial.

Ese monto respondía, de acuerdo al dictamen no 27 de la Comisión de Fiscalización, a un “préstamo efectuado por el Fondo Auxiliar para cubrir parte de su gasto generado por concepto de Servicios Personales”, partida que refiere a los sueldos, aguinaldos y otras prestaciones a los empleados del Poder Judicial, incluyendo seguros de vida y de gastos médicos a los magistrados y jueces.

El dictamen aprobado en el Pleno de Congreso local advierte que de los 35.5 millones de pesos “solo se había recuperado” 3 millones de pesos al 30 de septiembre de 2020.

Solo se recuperaron 3 millones de pesos del fondo.

El Fondo Auxiliar, así como la administración del Poder Judicial, está bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura del Estado integrado por el presidente del Tribunal, dos magistrados más, un juez y 3 consejeros “ciudadanos” más.

Durante el 2019, año fiscalizado, el presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial fue el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.

Magistrados Columba Amador Guillén, Salvador Ortíz Morales y Sonia Beltrán Almada

Además, el Consejo de la Judicatura se integró en el 2019 por los magistrados, Columba Imelda Amador Guillén y Sonia Mireya Beltrán Almada quienes actualmente se mantienen como consejeras y por el juez Luis Javier Baleón Zambrano.

El entonces magistrado presidente tomando protesta al Juez Luis Javier Baleón Zambrano

El dictamen de la cuenta pública del Poder Judicial no aprobada se votó en el pleno del Congreso el 18 de noviembre.

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Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).