Nepotismo en ayuntamiento cobra su primer conflicto, tumban a regidor de su comisión, su esposa es directora del DIF

Cabrera y la regidora Claudia Casas

Debido a un conflicto de interés, regidores aprobaron retirar de la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana al regidor de Morena, Alejandro Cabrera Acosta, quien está casado con la actual directora de SDIF Municipal, Bianka Najar Soto.

Cabrera, ex funcionario priista de Rosarito, fue registrado en el espacio reservado para la comunidad LGTB como regidor por Morena pero en Tijuana, sin embargo, el actual edil mantiene desde hace años una relación heterosexual de matrimonio con Bianka Najar Soto.

La comisión que presidía Cabrera tiene como función desarrollar proyectos y propuestas que involucran a la paramunicipal que encabeza su esposa, por lo que ya llevaban casi dos meses compartiendo algunas mesas de trabajo y eventos.

De hecho, el regidor no se ha abstenido en votaciones como regidor cuando son temas que impactan directamente con el desempeño de su esposa.

La propuesta de modificación de la integración de la Comisión de Participación Ciudadana fue enviada por la presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, la cual fue votada por unanimidad.

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El cargo de presidente de la comisión, recayó en Mónica Vázquez, regidora por el Partido del Trabajo.

Por su parte, Mónica Vázquez es hija del diputado del PT, Julio César Vázquez quien mantiene una relación noviazgo y concubinato públicamente con Tania Guerrero Mena, actualmente delegada municipal de La Presa en el gobierno de Tijuana. A pesar de tener la misma edad, Tania Guerreo es la madrastra de la regidora Mónica.

El Matrimonio Cabrera-Najar en conflicto de interés constante

El propio regidor, en su Fanpage, publicó el pasado 27 de octubre una fotografía en donde preside una reunión con mujeres profesionistas y líderes comunitarias, acompañado de su esposa y directora de SDIF, para proponer un proyecto de asistencia jurídica y psicológica a mujeres violentadas.

“Este día, en coordinación con la directora de SDIF Municipal, Bianka Najar, hicimos el compromiso de implementar el proyecto y fortalecerlo”, presumió.

Mientras que, en una publicación reciente, compartió un evento encabezado por Najar Soto, en donde expresó: “orgulloso de tu trabajo, soy testigo del empeño y la responsabilidad con que realizas tu tarea”.

No es la primera pareja morenista que llega a puestos de poder.

Mientras Víctor Morán Hernández era diputado local, su esposa Blanca Fabela despachaba como directora de DIF Estatal, no obstante ambos renunciaron a su militancia para apoyar al ex candidato a la gubernatura, Jorge Hank Rhon en la pasada elección junto al hijo de ambos, quien también ostentaba un puesto de primer nivel. Tanto Fabela como su hijo fueron destituidos del gobierno.

Aunque no es servidor público, el nuevo dirigente estatal de Morena, César Castro Ponce, está casado con la diputada Alejandra Ang, por lo que de manera constante promueve las actividades de la legisladora mexicalense.

El punto de acuerdo aprobado por el cabildo designa a la regidora Mónica Vázquez como presidenta de la comisión de Participación Ciudadana, mientras que Alejandro Cabrera Acosta fungirá como secretario.

De manera temporal se quedará sin presidencia de la comisión.

La sesión de cabildo en donde también se aplicó una adenda a la Ley de Ingresos

El punto de acuerdo establece que los regidores mencionados “acordaron voluntariamente que de la integración de la Comisión de Participación Ciudadana sean invertidos los cargos de presidente y secretario de la misma”.

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Si bien no mencionaron el vínculo sentimental que existe entre el edil de Morena y la directora de SDIF Municipal, también militante de ese partido, es un tema que es del conocimiento de los regidores, quienes lo ventilaron en privado.

En la misma sesión de cabildo, se realizó una adenda a la Ley de Ingresos 2022 presentada ante el Congreso de Estado para atender una observación, respecto al cobro del impuesto al alumbrado público.

Esto, debido a que no puede aplicarse un cobro diferenciado según el tipo de zona habitacional, sino que debe ser homogéneo, tal como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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